El lado oscuro de los juicios de Núremberg

Los fracasos en la persecución y condena de los grandes empresarios alemanes que se beneficiaron con la construcción de la maquinaria de guerra nazi y la mano de obra esclava muestran lo lejos que estaba dispuesto a llegar Occidente en la tarea de hacer justicia. La salvación de un capitalismo sano y victorioso y la Guerra Fría, son parte de la clave.

El 14 de abril de 1945, mientras un grupo de soldados estadounidenses lo conducía por la carretera en el pueblo de Wittbräucke, el magnate alemán del acero Albert Vögler mordió una ampolla de cianuro oculta, se derrumbó contra un vehículo blindado y murió casi instantáneamente. “Estoy listo para participar en la reconstrucción de Alemania”, le había dicho a su colega industrial Friedrich Flick a principios de ese año. “Pero nunca dejaré que me arresten”. En todo el país, los hombres de negocios estaban haciendo lo mismo: solo Siemens vio a cinco de los miembros de su directorio suicidarse mientras el Ejército Rojo avanzaba por las calles de Berlín y tomaba su fábrica.

Aquellos industriales que permanecían detrás de escena, triturando documentos y destrozando retratos de Hitler puestos en sus paredes, pronto se verían en la lista de candidatos por crímenes de guerra en los juicios de Núremberg. Se trataba de ejecutivos de Krupp, IG Farben, Daimler-Benz, Volkswagen, y cualquiera cuya compañía hubiera fundido acero para tanques o purificado aluminio para cañones de pistolas, o formulado el caucho sintético y la gasolina necesaria para neumáticos y motores, o que se dedicaran a la construcción de aviones y submarinos y tableros de circuitos para los cohetes V-2 y manufacturado el gas nervioso Zyklon B.

Se habían apoderado de propiedades de judíos y engullido negocios por unas pocas monedas, gracias a los que huyeron de la persecución nazi. Hicieron contratos con el gobierno alemán para explotar el trabajo de los internados en los campos de concentración y emplazaron fábricas con el objeto específico de beneficiarse con esa fuerza de trabajo de libre disposición. Habían planeado, se habían beneficiado, y por encima de todo hicieron posible la máquina de guerra nazi y los genocidios.

Lo que la Historia pasó por alto

Este año marca el 75° aniversario de la conclusión del más famoso de los juicios de Núremberg, el Tribunal Militar Internacional, que comenzó en noviembre de 1945. El tribunal, que sentenció a Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop y otros destacados militares y figuras políticas del nazismo, ha dominado nuestra memoria de los juicios de Nuremberg, fue solo el primer episodio de una serie de procesos penales contra médicos, administradores, juristas y otros, incluidos empresarios privados, cuyo procesamiento fue visto por muchos en ese momento como esencial para a la vez hacer justicia y establecer una paz duradera.

Los Juicios de los Industriales se han convertido, en palabras del historiador S. Jonathan Wiesen, “sin duda alguna, en uno de los aspectos más pasados ​​por alto de la historia empresarial alemana de posguerra”. Cuando los fiscales presentaron estos casos ante los jueces, les pedían que consideraran, implícita y explícitamente, la conexión entre el capitalismo y la guerra, y dónde, o incluso si era posible, trazar una línea entre la búsqueda legítima de ganancias y la codicia inmoral. Las conclusiones a las que llegaron estos jueces darían forma no solo al futuro del derecho internacional sino al arco de la reconstrucción de la posguerra de Europa Occidental en su conjunto.

