La historia se repite. En la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado, Alberto Fernández pidió al BCRA que investigara quiénes fugaron divisas durante la gestión de Cambiemos. La lista oficial nunca se conoció. Hace unos días, nuevamente en el Congreso, reclamó que se investigue a los ex funcionarios responsables de la deuda con el FMI. Hasta ahora, poco y nada cambió. El superávit comercial de 2020 se esfumó. Una mirada sobre el rol del BCRA y un esquema que habilita la fuga de divisas a granel.

En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Alberto Fernández afirmó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura no puede ser visto como un caso más…”.

Según la Secretaría de Finanzas, la deuda externa pública sumaba a fines de diciembre de 2019 unos 323 mil millones de dólares, de los cuales unos 44 mil 300 millones correspondían al Fondo Monetario Internacional (FMI). A diferencia con el sector privado mediante la colocación de títulos – tomada con la aprobación legislativa porque la solicitud de endeudamiento se presenta con la Ley de Presupuesto de cada año -, la contraída con el FMI es producto de una decisión unilateral adoptada por el Poder Ejecutivo en junio de 2018. En otras palabras: no hubo una autorización expresa del Poder Legislativo como exige la Constitución.

Es más, el Art. 60 de la Ley 24.156/1992 de Administración Financiera y Control de Gestión de la Administración Nacional dice expresamente que “las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”. Hacia el final, la norma exceptúa las operaciones de crédito que formalice el Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales que el país integra. Sin embargo, la Reforma Constitucional de 1994 dejó sin efecto esa prerrogativa desde 2010.

De allí que exista un claro abuso de autoridad por parte de Mauricio Macri y los ex funcionarios que acordaron y firmaron la deuda que Alberto Fernández propone investigar. Todos son plausibles de ser investigados por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y, en consecuencia, de la posible comisión de delitos contra la administración. Es por ese motivo que el fiscal federal Franco Picardi abrió una investigación. Su objetivo es determinar si obtuvieron beneficios económicos indebidos para sí o para terceros – como otras personas humanas y jurídicas, o fondos de inversión -, pero también si proveyeron información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes.

Los fugadores seriales

La investigación, sin embargo, debería extenderse también a los beneficiarios de la compra de las divisas que ingresaron por el crédito del FMI. El mecanismo de endeudamiento lo justifica. El Tesoro Nacional, que depende del Ministerio de Economía, contrae la deuda, pero como paga en pesos – salarios, jubilaciones, pensiones y contrataciones, por ejemplo – vende los dólares al Banco Central (BCRA). Finalmente, el BCRA le da al Tesoro los pesos al tipo de cambio oficial. El problema reside en que por su carta orgánica, el BCRA puede vender los dólares – que son deuda del Tesoro Nacional – a las entidades del sistema financiero que lo demanden.

Allí es donde entraron a jugar fundamentalmente unos diez grandes bancos privados, y hasta los tres grandes bancos públicos nacionales y provinciales administrados por Cambiemos. En conjunto adquirieron para sí y para sus clientes unos 86 mil 200 millones de dólares durante los cuatro años que gobernó Macri, según el informe elaborado por el BCRA por pedido de Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del año pasado.

El Informe, denominado Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019, da cuenta que fueron casi 7 millones de personas humanas y jurídicas las que compraron los 86 mil 200 millones de dólares. Sin embargo, los 100 primeros explican 24 mil 679 millones del total. La justicia debería convocar a los titulares de ese centenar de firmas. La pregunta es obvia: si no pagan el Impuesto a las Ganancias por el monto que compraron, ¿de dónde extrajeron el dinero? Una pregunta tan sencilla serviría para avanzar sobre las contabilidades paralelas y desenmascarar maniobras de evasión tributaria. Seguramente les cabrían las generales de la ley y deberían devolver al Estado nacional parte de lo fugado. Con esos ingresos se podría amortizar al menos parte de la deuda de 44 mil 300 millones tomada por Cambiemos.

