De la Baring Brothers a BlackRock y de Bernardino Rivadavia a “Toto” Caputo, los actores cambian, pero el negocio de la deuda continúa. La estrategia del FMI, los planes de los fondos de inversión, los cuatro años de “gracia” y algunos números sobre la última gran estafa.

En nuestra historia y desde su origen, hubo una burguesía rentista de comerciantes, hacendados, funcionarios e intelectuales orgánicos que se subordinó al capital extranjero y subordinó a su vez a los grupos locales que procuraban producir bienes para el mercado interno y exportar con independencia de “España y de toda otra potencia extranjera”.

Tan así fue que cuando Napoleón Bonaparte impuso en 1808 las abdicaciones de Bayona por las cuales debieron renunciar al trono Carlos y Frenando VII, el argumento para terminar con la dependencia comercial de España, la Junta de Buenos Aires procuró mantener los privilegios del orden colonial en beneficio del bloque comercial porteño.

Este intento de apropiarse del poder -es decir: de los aranceles que significa el control de la aduana de Buenos Aires- lo llevó adelante un sector de los ricos porteños, sin dar muestra alguna de querer compartirlo con el resto del país que surgía. No en vano la burguesía criolla naciente encontró resistencias en Paraguay, en el Alto Perú, en Córdoba y en Montevideo.

Los porteños se adueñaron de la Revolución de Mayo. Detentaban el poder en las Provincias Unidas del Río de la Plata y en 1819 sancionaron una constitución unitaria, mientras seguían buscando un príncipe europeo que reinara. Tres años después, durante el gobierno de Martín Rodríguez, su Ministro de Relaciones Exteriores, Bernardino Rivadavia, solicitaba el famoso empréstito con la Baring Brothers de Londres por 1 millón de libras.

El argumento suena conocido. Financiar obras públicas que nunca se concretaron. La operación se perfeccionó dos años después. El empréstito quedó reducido a 560 mil libras, luego de que sus hacedores descontaran los intereses, comisiones y gastos varios. Como garantía se hipotecaron tierras públicas, que fueron entregadas en enfiteusis a particulares por una renta o canon anual que, además de bajo, fue difícil de recaudar.

La enfiteusis, en síntesis, puso a disposición de comerciantes, ganaderos y funcionarios enormes extensiones de tierras en forma casi gratuita. Ante la falta de mano de obra para trabajar las tierras, el gobierno promulgó el famoso decreto que reprimía la “vagancia”. Así, los vagos y mal entretenidos debían portar la “papeleta de conchabo” para demostrar que trabajaba formalmente bajo un patrón. La flexibilización laboral de la época.

Ya entonces se perfilaban dos proyectos de país. El centralista, con base en el puerto y la biblia del libre mercado, alentaba la producción primaria para su exportación. También el negocio financiero. Una matriz que beneficiaba y lo sigue haciendo, a una minoría. La que se apropió de la tierra. El otro, el que proponía que las rentas de la aduana fueran compartidas, lo impulsaba un interior cada vez más empobrecido por las importaciones que reemplazaban la precaria producción local.

Por esos años, el gobernador de Corrientes, el brigadier Pedro Ferré, afirmaba: “No se podrán nuestros paisanos ponchos ingleses”. Proponía el desarrollo de las industrias y artesanías provinciales, frente a la ruinosa competencia de las manufacturas extranjeras. No pudo ser. Los burócratas, desde Rosas a Mitre y los gobiernos que los sucedieron hasta Hipólito Yrigoyen, priorizaron el comercio con Inglaterra y el negocio de la deuda.