La alianza de hierro

Los vínculos entre el mundo de las grandes empresas y los nazis eran amplios: más del 50 por ciento de las empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Berlín en 1932 tenían vínculos importantes con el Partido Nazi, y experimentaron un auge en el valor de las acciones después de que Hitler tomó el poder el año siguiente. Los líderes corporativos no tardaron en darse cuenta de los beneficios que sus empresas podían obtener de la agresión alemana. En 1933, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, cuya metalúrgica produciría de todo, desde Panzers hasta cañones antiaéreos durante la guerra, presentó a Hitler un plan para la reorganización completa de la industria alemana “guiado por la idea de ponerlo de acuerdo con los objetivos políticos del Gobierno del Reich”. El gigante del acero Hermann Röchling. Envalentonó a Hitler para invadir los Balcanes y aprovechó sus vínculos con el régimen para elegir qué fábricas y minas tomaría su empresa en territorio ocupado. Estos mismos lugares de producción fueron luego vigilados por oficiales de las SS y dotados de trabajadores forzados sobre cuyas cabezas pendía la constante amenaza de encarcelamiento en un campo de trabajo dirigido por la empresa en Etzenhofen. Por lo tanto, la idea de que el imperialismo económico había jugado un papel importante en la agresión de Alemania fue generalizada, no solo entre los pensadores soviéticos, sino también entre los aliados occidentales.

Como tales, los administradores de las zonas ocupadas vieron el desmantelamiento de los poderosos cárteles comerciales de Alemania, particularmente en el ámbito del hierro y el acero, como crucial para asegurar que el país nunca más pudiera hacer la guerra. “No podemos salir de Alemania con seguridad hasta que la propiedad real de importantes propiedades comerciales se haya transferido a no nazis”, escribió RM Havens, un especialista económico destacado en el sector estadounidense. Los gerentes fueron detenidos, sus acciones en tiempos de guerra fueron analizadas; en las fábricas que no habían sido bombardeadas por completo, se incautaron y destruyeron o requisaron cantidades de maquinaria industrial. En un discurso del otoño de 1945, el general Dwight D. Eisenhower pidió que se disolviera el masivo conglomerado químico IG Farben, se destruyeran sus fábricas de material de guerra, se utilizaran sus activos como reparaciones y se controlara estrictamente el alcance de su investigación futura. Farben, argumentó, “debe disolverse por completo como un medio para asegurar la paz mundial”.

Pero cómo, si nos portamos admirablemente

Frente a las acusaciones de crímenes de guerra, los líderes corporativos no se disculparon. Los gerentes de Siemens, por ejemplo, argumentaron en su defensa que su empresa había abordado admirablemente la “cuestión judía”, haciendo uso de la terminología nazi incluso cuando afirmaban su total falta de antisemitismo. Otras devoluciones retóricas de este tipo al gobierno fascista fueron claramente deliberadas, como cuando el industrial del valle del Ruhr, Hermann Reusch, comparó airadamente la política de los aliados de rupturas de cárteles con la arianización (mediante la cual los dueños de negocios judíos se vieron obligados a entregar sus propiedades a los no judíos). Un memorando interno de la empresa en el fabricante GHH registra a un funcionario que afirma que los sindicatos de la posguerra estaban “preparando el camino para una solución final ruso/comunista”. Tanto en declaraciones públicas como privadas, los empresarios alemanes se negaron categóricamente a reconocer su propia complicidad en los crímenes y, en cambio, se presentaron como víctimas indefensas de la persecución anticapitalista, equivalente en crueldad e insensatez al Holocausto.

Con el espectro de los enjuiciamientos que se avecinaban, las empresas se encargaron de montar una defensa, publicando historias corporativas y biografías de los fundadores limpiadas de manera visible de detalles incriminatorios e imbuidas de un profundo sentido de victimización. Siemens, que había obligado a los presos de Auschwitz a fabricar componentes de aviones, se jactó de haber recibido una serie de cartas de agradecimiento de sus antiguos trabajadores esclavos, quienes, según ellos, estaban bien alimentados y tenían la oportunidad de visitar teatros y museos. Cuando los Aliados anunciaron planes para despojar a Henkel del equipo que consideraban excesivo, el fabricante de productos químicos bombardeó tanto a los funcionarios británicos como al público en general con panfletos con títulos como “¡Muertos por suciedad!”, advirtiendo que la escasez de jabón engendrada por tal medida causaría muertes masivas por enfermedades. Este tipo de esfuerzos transparentes de relaciones públicas generalmente resultaron ineficaces, pero una fuerza mucho más grande pronto inclinaría las cosas drásticamente a favor de los especuladores de la guerra alemanes que ahora enfrentaban sus días en los tribunales: el inicio de la Guerra Fría.

