El cortocircuito superó los límites del gabinete presidencial. No es raro. Las tarifas de los servicios públicos no solo son una parte relevante del gasto de los hogares. También impactan en la producción, la logística y la comercialización del entramado productivo. Su discusión debería darse en el marco de un debate sobre el proyecto de país que se pretende. Lo que está en juego: el rumbo de la política económica.
La generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica por parte de empresas privadas lleva ya casi tres décadas y, más allá de las idas y vueltas de las políticas oficiales, exhibe una constante: un pequeño grupo de grandes compañías beneficiadas. Un negocio con clientes cautivos.
Para entender el tema de los subsidios y el entramado del sector hay que remontarse a 1992, cuando después de la privatización del sistema se creó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa). La empresa, cuyo principal accionista es el Estado nacional, establece quién vende, cuándo y a qué precio. Además, interviene en las importaciones de gasoil y fueloil para reemplazar el gas en la generación térmica de la electricidad. Todo ello con subsidios que el Estado fija en el presupuesto anual.
Otro aspecto a considerar es la fuente de generación. La principal es de origen térmico; es decir: la que se produce con carbón, petróleo o gas natural. Explica prácticamente el 60 por ciento del total. Le sigue la energía hidráulica con el 23 por ciento, generada principalmente por las represas Yaciretá, Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón Cerros Colorado, Futaleufú y Alicurá, entre otras menores. Un renglón más abajo aparecen las fuentes renovables y la nuclear; además de las importaciones de energía desde Uruguay.
¿Qué dice el Presupuesto 2021? Que los subsidios para el sector de la energía eléctrica alcanzarán este este año un total de 4 mil 848 millones de dólares. Un aumento del 5 por ciento con respecto a lo destinado durante 2020. Del total, 4 mil 781 millones corresponden, en principio, a los fondos que necesitará Cammesa para cancelar sus deudas.
No es extraño. Las tarifas de los servicios públicos son una parte relevante no solo del gasto de las familias. También constituyen un rubro central en los costos de producción, logística y comercialización del entramado productivo. El precio de la energía recorre toda la economía y su discusión debe darse en el marco de un debate sobre el proyecto de país que se pretende construir a mediano y largo plazo. Es por ese motivo que del presupuesto nacional se detraen las partidas para subsidiar la generación, el transporte y la distribución.
Los ganadores de siempre
En el caso de la electricidad, el transporte de alta tensión está a cargo de grandes empresas privadas. La principal es Transener S.A. La concesionaria que opera y mantiene en forma directa el 85 por ciento de la red de alta tensión y supervisa el 15 por ciento restante en todo el territorio nacional. Su principal accionista es Pampa Energía, el grupo societario que preside Marcelo Mindlin y que tiene entre sus directores al multimillonario estadounidense Joe Lewis, un grupo en el que también participa Larry Fink, a través del fondo de inversión Black Rock.
Lo de Mindlin merece un párrafo especial. No solo es referente y operador del entramado energético. También es dueño de Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico, la firma continuadora de Iecsa que integraba el grupo Macri y que Franco Macri “vendió” a su sobrino Ángelo Calcaterra y este, a su vez, a Mindlin a comienzos de 2017, justo cuando avanzaba la investigación por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra en la que Iecsa actuaba asociada al grupo Odebrecht de Brasil.
En el plano de las distribuidoras, las operadoras más relevantes por la cantidad de clientes y nivel de facturación son Edenor y Edesur. Los principales accionistas de la primera eran Black Rock y el grupo Mindlin hasta diciembre de 2020, cuando aparecieron comprando en partes iguales Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. Adquirieron el 51 por ciento del paquete accionario. Una operación opaca que incluyó un primer pago de 55 millones de dólares para tomar el control de la firma y el compromiso de otro pago por 40 millones que debería concretarse este año.
Los montos sorprendieron al mercado por lo bajo. Se trata de la distribuidora más grande del país. Edenor tiene cerca de 3 millones de clientes. Tan llamativo como la cláusula que establece que el comprador desembolsará “un pago contingente en caso de cambio de control de la compradora o de Edenor durante el primer año luego del cierre de la transacción o mientras se mantenga adeudado el saldo de precio por el 50% de la ganancia generada”.
En Edesur el principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica, la empresa estatal italiana que administra la energía en su país y que tiene como socios minoritarios en el nuestro a la española Endesa y la chilena Edesur. El cuadro principal de la distribuidoras lo completan Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap, esta última presidida por Rogelio Pagano, un ex socio menor de Mindlin.
