El aumento de la pobreza en 2018 fue similar al verificado en la previa al estallido de la convertibilidad. Las cifras del Indec, sin embargo, no permiten visualizar la magnitud de un derrumbe que presagia un nuevo y creciente nivel estructural de empobrecimiento. Un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas pone blanco sobre negro. Aquí, los datos.
El deterioro social ocurrido durante 2018 es asimilable al período previo a la crisis de 2001. En la antesala del estallido de la convertibilidad, entre octubre de 2000 y el mismo mes de 2001, la pobreza pasó del 28,9 a 38,3 por ciento. Un incremento similar al registrado en el último año”, advierte el trabajo Aumento de la pobreza y derrumbe social elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). La investigación, coordinada por Claudio Lozano y Ana Rameri, traza una cartografía de la pobreza y la indigencia en el país actualizada sobre la base de tasas trimestrales propias que respetan los criterios metodológicos del nuevo Indec.
“Lo que sorprende al comparar el reciente salto de la pobreza con otros ocurridos en el pasado es la sobrereacción que adquiere la tendencia”, subraya el informe. La historia es conocida, pero vale la pena echarle un vistazo. La crisis de 1989/90, que obedeció a la puja intersectorial entre quienes propiciaban la receta neoliberal y la patria contratista, se resolvió con la hiperinflación y la entrega anticipada del poder. Su correlato: tasa de pobreza saltó del 32,3 al 47,3 por ciento. Un suba de 15 puntos porcentuales.
El análisis, al recorrer la evolución histórica del indicador, destaca que el nuevo golpe distributivo, aunque de menor intensidad, llegó en el ’95, con la crisis internacional que significó, en especial para la América latina, el “efecto tequila”. En nuestro país, el cimbronazo disparó la pobreza al 46,8 por ciento. En esa ocasión, el incremento fue de casi 9 puntos porcentuales.
“El pico, sin embargo, lo provocó la salida de la convertibilidad. La implosión del régimen duplicó la pobreza y disparó la tasa de indigencia un 250 por ciento. Una crisis asociada al desacuerdo entre los proyectos que enfrentaron a los integrantes del establishment desde la segunda parte de los ´90”, puntualiza el documento en referencia a la dolarización -reclamada por los acreedores, el sector financiero y los dueños de las privatizadas- y la devaluación impulsada por los grupos locales y algunos conglomerados extranjeros volcados al comercio exterior.
Lozano y Rameri señalan que tanto con la hiperinflación, como con las crisis del Tequila y de la convertibilidad, el reordenamiento de los esquemas de acumulación y de los modelos de negocios se solucionó descargando los efectos negativos sobre los sectores populares. Los autores advierten que hoy, pese a la consenso aparente dentro del establishment sobre el rumbo económico encarnado por Cambiemos, “la inestabilidad macroeconómica, o más específicamente la disputa por los dólares en el marco de una nueva e inminente crisis de la deuda, parece no poder resolverse sin un nuevo desplazamiento social de relevancia”.
La consecuencia de las corridas cambiarias de 2018 es contundente: en términos sociales, el peor año de la última década. “La pobreza y la indigencia subieron de manera significativa y similar a lo sucedido a mediados de los ´90, bordeando incluso las peores magnitudes de empobrecimiento de la historia. Y si bien el hundimiento de las condiciones de vida no alcanzó la gravedad que asumió durante la salida de convertibilidad, quedó a menos de 5 puntos porcentuales de los efectos de la hiperinflación”, remarca el trabajo.
La escalera de la pobreza
Si bien las tasas de pobreza e indigencia suelen mostrar una gran volatilidad en la medición por ingresos, y suelen bajar cuando se resuelven las coyunturas inflacionarias, no menos cierto es que esos saltos terminan por consolidar niveles crecientes en el largo plazo. “La trayectoria de la pobreza por ingresos describe una dinámica sinuosa de ascenso: la escalera de la pobreza”, grafican los autores.
