La verdadera brecha

Las imposiciones del FMI ponen en el centro de la escena la relación entre la Nación y las provincias. El objetivo: reducir el déficit fiscal sin aumentar los ingresos. Un país para pocos. La inverosimilitud del ajuste, la sujeción a la lógica del mercado internacional y la fuga de capitales. Un análisis detallado de la pulseada que se viene.

Los gobiernos conservadores siempre consideraron a las provincias como un apéndice del poder central. Cambiemos no es la excepción. Su modelo de inserción reproduce la lógica del mercado internacional. La situación es determinante en una economía abierta porque permite que los capitales concentrados determinen los precios de todos los bienes y servicios, incluidos el de los factores de producción. Poco o nada importa qué y cómo se produce. Menos relevancia tiene aún para esos factores de poder el rol de la fuerza de trabajo. La acumulación del capital y la distribución de la riqueza se juegan entonces en un terreno donde impera la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. De allí, la seguridad jurídica que propician.

En esta lógica, la tasa de interés es decisiva: solo se emprenderán los proyectos que garanticen retornos superiores a la ganancia financiera. En otras palabras: la economía real queda relegada y la valorización financiera manda. Para peor, la tasa se ajusta por el tipo de cambio. El problema se agrava todavía más cuando, como ocurre desde que gobierna Cambiemos, la tasa de interés de la deuda aumenta por encima de la tasa de crecimiento de la economía. El resultado es inexorable: un mayor peso de la deuda sobre el PBI. El endeudamiento, entonces, deberá pagarse con una economía que medida en dólares no crece.

¿Qué proyecto de balance comercial positivo hay  en el macrismo? Ninguno. ¿Podrá el país con las cada vez más escasas divisas pagar la importación de insumos básicos para el sector productivo? Difícilmente. El resultado es un modelo insustentable. Tanto como el ajuste que impone el FMI. Los últimos datos ratifican el rumbo de colisión. La deuda externa se incrementó durante la gestión de Macri en 104 mil millones de dólares, sin contar el crédito del FMI. Un salto del 70 por ciento. El déficit comercial trepó a 9.600 millones de dólares entre el segundo trimestre de 2017 y el primero de este año. El mayor registro histórico. En el mismo período, la Cuenta Corrientes de la Balanza de Pagos sumó un saldo negativo de 34 mil millones de dólares. Otro récord.

La conclusión es obvia. Sin dólares genuinos para garantizar el repago de la deuda, la corrida cambiaria seguirá su curso. Los capitales especulativos, que llegaron atraídos por las tasas de interés del 47 por ciento anual para la renovación de las Lebac, volverán a desprenderse de los activos nacionales –como títulos y acciones- para pasarse a dólares. En última instancia se volcarán a los títulos públicos ajustados por el valor dólar, como las Letras del Tesoro.

El acuerdo con el FMI

Sin ningún punto de apoyo y frente a la magnitud de la fuga de capitales, que ronda ya los 13 mil millones de dólares en lo que va del año, el gobierno terminó buscando el auxilio del FMI. A cambio, el organismo impuso un severo plan de ajuste que afectará sobre todo a la obra pública; pero que también implicará un recorte de las trasferencias a las provincias y a los municipios. Un salvavidas de plomo que impactará en las grandes ciudades, en los cordones industriales y en las economías rurales.

El ajuste se sentirá en las grandes ciudades, donde se concentra la producción de servicios y bienes industriales de mediana y alta complejidad, y donde una parte considerable de la población exhibe niveles de vida relativamente altos con respecto al resto del país. Sin embargo, será mayor en los conurbanos. En estas áreas, la producción de bienes y servicios se caracteriza por la heterogeneidad, la alta informalidad, el bajo valor agregado, una alta dependencia de los costos –energía y mano de obra, por ejemplo- y por su total dependencia del mercado interno.

En el interior rural y en las pequeñas ciudades, la economía hace pie en los recursos naturales y en el capital humano. La producción de bienes primarios y su industrialización explican el 65 por ciento de las exportaciones nacionales. Por lo general, los eslabonamientos se encuentran bien insertados en el comercio mundial. No obstante, hay dos campos. Uno es el productor de cereales, oleaginosas y de ganado. El otro, el de las economías regionales.

Vale la pena echar una mirada al primero. Allí mandan la concentración y la extranjerización. Es el territorio de las amplias extensiones en manos de empresas y capitales nacionales. Los representantes del sector que Sarmiento denominaba “la oligarquía con olor a bosta”. Allí también juegan las firmas extranjeras, como el inglés Joseph Lewis, la Compañía de Tierras del Sud Argentino de los Benetton, el estadounidense Ted Turner, el suizo Jacob Suchard y el inversionista de húngaro George Soros, entre otros.

En la Provincia de Buenos Aires, ese sector -súper concentrado, altamente tecnificado, propietario de las tierras con mejor productividad- paga un impuesto inmobiliario rural que representa solo el 2 por ciento de la recaudación provincial. El dato es central. La baja tributación obligó a las provincias a endeudarse. Y lo hicieron en dólares. En el caso bonaerense, el último dato señala que el stock de deuda alcanzaba los 15 mil millones de dólares en setiembre de 2017. Un 30 por ciento más que en el mismo trimestre 2015. Devaluación mediante, la provincia debería recaudar un 60 por ciento más para pagar la deuda contraída.

