El gobierno llegó tarde y mal. Las medidas anunciadas quedarán licuadas por la inflación. Sin poder real, Macri deambula como un zombi entre los dictados del FMI y la buena voluntad del Frente de Todos. El vacío de poder y un gran desafío: la renovación de los abultados vencimientos que operan hasta fin de año.

No hay costumbre o ley que garantice adhesiones. La autoridad es cuestión de prestigio. Pero no solo eso. La posibilidad de hallar obediencia requiere, además, lucidez política y mucha capacidad técnica. Se dirá que Macri no reunió esos atributos. El problema es que ya no manda. Su poder es formal. Su legitimidad se derrumbó. Se sabe: el vacío de poder genera espanto. El miedo, por ahora, le ganó a la codicia y solo la buena voluntad de Alberto Fernández evitó que fuera por goleada.

Su mesura le llevó un poco de oxígeno al gobierno. Todo el que puede proporcionarle su rol de candidato. Nada que pueda solucionar la zozobra que atraviesa un gabinete donde vuelan los reproches al tiempo que se multiplican las versiones sobre la posible renuncia de Dujovne. La eterna danza de los nombres. En apenas dos días, los hubo para todos los gustos. Para su reemplazo se habló de Frigerio. También del ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, y del titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina.

Pese al sufrimiento social y productivo, las declaraciones de los principales referentes económicos del Frente de Todos buscaron traer tranquilidad. Dejaron en claro que nadie promueve un incendio. No lo hacen la CGT y la CTA. Tampoco las organizaciones sociales, que si ganan protagonismo será por el obrar oficial. Llegado el caso, será la respuesta de la calle a las frases hechas y a los arrebatos presidenciales. Lo dicho: las propuestas agónicas llegaron demasiado tarde y mal. Con suerte solo conseguirán preservar lo poco que queda en pie.

Por lo pronto, la fuerte depreciación del Peso volverá a acelerar la inflación. El propio gobierno admite que el piso de agosto podría ubicarse por encima del cinco por ciento. Todos los economistas, incluidos los que hasta pocos abrazaban todavía con algún entusiasmo el dogma cambiemita, coinciden en que los beneficios de la suba del mínimo no imponible de Ganancias y los aumentos de la AUH quedarán licuados por los aumentos de precios.

La eliminación transitoria del IVA hasta el 31 de diciembre en algunos alimentos de la canasta básica servirá apenas para morigerar el impacto de la devaluación de los últimos días. La medida, además, es de muy difícil fiscalización. Cambiemos, apenas asumió, desmanteló el plantel de inspectores de la Secretaría de Comercio. El propio Sica, el hombre elegido para dar la cara, reconoció que el éxito dependerá de la buena voluntad de las empresas. Se trata de las nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios que preside el lobista Daniel Funes de Rioja.

El paquete anunciado, que incluye congelamientos varios, no podrá evitar el empeoramiento de las condiciones económicas. Las próximas mediciones del Indec sobre desempleo y pobreza llegarán para confirmar lo evidente. ¿El mejor horizonte posible? Que el BCRA pueda estabilizar la cotización del dólar para, desde allí, acompañar hasta diciembre y sin sobresaltos la evolución del IPC. Que lo haga sin rifar las exiguas reservas netas del BCRA es el principal reclamo de Alberto Fernández. También de los granes fondos de inversión que ya mantienen contactos con el candidato del Frente de Todos.

Mecha corta

Quienes siguen de cerca el programa financiero califican como crucial la refinanciación de los vencimientos de las Letras del Tesoro que operan hasta fin de año. El gobierno renovó para la segunda mitad la mayor parte de las que vencían en el primer semestre. Ergo, los vencimientos se acumularon. Hoy, representan un potencial factor de inestabilidad. El cálculo difiere según las fuentes. El consenso ubica el monto total en torno a los 12 mil millones de dólares. Unos 20 mil millones si se agregan las Leliq. Solo el mes que viene los vencimientos de las letras del Tesoro alcanzan los 6 mil 900 millones. Unos 5 mil 500 millones en octubre.

El tema no es menor. La Secretaría de Finanzas ya canceló una licitación. ¿El motivo? Los vencimientos operaban en marzo del año próximo. La convocatoria, de esta forma, se redujo al tramo con vencimiento en noviembre. Plazos cada vez más cortos y tasas en ascenso. Las que promueve el BCRA como antídoto para evitar la estampida socavan día a día la actividad económica. En lo inmediato, y más allá del mercado cambiario, el riesgo para las empresas es que la retracción del crédito tensione todavía más la cadena de pago.

Los plazos fijos del sector privado constituyen otro factor de riesgo. El que puede ejercer el mayor impacto desestabilizador. Un monto equivalente a 26 mil 500 millones de dólares. La casi totalidad vence antes de la primera vuelta electoral. El 60 por ciento está en cabeza de personas físicas. El resto corresponde a depósitos de empresas.

Algunos números más

Sin desembolsos frescos del FMI, con escasas reservas netas y elevados vencimientos de deuda en moneda dura, el próximo gobierno deberá conseguir financiamiento en el mercado internacional con el objetivo de eludir un mayor ajuste de la demanda interna.

Ya a fines del primer trimestre, la deuda pública representaba el 88,5 por ciento del PBI. Una enormidad para un país con escaso o nulo acceso al mercado de capitales. En menos de cuatro años, el endeudamiento pasó desde niveles manejables a exceder la capacidad de pago del país. Para tener una idea: el 75 por ciento de la deuda es en moneda extranjera. La necesidad de financiamiento ronda en la actualidad el 15 por ciento del PBI.

Algunos advierten que el peor escenario sería un shock macro-fiscal. En otras palabras: que se verifique una gran caída del PBI, se dispare una nueva y brusca devaluación, aumente la tasa de interés y, por efecto de la caída de la recaudación, el déficit fiscal retome valores similares a los que exhibía en 2018. Dependiendo de la intensidad del shock, la deuda se podría disparar al 160 por ciento del PBI.

El FMI desembolsó el 78 por ciento del acuerdo stand-by y la Argentina le debe ya al organismo unos 44 mil 700 millones de dólares. Esta deuda seguirá creciendo. En octubre, de aprobarse la próxima revisión, habrá otro desembolso. Este vez por 5 mil 400 millones. En solo dieciséis meses, el FMI habrá desembolsado el 88 por ciento del acuerdo. Al siguiente gobierno solo le quedarán recibir 6 mil 800 millones. El panorama es complicadísimo. La montaña de divisas que aportó el FMI solo contribuyó a sostener las reservas BCRA. No pudo, sin embargo, promover la pax cambiaria, cuyo único y fallido objetivo fue aumentar la chance de reelección de Macri.

Quien llegue a la Casa Rosada deberá pagar en apenas cuatro años 175 mil millones de dólares entre capital e intereses. Unos 140 mil están nominados en moneda extranjera. Se trata, a todas luces, de sumas desproporcionadas. Los pagos al FMI están muy concentrados. Empiezan en 2021 y terminan en 2024. Unos 18 mil millones de dólares en 2022 y aproximadamente 22 mil 500 millones en 2023.

El desafío es enorme. De confirmarse la victoria de Alberto Fernández en octubre, el Frente de Todos deberá alinear sus objetivos con una renegociación del programa vigente con el FMI. Y no se tratará solo de re-perfilar los vencimientos con el organismo y, en tal caso, tal vez también con el sector privado. Deberá, además, cambiar la lógica con la que Cambiemos buscó el equilibrio macroeconómico. Un sendero estrecho para la reactivación del mercado interno.

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