Se trata en todos los casos de empresas que fueron generosamente beneficiadas por los aumentos tarifarios que dispuso Mauricio Macri durante los cuatro años de su gobierno. En es lapso, el precio de la energía eléctrica fue el que más se encareció. Se incrementó un 764,9 por ciento; por encima del 664 y 679 por ciento que registraron en el mismo plazo la inflación y la devaluación del dólar en el mercado oficial, respectivamente.
El plan que (por ahora) no fue
El subsecretario de Energía, Federico Basualdo, presentó un plan de segmentación para ajustar la tarifa de la luz. Martín Guzmán lo rechazó. El plan explicitaba su objetivo: “(…) asegurar que los futuros incrementos nominales de las tarifas eléctricas no repercutan en forma desfavorable sobre los sectores más vulnerables de la población y aquellos que más se han visto afectados por la crisis económica generada por el macrismo y la pandemia”. Clarísimo.
Para concretarlo proponía identificar a los usuarios con capacidad de pagar el costo pleno de la energía antes de proceder a la quita o reducción de los subsidios, para liberar luego los recursos requeridos para sostener el apoyo a los usuarios que más lo necesitan, invertir en obras eléctricas y/o redireccionar el gasto público. El documento establecía dos líneas de trabajo: la segmentación por polígonos geográficos y por nivel de ingresos/patrimonio sobre la base de los datos con que cuentan los organismos públicos como la Afip, la Anses y los ministerios de Economía de la Nación y las provincias.
El primer paso se había tomado en marzo pasado. Fue con la Resolución 204 de la Secretaría de Energía que definió una quita del ciento por ciento a partir de abril último en los subsidios al precio que pagan los usuarios industriales de gran demanda. Sin embargo, las resoluciones 106 y 107 adoptadas el 30 de abril pasado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) dieron por tierra con el proceso de segmentación. Al menos por ahora. Con la firma de su interventora, María Soledad Manin, el Enre resolvió un incremento general del 9 por ciento de la tarifa promedio para los usuarios de Edenor y Edesur.
En el ínterin, lo que salió a luz: la fuerte discusión entre Guzmán y Basualdo. El primero pretende concederles a las empresas un aumento muy superior – del orden del 30 por ciento en el año – para asegurarles un mayor margen de ganancia y, al mismo tiempo, conseguir que las erogaciones por subsidios sean iguales o inferiores a lo programado en el presupuesto; y no mayores, según lo indican las actuales proyecciones.
El contraste es notable. Mientras presiona por un aumento mayor de las tarifas y en su afán por cumplir con la reducción del déficit fiscal acordado de palabra con el FMI, Guzmán no dudó en reducir durante el primer trimestre de este año casi un 11 por ciento el gasto en salarios, en un 17,3 por ciento el de las pensiones no contributivas y en un 6,2 por ciento el que corresponde a las jubilaciones y pensiones contributivas. Incluso cuando el haber medio de los 6 millones y medio de beneficiarios del sistema previsional se ubica apenas en 32 mil 200 pesos al mes.
Detrás de la austeridad oficial y de las exigencias del Fondo Monetario Internacional están Estados Unidos y Blackrock. El aumento de las tarifas es parte central de sus reclamos. A menos subsidios e inversión pública, más capacidad de repago. Guzmán y el gobierno deben entender la necesidad de suspender las negociaciones con el organismo. La pandemia, la caída del 9,9 por ciento del PIB durante 2020 – el mayor descenso que se tenga registro – y el 42 por ciento de la población bajo la línea de pobreza son razones más que suficientes.
La deuda no se contrajo para satisfacer las necesidades del pueblo ni del país, sino para enriquecer a un pequeño conjunto de empresas y personas que fugaron capitales. Un proceso que el préstamo del FMI financió y consintió. No es casualidad. El círculo se cierra. Entre los fugares que lideraron los registros del BCRA durante los años de Cambiemos figuran Telefónica Argentina, con 1.248 millones de dólares, y Pampa Energía, con casi 904 millones. En ambas empresas participa Blackrock. El gobierno no puede ni debe exigirle a los hogares vulnerables y a las pymes que garanticen los beneficios del capital que está detrás de las grandes transportadoras y distribuidoras de energía eléctrica.