Con los comunistas, no

Después del Tribunal Militar Internacional, presidido por las cuatro potencias aliadas, el plan originalmente había sido celebrar un segundo juicio cuatripartito que se centraría exclusivamente en los industriales que habían colaborado con el Tercer Reich. Pero la insatisfacción con esta idea aumentó gradualmente, particularmente entre los funcionarios del gobierno británico que estaban recelosos tanto del costo como de la aplicación de la ley ex post facto. (Winston Churchill, por su parte, favoreció la «disposición política» de los acusados, un eufemismo para la ejecución sin juicio). Como trasfondo, mientras tanto, aumentaban las tensiones entre la URSS y Estados Unidos, lo que llevó a la preocupación de que un juicio colaborativo podría convertirse en “una disputa entre las ideologías capitalista y comunista” que “los rusos podrían explotar. . . para discutir irrelevancias”. Robert Jackson, que se tomaba un tiempo libre en el tribunal de la Corte Suprema para servir en el equipo legal estadounidense en Núremberg, expresó su disgusto por la idea de trabajar con “los comunistas soviéticos y los izquierdistas franceses” en un juicio contra los industriales.

A medida que se desvanecía la perspectiva de otro esfuerzo judicial internacional, se decidió que todos los demás casos de crímenes de guerra, incluidos los de industriales, se dividirían entre las potencias ocupantes y se llevarían a cabo por separado. Este cambio a los llamados “juicios zonales” dejó a los gobiernos aliados en libertad de tratar con los acusados ​​en su sector como mejor les pareciera, lo que incluía la capacidad, si lo deseaban, de no hacer nada. Los británicos rápidamente retiraron casi todas las demandas contra los industriales; Estados Unidos redujo su lista de posibles acusados ​​a más de la mitad. Lo que podría haber sido una amplia investigación legal sobre las acciones de la industria alemana en tiempos de guerra se redujo a un puñado de enjuiciamientos dirigidos solo a aquellos especuladores cuyos delitos eran más atroces y más fáciles de probar en un tribunal de justicia.

Una de las razones de esta dramática reducción del alcance fue la geoestratégica. Con el aumento de las tensiones de la Guerra Fría, la capacidad industrial de Alemania se transformó repentinamente de un pasivo peligroso a un activo potente. Al observar la línea divisoria que ahora se abría paso a través del continente, los estadounidenses comenzaron a ver a Alemania como un baluarte contra la expansión del comunismo en Europa. Pero para que el país prosperara, tuvo que reconstruir las capacidades de fabricación perdidas durante la guerra. En un movimiento paralelo, los estadounidenses descartaron cualquier plan para enjuiciar a los jefes corporativos en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio en un intento por asegurarse de que Japón emergería de la guerra como un estado firmemente capitalista. La fricción entre las potencias ocupantes no pasó desapercibida para los industriales alemanes, que aprovecharon la oportunidad para combinar sus propios problemas legales con los de la nación en su conjunto.