Consolidaron así el marco institucional y político del modelo agroexportador actual. El que insertó al país en el mundo a través de sus “ventajas comparativas”: la especialización agrícola-ganadera. El sucesor de la alianza inicial entre la burguesía comercial porteña y los estancieros de la Pampa Húmeda que producían -asociados al capital británico- cueros y carnes saladas para exportación. Con los años, a la deuda tomada por Rivadavia se sumó la contraída por Mitre para financiar la Guerra al Paraguay. Luego vinieron otras para financiar la construcción de puertos y ferrocarriles y el constante aumento de las importaciones inglesas. El déficit en la balanza de pagos se hizo permanente y la situación estalló en 1890, el primer default argentino.

La extensión de la frontera agropecuaria consolidó el modelo. La pomposamente llamada campaña del desierto. Fue fusil automático contra lanza y flecha. Mientras tanto, el país seguía endeudándose y una minoría se apropiaba de las mejores tierras y manejaba el negocio bancario. Su más claro ejemplo: el inefable Victorino de la Plaza. Diputado, ministro de Hacienda de Avellaneda, de Roca y de Figueroa Alcorta, luego vicepresidente y, finalmente, presidente. El más longevo representante y comisionista local ante los banqueros europeos.

En su archivo personal -guardado en el Archivo General de la Nación- hay una carta que le dirige al presidente del Banco d’Erlanger de París en enero de 1881: “Haré señor mío, cuando de mi dependa en el sentido que Ud. me indica, y me será permitido anticiparle que podré servirlo cumplidamente no solo en esas negociaciones sino en otras que pudieran producirse en condiciones ventajosas. Respecto de lo que Ud. me dice de manifestarle por lo que entiendo que debe asignarse por retribución de mis servicios, creo que lo podemos fijar como base de una cuarta parte de las comisiones o los beneficios que Ud. perciba en las operaciones”.

En otras palabras: cuanto mayor era el monto de la deuda y sus intereses, mayores eran las comisiones a repartir entre la banca acreedora y sus representantes argentinos. Dice Milcíades Peña en su libro “Historia del Pueblo Argentino”: “Endeudamiento que enriqueció como comisionista a nuestra incipiente burguesía porteña e hipotecó a la población. El origen y objetivo de la deuda fue y es no es solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, con determinados segmentos que se desarrollan en el país.

Nuevos actores para una vieja historia

Hoy, los acreedores externos -en esencia los grandes fondos como BlackRock [1], Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco y otros- aceptaron, mientras cobran los intereses, amortizar el capital a partir del segundo semestre de 2024. Sí, perdieron dinero. Desde que se firmo el acuerdo, el 31 de agosto de 2020, el valor promedio de los títulos pasó de 53 a 47 dólares por cada lámina de 100.
¿Por qué lo hicieron? La razón se simple. La imposibilidad de cobrar y la esperanza de que las cláusulas del futuro Acuerdo de Facilidades Extendidas que se pacte con el FMI sean lo suficientemente duras como para obligar al Gobierno a transitar un estrecho sendero de estabilidad monetaria, cambiaria y fiscal que les garantice cobrar cuando sea el momento.

¿Por qué tienen tanta importancia los primeros cuatro años del inminente acuerdo? Los bonistas apuestan a que el FMI funcionará como garante del ajuste que permitirá que la cotización de la deuda reestructurada con los privados recupere su valor hasta llegar a los niveles que el sistema financiero mundial considera “normales”. Llegado ese momento analizarán si les conviene o no desprenderse de los papeles argentinos.

El FMI prestó para condicionar. Por esa razón no objetó la fuga de los dólares que ingresaron durante el gobierno de Cambiemos. El FMI no es una entelequia. Lo dijo el abogado argentino Sergio Chodos, actual representante del Cono Sur en el organismo: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del organismo. Es un sujeto, pero al mismo tiempo un objeto (…) Tiene su línea teórica, su visión, sus parámetros, pero también es una herramienta. Es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los que tienen más preponderancia en su directorio” [2].