Luego de que la pobreza alcanzara un pico del 47,3 por ciento y la indigencia del 16,5 hacia fines de los ´80, la estabilización de los primeros años de los ´90 dejó la tasa pobreza en un promedio del 22,5 por ciento. Con el “efecto tequila”, creció al 27,9 por ciento para descender levemente en los años siguientes, pero ubicándose siempre en un nivel superior al verificado antes de la crisis mexicana. Esto hasta que el indicador saltó al 54 por ciento en 2001/2002.
“A partir de allí siguió un extenso período de estabilización en un contexto donde el cambio de régimen, impulsado en parte por un contexto extraordinario para los precios de los commodities, permitió sostener un alto crecimiento económico hasta 2008”, recuerda el trabajo.
¿Qué ocurrió a partir de ese año? Dilucidarlo es trabajoso. ¿La razón? Los indicadores del Indec, que hasta 2015 quedaron distorsionados por la manipulación de los índices de precios y desde ese año a la actualidad por el cambio metodológico para la medición de la línea de pobreza, dificultan las comparaciones.
Para solucionar el problema, el equipo del IPyPP elaboró tasas trimestrales propias desde 2006 en adelante respetando los criterios metodológicos del nuevo INDEC, y sin eludir los efectos de la sobreestimación de ingresos de las bases del 2007 al 2015.
El resultado señala que durante esos cinco años, la pobreza es estabilizó en torno al 31,8 por ciento y que la indigencia cayó por el efecto de la Asignación Universal por Hijo. “El reciente salto al 36 por ciento en tan sólo un año sale del escenario de quietud hasta ahora verificado y parece inaugurar una nueva escala o estadio en los niveles de empobrecimiento del país”, concluye el trabajo.
Los territorios más pobres
El equipo del IPyPP se propuso, además, “abrir la caja compacta de la pobreza” para indagar en su distribución territorial. En otras palabras: discernir cuáles son las zonas más afectadas en materia de ingresos y calidad de vida. “Aunque es claro que las cifras oficiales reflejan el derrumbe social provocado por Cambiemos, al tratarse de valores semestrales no resulta sencillo evidenciar el recrudecimiento del problema observado mayormente en el último trimestre del año”, advierte el informe.
Para sortear la dificultad, los autores estimaron la pobreza e indigencia a nivel trimestral mediante las bases de datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Para hacerlo calcularon los índices provinciales al 4to trimestre 2018 a partir de la información proporcionada por el 2do semestre de 2018 y los datos del 3er trimestre del mismo año.
La conclusión, en términos generales, señala que “la pobreza encubre una cartografía heterogénea” y que si bien se trata “de un problema con presencia en todo el territorio nacional, la intensidad varía según las dinámicas locales” y que su grado de concentración territorial “responde a localizaciones demográficas generales”.
El informe, entonces, reclasificó las regiones y los aglomerados urbanos en tres grandes conjuntos: las jurisdicciones más pobres; las que concentran grandes contingentes de pobreza; y las que sufrieron un mayor empobrecimiento durante 2018.
El resultado consigna que a fines del año pasado, las áreas geográficas más pobres eran Corrientes, Concordia y el Gran Resistencia, con tasas de pobreza del 57,9, 48,3 y 45,7 por ciento, respectivamente. La siguiente región que exhibió niveles de pobreza superiores a la media nacional fue el NOA, cuyo promedio del 38,4 por ciento se explica por las acuciantes condiciones de vida de la población de Salta (45,3%) y Catamarca (40,7%).
“Ciertamente el norte es la zona más desfavorecida en términos distributivos. Sin embargo, aquí surge una de las contradicciones más flagrantes: el aglomerado de partidos del Gran Buenos Aires, a pesar de localizarse en una de las regiones más productivas del país, es la quinta área más pobre del país con el 40,9 por ciento de su población bajo la línea de pobreza”, destacan los autores.
Territorios del hambre
Con relación a la pobreza extrema, caracterizada como indigencia, el NEA aparece como la región donde la situación es más grave. En Corrientes y Chaco, el hambre afectaba en diciembre del año pasado al 16,4 y 11,3 por ciento de la población, respectivamente. La indigencia, sin embargo, también golpeaba con violencia a tres aglomerados urbanos de mucho peso en términos demográficos: Córdoba (9,7%), el GBA (9,4%) y Mar del Plata (8,8%).