En 1947, el equipo legal de Estados Unidos en Alemania se había centrado en las acciones de solo tres empresas: IG Farben, Krupp y Flick KG. Sin embargo, mientras estos abogados se preparaban para ir a los tribunales, se enfrentaron con la resistencia de ciertos sectores de su país. Las investigaciones de Jackson y sus colegas se topaban con un hecho muy incómodo: varias empresas estadounidenses, sobre todo Standard Oil, Dow Chemical, DuPont y General Electric, tenían tratos importantes precisamente con las empresas cuyos jefes ahora estaban afrontando juicios. Standard Oil había compartido información sobre su propia investigación de caucho sintético con Farben, mientras bloqueaba la producción estadounidense del mismo. Un acuerdo entre General Electric y Krupp relacionado con el carburo de tungsteno, un agente endurecedor de metales crucial en la fabricación de máquinas herramienta y municiones perforantes, dividió los mercados mundiales entre las dos empresas y les permitió inflar enormemente los precios. La administración Truman, favorable a los negocios, estaba tan preocupada por la reacción del sector privado a estos juicios industriales que el gobierno intentó obligar a Josiah DuBois, abogado principal en el caso Farben, a acabar con la “guerra agresiva” en la lista de cargos. DuBois resistió esta presión, pero cuando se dictaron las decisiones, quedaría claro que los propios jueces habían sido influenciados por las mismas corrientes políticas que habían reducido tan drásticamente el alcance de los juicios mismos.

Simples ladrones de gallinas

Las sentencias recibidas por el puñado de empresarios que finalmente llegaron a juicio en la zona estadounidense fueron, en las amargas palabras de DuBois, “lo suficientemente ligeras como para complacer a un ladrón de gallinas”. En el juicio de Farben, diez de los acusados ​​fueron declarados inocentes de todos los cargos, mientras que la sentencia máxima recibida por los catorce restantes fue de ocho años cumplidos. La mitad de los seis acusados ​​de Flick también fueron absueltos, y el juez que presidía el juicio de Krupp desestimó todos los cargos por delitos contra la paz, argumentando que era simplemente un deber de la junta directiva de la empresa buscar ganancias. Al inicio de los juicios, la fiscalía había “aspirado a nada menos que acusar a todo el estado nazi y analizar su funcionamiento”. Ahora los actos delictivos de los acusados ​​fueron analizados como la forma en que cada uno hacía negocios.

Lo que podría haber sido una amplia investigación legal sobre las acciones de la industria alemana en tiempos de guerra se redujo a un puñado de enjuiciamientos dirigidos solo a aquellos especuladores cuyos delitos se probaron con mayor facilidad.

Los documentos del juicio contienen declaraciones sorprendentemente crédulas. En un pasaje de la discusión de Farben sobre la explotación sistemática y a gran escala del trabajo esclavo por parte de la empresa, por ejemplo, el fallo señala que la empresa “voluntariamente y por cuenta propia proporcionó sopa caliente para los trabajadores al mediodía”. Quizás el aspecto más llamativo de las sentencias es la aceptación en muchos casos de presiones desde arriba como defensa legal, que cualquiera que esté familiarizado con las sentencias del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg reconocerá como una revocación completa del rechazo de ese tribunal al argumento de que “Solo cumplí órdenes”. Considerando las donaciones anuales de Flick de 100.000 Reichsmarks al líder de las SS Heinrich Himmler, dinero que Flick dijo que creía que tenía el propósito de apoyar los “pasatiempos culturales” de Himmler, el tribunal declaró que la presión tácita para donar debía considerarse un factor atenuante.

Just business

Muchas de las afirmaciones de los industriales de que el estado los había obligado a cometer crímenes contra la humanidad eran simplemente falsas. Como señala la única opinión disidente en el caso Farben, en ningún momento durante la guerra el gobierno alemán ordenó que las fábricas utilizaran mano de obra esclava o cometieran los tipos de abusos a los que eran sometidos los trabajadores forzosos. Las afirmaciones de los ejecutivos de que el trabajo forzoso era necesario para que la empresa cumpliera con las cuotas de producción oculta el hecho de que Farben tenía margen para establecer sus propias cuotas, que en cualquier caso a menudo superaron. No es difícil detectar el nudo de contradicciones en el corazón de la defensa de los industriales. Afirmaron que los negocios eran fundamentalmente apolíticos, pero también dijeron que era su deber patriótico actuar en alianza con los objetivos nacionales. Dijeron que estaban aterrorizados por las consecuencias mortales del incumplimiento, pero también protestaron porque no tenían conocimiento del alcance del terror nazi en el momento en que comenzó a implicarlos. La voluntad de la mayoría de mirar más allá de estas inconsistencias y aceptar las acciones de los industriales como una mera parte de los negocios llevó consigo, en palabras de DuBois, “la clara implicación de que cualquier sociedad podría estar llena de tales hombres, no importa el peligro que eso conlleve para la paz en el mundo”.

