Los colombianos salieron a las calles ante las dinámicas autoritarias del gobierno. La violenta represión y el éxito del paro nacional exhibieron la profunda debilidad del gobierno, así como las fracturas de la derecha y los desafíos del progresismo de cara a las elecciones del 2022.

El presidente Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República el pasado 20 de abril con el que pretendía recaudar unos 8 mil millones de dólares bajo el argumento de enfrentar la crisis sanitaria. La propuesta fue rechazada mayoritariamente por diversos sectores políticos y sociales, provocando una ola de masivas protestas y un paro nacional en todas las ciudades de Colombia desde el 28 de abril. Luego de cinco días de movilizaciones y represión policial, con una veintena de muertes confirmadas, centenares de detenidos y denuncias por violaciones a los derechos humanos, el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto y convocar a un diálogo político.

La propuesta de reforma tributaria fue rechazada desde el primer momento por la mayoría de las bancadas parlamentarias, incluyendo algunos partidos oficialistas y otros que habían dado respaldo y gobernabilidad al presidente, como el Partido Liberal liderado por el expresidente Cesar Gaviria. Era una propuesta con sello de fracaso desde el comienzo. Atendiendo a múltiples intereses, estos sectores políticos y una buena parte de la sociedad civil mostraron su desacuerdo, incluso con la misma idea de imponer más impuestos. Es lógico. El malestar social venía creciendo desde la anterior reforma tributaria de Duque (2019) al compás de las enormes exenciones tributarias otorgadas a los grandes capitales, que se han beneficiado con más de 4 mil millones de dólares al año desde entonces.

El contexto social tampoco es favorable. Los altos índices de pobreza subieron considerablemente: los informes oficiales estiman que la pobreza monetaria afecta al 42,5 por ciento de la población (21,1 millones de personas) y la pobreza extrema monetaria al 15,2 por ciento (7,6 millones de personas). El desempleo, según las cifras oficiales, se ubica en 14,5 por ciento y un 51,2 de los trabajadores se desempeñan en la informalidad. Un panorama al que se suman las serias dificultades para acceder a la vacunación contra el Covid-19. Se han aplicado apenas 5 millones de dosis, pero ni Pfizer ni Sinovac aumentan el ritmo de las entregas, mientras los rebrotes obligan a los cierres parciales de comercios.

Todo esto acontece en un año preelectoral, en el que todas las formaciones políticas empiezan a pensar y actuar de cara a sus electores con mayor cálculo político. Aunque restan diez meses para las elecciones parlamentarias y un año para las presidenciales, el gobierno ya tiene el sol a sus espaldas y no cuenta con suficiente fuerza como para sumar a la totalidad de las facciones de derecha en su agenda de gestión.

Los efectos políticos del retiro de la reforma

El retiro del proyecto es una derrota política y simbólica para el uribismo y para Duque. A un año de las elecciones, el revés ahuyentará a sus aliados en el Congreso, con quienes logró estabilizar su gobernabilidad en 2019. Sin embargo, ninguno de esos sectores se define como oficialistas: el Partido Liberal del expresidente César Gaviria y Cambio Radical de Santos Germán Vargas Lleras. Estos partidos ya están pidiendo a sus cuotas ministeriales retirarse del Gobierno, lo que significaría un escenario de ingobernabilidad al no lograr mayorías legislativas. Gaviria y Vargas Lleras, al rechazar la reforma y desligarse de Duque, pretenden canalizar el descontento social y ponerse una medalla de triunfo pensando en el 2022.

El ministro de Hacienda presentó su renuncia sin que aún haya sido aceptada por el presidente Duque. Se inicia así una negociación entre partidos de la derecha promovida por el uribismo para lograr la gobernabilidad. En ese marco, la oferta de ministerios puede dar lugar a una crisis ministerial que concluya con varios cambios.

La coalición del Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro e Iván Cepeda, salen muy fortalecida. Sus parlamentarios lideraron la oposición a la reforma, y acertaron en su conexión con la ciudadanía y el respaldo al paro nacional. Sin embargo, esto puede ser devenir en un triunfalismo que conduzca a errores, como pensar que el malestar social habla de un cambio estructural.

La población ganó al salir masivamente a demostrar su inconformidad. Lo hizo por un cúmulo de demandas no tramitadas y por la desconexión del gobierno con las mayorías. El gobierno es percibido como una élite. La reforma tributaria sólo terminó de decidir a los grupos moderados, que estaban esperando un diálogo con el gobierno. La movilización seguirá mientras el Duque y el Congreso no den una respuesta social y pacífica.

La juventud ganó. Habló claro y está jugando un papel central en la disputa. En los próximos meses serán el centro de las acciones estatales para criminalizar la voluntad de cambio. El gobierno sabe que existe despolitización y que el miedo disuade. Quizás sea tarde para revertir ese sentido común antiuribista construido en la juventud colombiana. Personas que votaron por Uribe y Duque se declaran hoy antiuribistas, hartas de la corrupción y solidarias con la movilización. Hay una “repolitización” del país.

La situación le dio un fuerte impulso a la izquierda y al progresismo, que tienen la responsabilidad de orientar cómo continúa la disputa. Si se orienta y administra ese descontento se verá reflejado en las elecciones y serán gobierno; si no lo hace bien, la inconformidad podría ser fagocitada por la antipolítica y expresarse como voto en blanco o nulo, y en el “todos son lo mismo”.

El presidente Duque lanzó al Ejército a las calles el sábado primero de mayo. Apenas 24 horas después se vio obligado a retirar la reforma. La gente no se amilanó y las fuerzas militares deben estar calculando para no cargar con el peso de un gobierno tan debilitado. El escenario más probable es que estén pensando en una alternativa propia, que no pasaría por un golpe militar, sino por acuerdo con la derecha no uribista, en sintonía con los Estados Unidos de Joe Biden.

Quedan debilitados los alcaldes de Bogotá, Claudia López, y de Cali, Iván Ospina. Son grandes perdedores porque apoyaron la reforma tributaria y no lograron evitar los abusos de la fuerza pública. Sólo tomaron distancia de Duque contra la militarización cuando el presidente decidió retirar la reforma.

Las movilizaciones sobrepasaron el poder de los medios tradicionales (RCN y el Tiempo, etc.), que desde el comienzo estigmatizaron el llamado a paro. Por otro lado, las redes sociales ganaron, son el centro de interacción, discusión e información (y desinformación).

Dos posibles escenarios

Diálogo de la élite. Duque, al retirar la reforma tributaria llamó al diálogo, pero no está claro si repetirá su libreto de 2019, cuando decidió acordar con Cambio Radical y el Partido Liberal – junto con las cámaras empresariales – y nunca se reunió con los representantes del paro, ni sindicales, ni sociales. Es el escenario más probable. Sin embrago, las fuerzas políticas de la derecha están pensando en las elecciones de 2022 y podrían dejar sin margen al uribismo para gobernar. En ese sentido, las privatizaciones de las pocas empresas estatales que quedan serán la salida para financiar el último año de gobierno.

El otro escenario posible es de diálogo nacional con todos los sectores. Lo que implica reconocer una agenda de demandas más amplias que la tributaria, que incluyen la política de paz y reivindicaciones sectoriales. Es un escenario con baja probabilidad, pero podría ser la salida para descomprimir la rabia y terminar el mandato con el diálogo social como legado.