“Tanto en la región Pampeana y el GBA, que en términos de pobreza estaban en línea o por debajo de la media nacional, la indigencia se ubicó por encima –señala el documento-, demostrando la especial incidencia del hambre en las regiones más productivas y fértiles”.
Sin embargo, el contraste más brutal surge al comparar la Ciudad de Buenos Aires con el resto del país. En el distrito porteño, la pobreza y la indigencia se ubicaron el cuarto trimestre de 2018 en el 13,2 y 2,1 por ciento, respectivamente, cuando en el resto del país eran del 38,6 y del 8 por ciento.
(Va cuadro 4. Epi: Tasas de indigencia. 4to trimestre 2018. Según aglomerados urbanos.)
A pesar del grave empobrecimiento que padecen el NEA y el NOA, el Gran Buenos Aires y los grandes aglomerados urbanos de la región Pampeana concentran el 75 por ciento de la población pobre -53,5% en el GBA y 21,5% en la Pampeana-. Un dato que responde a la densidad demográfica del área.
La intensidad del deterioro
En tan sólo un año, la situación social exhibió un derrumbe con pocos precedentes. Entre fines de 2017 y fines de 2018, las tasas de pobreza e indigencia, que se ubicaban a nivel nacional en 26,3 y 4,5 por ciento, se elevaron al 35,9 y 7,4 por ciento, respectivamente. Un aumento de 9,6 puntos porcentuales en el caso de la primera y de 3 puntos en la segunda. Una variación anual del 36,5 por ciento en el primer caso -4,4 millones más de personas pobres- y del 66,3 por ciento en el segundo (1,3 millones más de indigentes-.
El panorama pinta desolador desde donde se lo mire. En la actualidad, de los 31 aglomerados urbanos que mide el Indec, 19 registran deterioros sociales que superan el promedio nacional (+36,5%). Un deterioro que cobró especial intensidad en el Gran Rosario (+119% la pobreza y +112% la indigencia); Bahía Blanca (+108% y +400% la indigencia); y en el Gran Paraná (+97,1% la pobreza y +88,5% la indigencia).
Sin embargo, las regiones que exhibieron un empobrecieron más veloz que la media nacional fueron el NOA -con un aumento del 50 por ciento- y la Patagonia -donde la tasa se incrementó un 46 por ciento-. En Cuyo, donde la pobreza trepó un 41 por ciento y la indigencia se duplicó, las provincias más perjudicadas fueron San Luis y San Juan, que cuadriplicaron la indigencia. En la región Pampeana, la pobreza subió un 40,2 por ciento y el hambre se duplicó.
Los vulnerables
El análisis avanza también en una posible estratificación social basada en la capacidad económica de los hogares, lo que permite dividir a la población en tres grandes grupos: la población pobre según los criterios oficiales; un segmento vulnerable que sin estar técnicamente en situación de pobreza reúne ingresos familiares que superan la línea de pobreza en apenas un 25 por ciento; y el resto, que incorpora a los hogares que van desde una posición un poco más holgada hasta los que registran una significativa capacidad económica.
“Esta construcción metodológica revela que los límites de la población en riesgo social se amplifican. Mientras la pobreza afectaba en el tercer trimestre de 2018 al 28,1 por ciento de la población, la población en situación de vulnerabilidad social, que representa un 10,8 por ciento, consolida un segmento de pobres vulnerables del orden del 39 por ciento”, precisan los autores.
Una rápida inferencia al 4to trimestre del año pasado, aplicando el crecimiento de la pobreza a la población vulnerable, daría como resultado que en la actualidad el 50 por ciento de la población es pobre o vulnerable en términos socioeconómicos.
Según los autores, “lo anterior, a la luz de la mayor proporción de población perceptora de ingresos en el estrato vulnerable, estaría indicando que la superación de la condición de pobreza del 10 por ciento de las población -casi 5 millones de personas- no estaría vinculada con la obtención de un mejor trabajo sino por el despliegue de una estrategia familiar destinada a intensificar las actividades de captura y percepción de ingresos”.
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