Sin embargo, el enigma reside en que nunca se comunicó oficialmente quienes son los 100 primeros fugadores. El 24 de mayo del año pasado, en una nota de El Cohete a la Luna titulada Los Cien de Macri se afirmó que el lote lo encabezan Telefónica Argentina (1.248,2 millones) y Pampa Energía S.A. del grupo Midlin y el multimillonario amigo de Macri Josep Lewis (903,9 millones). Un listado que también integran Monsanto Argentina – donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual presidente de CIARA-CEC -; el Grupo Clarín con Directv Argentina y Telecom Argentina; el grupo Techint con Siderar; Hidrovía Paraná – la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vencerá el próximo 30 de abril -; Aceitera General Deheza; Arcor de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny ; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Todo ellos, sin embargo, durante el año pasado siguieron comprándole dólares al BCRA. Y lo hicieron sin límite alguno. La excusa: pagar deudas en el exterior. De ser ciertos los créditos declarados, el BCRA – antes de autorizarles el acceso al mercado cambiario – debería haberles exigido que devuelvan lo que fugaron. No fue el caso. La entidad les vendió las divisas, y lo hizo a una paridad de 60 y 80 pesos.

Divisas que fugan a granel

La Argentina no tiene un problema de restricción externa en un sentido clásico; dicho de otra forma: no necesita que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. Desde 2003 a 2020, el superávit acumuló 156 mil 712 millones de dólares. Una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma, obtenida por un brutal ajuste externo, se fugó casi en su totalidad; es más, no solo se fugó el superávit comercial, sino que además se endeudó el país, y no para hacer obras de infraestructuras, construir viviendas, puentes, caminos y represas, o tener nuestra propia marina mercante y una eficiente red ferroviaria. Nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.

Se sabe. La Argentina es una importante exportadora de alimentos. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en el nodo portuario del Gran Rosario – que abarca al complejo industrial oleaginoso con 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná desde Timbúes hasta Arroyo Seco – hay 31 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. Del total, 21 despachan granos, aceites y subproductos. La zona portuaria de exportación de productos agropecuarios más importante a nivel mundial, seguida por el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans y el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites. En 2020 superó las 80 millones de toneladas, contra 64,45 y 42,65 que despacharon el puerto norteamericano y el brasilero, respectivamente.

No solo no hay control sobre lo que se produce. Tampoco lo hay sobre lo que declaran las compañías que venden al exterior. La subfacturación es importante y constituye otra forma de fugar divisas. En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial – declarado y no declarado – y, además, el país se endeudó por más de 100 mil millones de dólares.

La mano blanda del BCRA

En el centro de la cuestión está el BCRA. Opera sobre la base de la Reforma Financiera de 1977, que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los diez bancos privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico. Un esquema nunca desmontado, donde los bancos asumen la dirección de las políticas fiscal y monetaria. Una situación a la que se suma la Carta Orgánica del BCRA (Ley 24.144) diseñada por Domingo Cavallo y todavía vigente que habilita a que los dólares que ingresan por la vía de la deuda contraída por el Tesoro Nacional se venda a las entidades privados, las que funcionan como operadores de cambio de última instancia.

Es así que se esfuma el superávit comercial. En 2020 sumó 12 mil 528 millones de dólares, a los que se deben agregar los 5 mil 780 millones que disminuyeron las reservas del BCRA. Unos 18 mil 308 millones en total. Unos 5 mil 200 millones se utilizaron para pagar los servicios de la deuda externa de todo ese año. Otros 1.900 millones se fueron en la venta del llamado dólar ahorro, el famoso “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes. Sin embargo, la parte del león se la llevaron otros. Los 11 mil 200 millones restantes se vendieron irresponsablemente. Más de 5 mil millones se malgastaron en adelantos de importaciones a una paridad de entre 70 y 80 pesos por unidad; es decir: en productos que no habían ingresado y que el Indec por esa razón no contabiliza. Finalmente, otros 6 mil 200 millones se perdieron en las supuestas deudas externas privadas.

Todo esto se podría haber evitado. ¿Cómo? Anulando el Decreto 893/2017 y el restableciendo el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria. De esta forma se hubiera impedido que el BCRA le vendiera dólares a las empresas para que paguen supuestas deudas en el exterior. Menos aún habría podido el BCRA dárselos a los importadores, que adelantaron compras empleando reservas internacionales por temor a una devaluación. Una operatoria, esta última, donde se destacaron Cargill, Glencore, Louis Dreyfus, entre otras cerealeras, que le pidieron dólares para comprar soja y maíz de sus filiales en Paraguay, pero también a las de Brasil y Uruguay.

Por todos estos motivos es que se debe investigar la gestión de Cambiemos; pero también, y esencialmente, a los fugadores seriales. De otro modo, solo se castigará a un puñado de ex funcionarios – y está bien que se lo sancione con el Código Penal -, pero quedarán fuera del escrutinio judicial los grandes beneficiados. Para ser ley, la ley debe aplicarse a ambos. Lenta lex autem non est lex.

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