Los tarifazos, la falta de crédito, las altas tasas de interés y la irresponsable apertura de las importaciones de bienes finales ahogan a las pymes. Además, limitan la inversión en maquinaria, tecnología y capital humano. Lo que logró el gobierno anterior sobre la base de defender el mercado interno se diluye en forma severa ante las reglas que impulsan Cambiemos y el FMI. Todo lo que no se integre a bajo costo al mercado internacional será relegado a un rol secundario. Allí está la verdadera brecha. La que separa a un minoría, que aprovecha la ventaja de poseer la tierra más fértil del mundo, del resto, condenado a vegetar en las regiones y ciudades que no encuadren en el mandato.

El consenso fiscal

La dependencia y debilidad de las provincias es doble. Están supeditados al Gobierno nacional y son incapaces de cobrar impuestos a los sectores más ricos. A nivel nacional, el Impuesto Inmobiliario Rural representa menos del 0,2 por ciento del PIB. Que la Nación le devuelve en un plazo de cinco a las provincias el 15 por ciento de la recaudación que iba a la Anses no resuelve el problema de fondo. Veamos.

En noviembre de 2016, las provincias –excepto San Luis- firmaron con la Nación un acuerdo. Se comprometieron a reducir la presión tributaria mediante la disminución, hasta la eliminación total, de sus dos principales fuentes de recaudación: Ingresos Brutos -en la Provincia de Buenos Aires representa el 68 por ciento de los recursos propios- y Sellos. Unos meses después, las provincias –menos San Luis y La Pampa- firmaron la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el crecimiento del gasto primario al aumento del Índice de Precios al Consumidor.

No mucho más tarde, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. Lo hizo modificando el destino del 70 por ciento de lo recaudado, que pasó a recibir la Anses, en lugar del Tesoro Nacional. En compensación se eliminó el Art. 104 de la Ley de Impuesto a la Ganancias. De esta forma, el 20 por ciento de la recaudación por ese tributo volvió a la coparticipación.

Si las provincias no aceptan ajustar personal y gastos, o rechazan las condicionamientos que impone el FMI, Cambiemos les retiraría la parte proporcional que les corresponde por la transferencia de Ganancias. El castigo se sumaría al ajuste que de hecho viene realizando Cambiemos este año en las transferencias no automáticas.

En el Acuerdo de Responsabilidad Fiscal, las provincias se comprometieron a alcanzar en 2017 un déficit financiero de 87.404 millones de pesos (0,9 por ciento del PBI).  La meta para este año: 44.775 millones (0,4 por ciento del PBI). Un objetivo que dudosamente alcancen. La devaluación eleva la cantidad de pesos necesarios para pagar la deuda contraída en divisas.

¿Pueden las provincias reducir sus plantas de personal como pretende Cambiemos? Nada lo indica. Tienen a cargo servicios de mano de obra intensiva, como educación, salud, seguridad y justicia, por citar los más notorios. Según el Ministerio de Trabajo, hacia diciembre de 2017 contaban en conjunto con 2.297.491empleados. El 26 por ciento del total de los trabajadores registrados en el sector formal. Un porcentaje razonable para la historia argentina y que está en línea con los números que exhiben los países de la región. Además, la reducción tendría un impacto negativo. Incrementaría la desocupación y caería la demanda interna.

Cambiemos pretende también que la obra pública durante el próximo años -como la construcción de viviendas, redes de gas, cloacas, rutas y puentes- se financien en su mayor parte con recursos provinciales. En los hechos, el Gobierno nacional solo se haría a cargo de las rutas nacionales licitadas bajo el esquema de Participación Pública y Privada.

El tema de las transferencias no automáticas -los giros discrecionales de la Nación a las provincias- es otra cuestión fundamental. Las administraciones provinciales suelen usarlos para pagar sueldos o incluso para hacer frente a inundaciones, sequía, desastres naturales y cualquier otra eventualidad. En el presupuesto 2018 ascendían a 68.882 millones de pesos (0,65 por ciento del PIB). El acuerdo con el FMI estipula que dichos fondos se deben reducir hasta alcanzar el 0,20 por ciento del PIB. Una reducción de 21.195 millones. Al ser fondos discrecionales, seguramente habrá provincias más castigadas que otras. Dependerá de la afinidad con la Casa Rosada.

En síntesis

La recesión generada por Cambiemos perjudicará a todas las provincias. Aún más a las pobres. El argumento oficial insiste en un imposible: reducir el déficit fiscal sin aumentar los ingresos. La solución está en otro lado. No solo se debe, sino que se pueden aumentar los ingresos. La devaluación generó ganancias extras por cada dólar que obtienen los exportadores en general y el campo en particular. Conclusión: se deberían restablecer las retenciones y cobrar un impuesto extraordinario a la tierra.

El ajuste acordado en la Ley de Responsabilidad Fiscal es inverosímil. Tanto como la reducción de la inversión pública y el recorte de las transferencias corrientes. Menos sentido tienen cuando el único objetivo es generar un ahorro nacional que se fuga. Mientras no haya un claro control del sector externo, toda medida va a ser funcional a la fuga de capitales. El gobierno lo sabe muy bien y conoce a los actores. Los números son elocuentes. Entre enero de 2016 y mayo de 2018 se transfirieron al exterior 45.700 millones de dólares. Casi la misma suma que promete el FMI a cambio del ajuste.