La afirmación de DuBois insinúa un cierto conservadurismo que acecha en el corazón incluso de los argumentos más ambiciosos presentados por los fiscales. Cuando se burló de la idea de que “tales hombres” pudieran existir en una sociedad pacífica, se apoyaba en la reconfortante pero peligrosa idea de que los hombres de negocios acusados eran criaturas aberrantes y excepcionales. De hecho, por supuesto, la violencia corporativa ocurre todos los días, motivada por el mismo impulso de ganancias que llevó a Farben a administrar su propio subcampo de Auschwitz para reducir los costos laborales. El historiador Kim Christian Priemel ha observado que los industriales de Núremberg no vieron que su autoidentificación como “hombres de negocios ordinarios que no podían encontrar ningún defecto en haber realizado negocios ordinarios en circunstancias extraordinarias era parte del problema, no de la solución”. El corolario de esto es que interpretar a estos hombres y su conducta como extraordinarios es, a su manera, también parte del problema.

A su regreso de Núremberg, varios miembros del equipo legal de Estados Unidos fueron sospechados por el senador Joseph McCarthy de albergar simpatías comunistas debido a su trabajo en la persecución de líderes empresariales. McCarthy no tenía por qué preocuparse.

Incluso en las etapas iniciales y más ambiciosas de los enjuiciamientos industriales, los aliados occidentales en Nuremberg nunca tuvieron la intención de lanzar una crítica sistemática del orden económico. De la misma manera que el New Deal apuntaba a crear una forma de capitalismo más amable y estable en la forma del Estado de Bienestar, el objetivo final de los estadounidenses en Núremberg no era atacar a las grandes empresas en general, sino más bien delinear lo que era y no era una forma aceptable de gran negocio. La fiscalía aseguró al tribunal que no había nada de malo en el comercio de armas en sí, y la crítica estructural de la industria alemana se centró en los cárteles, que muchos economistas estadounidenses en ese momento pensaban que estaban intrínsecamente vinculados al antiliberalismo. De esta manera, la fiscalía buscaba castigar a los industriales alemanes por hacer mal el capitalismo, un esfuerzo que, esperaban, conduciría en última instancia a un mercado libre revitalizado tanto en Alemania como en los propios Estados Unidos.

“Desde esta perspectiva”, escribe el jurista marxista Grietje Baars, “Núremberg no fue un fracaso. Más bien, al producirse una justicia del capitalismo vencedor, jugó un papel importante en este proceso de consolidar aún más el capitalismo e institucionalizar el derecho internacional”. El cuerpo de derecho penal internacional que se ha desarrollado a raíz de Núremberg excluye en gran medida a las corporaciones, por no hablar de los ejecutivos individuales que las componen, del escrutinio social.

Baars es muy escéptico ante los llamamientos bien intencionados para responsabilizar a las empresas por sus acciones mediante la aplicación del derecho internacional, y sostiene que el pecado original de tal posición radica en aceptar la validez del poder empresarial en primer lugar. La respuesta al problema de la impunidad empresarial, según esta interpretación, no es la expansión de los aparatos legales con la esperanza de circunscribir el accionar de las empresas, sino la tarea de desafiar al capitalismo mismo. Hoy en día, muchas de las empresas investigadas en Núremberg han vuelto a ocupar un lugar destacado en el mundo empresarial. Tanto en Alemania como en todo el mundo, queda mucho trabajo por hacer.

La autora es periodista, escritora, editora e historiadora del Arte.

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