La posibilidad de reducir la jornada laboral para bajar la desocupación y la subocupación se coló en la campaña electoral. La alternativa, explorada en algunos países por el cambio tecnológico, genera posiciones encontradas en el gobierno, pero también entre sindicalistas y empresarios. Aquí, la opinión de Claudio Lozano, director del Banco Nación y precandidato a diputado nacional de Unidad Popular en el Frente de Todos.

En la Argentina, el debate acerca de la reducción de la jornada laboral debiera incluir una cuestión previa: la reducción de la sobrejornada. El debate, que en los países centrales está asociado al tema del cambio tecnológico, en nuestra realidad, si bien debe considerarse, requiere de un abordaje anterior, ligado a una forma particular de precarización laboral: la ultra explotación por la vía de jornadas extenuantes.

En la actualidad, nuestro país registra 4,5 millones de sobreocupados; es decir: personas que trabajan por encima de las 45 horas semanales y representan nada menos que el 26 por ciento del total de ocupados.

La sobreocupación, en consecuencia, es producto de la precarización y la informalidad laboral, pero también de los bajos niveles de los ingresos laborales. De los 4,5 millones de ocupados con sobrejornada, el 26 por ciento trabaja por cuenta propia por un ingreso mensual de apenas unos 31 mil 300 pesos mensuales.

Es más, de los 4,5 millones de ocupados con sobrejornada laboral, cerca de un millón -el 21 por ciento- son asalariados no registrados. Se percibe claramente, entonces, que el problema de ingresos y pobreza entre los ocupados está muy lejos de explicarse por la reticencia al trabajo.

La sobrejornada laboral, en definitiva, no garantiza aumentos significativos de salarios o ingresos laborales. Al contrario, como consecuencia de acceder a un menor nivel de retribución por hora, las personas extienden la jornada para alcanzar un mejor nivel relativo.

Obsérvese que para ganar un ingreso apenas un 4 por ciento por encima del promedio, los trabajadores y las trabajadoras deben incrementar más del 40 por ciento la jornada laboral. La explicación de fondo es el nivel más bajo de la retribución horaria: casi un 30 por ciento por debajo de la media.

Si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente podrían liberarse 1,6 millones de ocupaciones y se resolvería el 80 por ciento de la desocupación. Esto surge de traducir en empleo las 14,8 horas excedentes de cada uno de los 4,5 millones de sobreocupados.

Sin embargo, como una parte sustantiva de quienes padecen el fenómeno de la sobreocupación tienen que ver con inserciones informales, el control de la jornada laboral resulta difícil. Las instituciones vigentes tienen límites para garantizarlo de manera universal.

Pero no solo hay sobrejornada en la informalidad. Los asalariados registrados tienen un nivel del sobreocupación del 25 por ciento. De este modo, si en este segmento que resulta absolutamente regulable se asignara un reparto de los tiempos de trabajo acorde con la jornada laboral vigente de 8 horas se generarían 661 mil 375 puestos de trabajo. Es decir, podría resolverse un tercio del problema del desempleo.

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