Nadie lo quiere, pero la dureza de los acreedores tensó la cuerda. Este fin de semana, serán locales en Riad, Arabia Saudita. En el marco del G20, Martín Guzmán se reunirá con Kristalina Georgieva y Steven Mnuchin, el delegado de Donald Trump. Las amenazas del Financial Times y la apuesta de Templeton, Fidelity & Cia: quitarle oxígeno financiero al gobierno con la deuda local para que tire la toalla en la arena global.

Cuando suena la campana, te sacan el banquito y uno se queda solo”, dijo alguna vez Ringo Bonavena. No es la expectativa que tiene el gobierno nacional luego de los apoyos que consiguió Alberto Fernández en su gira por Europa y tras la reunión de Jorge Argüello con Donald Trump. Menos después del último comunicado del FMI que admite en forma tardía lo insustentable de la deuda y aboga entre líneas por una quita a los acreedores privados. Lo concreto, hasta ahora, es que en la pelea por la deuda sólo hubo escaramuzas con algunos sparrings. Templeton y Fidelity, para ponerles nombres. Ambos, obligados por las circunstancias a tirar guantes y fintas en la arena de la deuda local. La que emitió la dupla Caputo-Dujovne a mediados de 2018, cuando las corridas cambiaria y bancaria arreciaban y el carry trade llega a su fin.

Este fin de semana, en la ciudad saudí de Riad, será distinto. Los fondos globales serán locales en la cumbre del G20. Será el primer round de un combate en el que los acreedores buscarán seguir desgatando a Alberto Fernández. Ponerlo contra las cuerdas. Quitarle oxígeno financiero bloqueando los canjes voluntarios de la deuda emitida bajo legislación local. La intención es obvia: obligarlo a tirar la toalla en la arena global. Nada de quitas a la deuda emitida bajo legislación extranjera. Allí se verá hasta qué punto la Casa Blanca y el FMI están dispuestos a acompañar la propuesta de máxima que lleva el gobierno.

Según lo previsto, Martín Guzmán se verá nuevamente con Kristalina Georgieva. También Steven Mnuchin y con un nuevo hombre clave: Geoffrey Okamoto, el principal candidato a delegado de la Casa Blanca en el FMI para reemplazar al renunciado David Lipton, un cuadro heredado por Trump y arquitecto responsable, con Christine Lagarde, del súper crédito otorgado a Mauricio Macri. Algunas caras nuevas para un tema viejo.

Okamoto no es un recién llegado. Un pequeño repaso. Trabajó como asesor especial del senador republicano Pat Toomey en el comité bancario del Senado estadounidense e integró los equipos de transición de Trump. Hasta el día de hoy se desempeña como subsecretario interino de finanzas internacionales y desarrollo de la Secretaría del Tesoro que encabeza Mnuchin. Lo hace desde enero de 2017. Una suerte de alter ego de Mnuchin. Lo suele reemplazar en las cumbres del G20 y en las negociaciones comerciales con China. El hombre es palabra autorizada.

Lo dicho. Escucharán de Guzmán los planes de Alberto Fernández. Los números generales y la situación fiscal actual ya quedaron en claro durante la visita de la misión del FMI que encabezaron Luis Cubeddu y Julie Kozack. La reunión en Riad será en un contexto plagado de interrogantes. Sin superávit primario a la vista, al menos hasta 2023 como aseguró Guzmán en el Congreso, la postura oficial habla entre líneas. Dice de un escenario de máxima, el mejor de los mundos posibles: una prórroga larga. Algunos arriesgan cinco años para el pago del capital y tres para el pago de los intereses.

De ser así, se trataría de una quita de importantes proporciones para los acreedores privados. El piso de la negociación es un misterio. Por lo pronto, y pese al hermetismo del gobierno, parece quedar claro que la exposición de Guzmán en el Congreso fue una respuesta a la dureza que exhibieron los bonistas, que ya bloquearon dos intentos de renegociar en forma “amistosa”. Primero en el caso del BP21 de la Provincia de Buenos Aires. Luego, con el AF20 del Estado Nacional.

No fueron los únicos bloqueos. Los principales acreedores, liderados por Templeton, Fidelity & Cia, juegan en dos tableros. Lo dicho. Tienen deuda bajo legislación extranjera y local. La primera es la parte del león. La segunda -como son el BP21 y el AF20- les permite asfixiar el financiamiento público del Estado nacional en el corto plazo. Una diferencia sustancial con el canje que se cerró en 2005.

La estrategia se vio con claridad en el resultado de la licitación de Letras del Tesoro convocada por la Secretaría de Finanzas para capturar fondos y pagar el Bono Dual una vez fracasado el canje voluntario. No pudo ser. La convocatoria quedó desierta, aunque mejoraba la propuesta inicial. El mercado, obviamente proclive al interés de los acreedores, invoca que hubo “mala práxis financiera”. Se la adjudican a Diego Baustorre, el secretario de Finanzas. El mensaje dice que con “buenos asesores la falta de idoneidad puede ser corregida”.

Los nombres de los “buenos asesores” quedan a gusto del lector. Lo que queda claro es que no lo dicen porque sí. Presionan por un giro en la propuesta y a que la elección de los bancos que harán operativos el canje sean los de siempre. No se trata solo del premio, que algunos calculan de hasta 100 millones de dólares en concepto de comisiones. Un negocio nada desdeñable, pese al tope del 0,1 por ciento que determinó el Ministerio de Economía. Lo que está en juego es la capacidad que tienen esos bancos internacionales para modelar la propuesta. Tendrán, al fin y al cabo, la nada menor tarea de intermediar y, desde allí, modelar la letra fina de las propuestas y las devoluciones.

Palabra de acreedor

Otro dato para tener en cuenta. Mnuchin, Okamoto y Georgieva llegarán a Riad con el Financial Times debajo del brazo. El diario de la city londinense habló por los acreedores. “Argentina corre el riesgo de volver a caer en los viejos hábitos del aislacionismo y la morosidad”, sentenció en su editorial del lunes. Aunque reconoce el “legado tóxico” de Macri, la publicación no escatima advertencias. Lo hace con pretendida ironía. Dice que la postura del gobierno es “novedosa”. Afirma que nunca antes país alguno la puso en práctica. ¿La razón? No explicitar un plan económico de mediano y largo plazo. En otras palabras: quieren saber qué esfuerzo fiscal está dispuesto a comprometer el gobierno.

El diario financiero de la ortodoxia advierte que nada será “amistoso” si hay quita y califica como razonable el endurecimiento de los fondos globales. Tan luego dispara su plan ideal. Ninguna novedad. Nada de control de precios, nada de intervención en el mercado cambiario, minga de impuestos a la exportación y cero expansión monetaria. Para que no queden dudas sostiene que “el aumento de las dádivas sociales no suma a la prosperidad”. Sin palabras.

Por lo pronto, el tiempo vuela. La decisión unilateral de postergar hasta setiembre el pago del Bono Dual descomprime el frente fiscal y a la vez tensa la discusión con los acreedores. Un parche en medio de la pulseada. Marzo está a la vuelta de la esquina. Caen nuevos vencimientos. Unos 382 mil millones en concepto de capital y 41 mil millones por intereses. Todos en pesos. Deuda local, que le dicen. Lo apuntado: muchos de esos títulos están en poder de fondos del exterior. Si la negociación se estira, muy probablemente habrá una nueva postergación en la deuda local. Sería la segunda para muchos de esos papeles, ya reperfilados a las apuradas por Lacunza en agosto pasado. Menos apremiantes lucen los vencimientos en dólares: 952 millones en marzo. Después se verá.

Para tener en cuenta

El universo de títulos emitidos bajo legislación extranjera, que son los estarán alcanzados por la reestructuración y posterior canje, asciende a un total de 66.496 millones de dólares. El 21 por ciento del stock total. De cara a la negociación cobran especial relevancia las cláusulas de acción colectiva (CACs). Son las que trazan el nivel mínimo de consenso necesario para modificar las condiciones aplicables a los acreedores. Siguiendo este criterio, esos títulos pueden clasificarse en dos grupos: los emitidos dentro de los canjes 2005 y 2010, y los emitidos a partir de 2016. La diferencia fundamental: las mayorías especiales para aprobar una modificación son más exigentes para los bonos emitidos en 2005 y 2010 que para los emitidos luego de 2015.

Nota: los cuadros incluidos en esta nota fueron elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Economía.

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