Queda claro. Las condicionalidades del FMI serán durísimas, por más que otorgue al país diez años de plazo, cuatro de gracias para el pago del capital y acepte reducir la tasa de interés del 4,05 al 2,05 por ciento anual. El FMI exige que el Estado nacional reconozca toda la deuda, los 45 mil 400 millones de dólares, aun cuando la deuda se tomó a espaldas del pueblo, sin autorización del Congreso y se usó para fugar capitales.

Los números de la estafa

En diciembre de 2015, la deuda externa sumaba 222 mil 703 millones de dólares. Del total, 148 mil 881 millones era en divisas y el equivalente a 73 mil 822 millones de dólares estaba emitida en pesos. De esta última, el 60 por ciento era deuda intrasector público, 9 por ciento con organismos internacionales -sin el FMI, al que se le había pagado todas sus acreencias en enero de 2006- y el 31 por ciento estaba en manos del sector privado.

En diciembre de 2019, la trepaba a 320 mil 630 millones de dólares: 249 mil millones estaba emitida en moneda extranjera -100 mil millones más que en 2015- y el equivalente a 71 mil 583 millones nominada en pesos. El 40 por ciento era deuda intrasector público, 22,7 por ciento con organismos internacionales -mayormente con el FMI- y el 37,3 por ciento con el sector privado.

En síntesis: en apenas cuatro años de gobierno, Cambiemos la incrementó en más de 100 mil millones de dólares. No solo eso. Además, desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

El informe que publico en mayo del año pasado el Banco Central –“Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015/2019”– demuestra que de la deuda tomada se fugaron 86 mil 200 millones de dólares. El 85 por ciento de las obligaciones no se invirtió en el país. Se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.

El informe puntualiza que 7 millones de personas físicas y unas 85 mil empresas compraron los dólares que se fugaron. Los cien mayores compradores explican 24 mil 679 millones de dólares del total. Nunca se publicó oficialmente el listado. Sí lo hizo El Cohete a la Luna en la nota “Los 100 de Macri”. Se sabe. Allí aparecen Telefónica Argentina, Pampa Energía, Monsanto Argentina, Grupo Clarín, Telecom Argentina, Grupo Techint, Hidrovía Paraná, Aceitera General Deheza, Arcor, Grupo Galicia, Banco HSBC y el Grupo IRSA, entre otros [3].

La investigación que no fue

El gobierno no debería convalidar una fuga de capitales que tendrá pagar el conjunto de la sociedad y que se concretó bajo la tutela del FMI, que ahora impondrá ajustes de todo tipo para garantizar el repago de la asumida con el propio organismo y los acreedores privados. El FMI incumplió. Es corresponsable. Se le debería exigir que apoye una investigación para determinar y diferenciar la deuda legítima de la ilegítima. Además, se le debería reclamar que colabore para encontrar los fondos fugados.

La Argentina debería quedar liberada de la obligación hasta que finalice la investigación. En simultáneo, el gobierno debería citar a los principales compradores para que expliquen de dónde obtuvieron los pesos con los que compraron los dólares. En definitiva: que justifiquen si sus ganancias se corresponden con los montos de divisas adquiridos. De no poder hacerlo, la penalización económica por la evasión fiscal serviría para amortizar, al menos en parte, la deuda con el FMI. Solo así el país podrá impulsar la producción y el empleo.

Notas

1. David Ricardo fue el economista inglés que desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola se derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas -sostenía Ricardo-, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio. Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles, he aquí la renta agrícola. El análisis se puede hacer extensivo a otras rentas (petrolera, minera, financiera, etc.). También a la financiera. Los bancos y los fondos de inversión son autorizados por el Estado a través del BCRA y de la Comisión Nacional de Valores. Es autorización es la que les permite captar ahorros del público y hacer con ese dinero lo que quieren, como especular con el dólar y las tasas de interés.

2. Entrevista al Sergio Chodos de El diario AR (16/02/2021).

3. Larry Fink -titular de BlackRock- admite que el fondo de inversión tiene participación accionaria en Telefónica, Pampa Energía y el Grupo Banco Galicia.

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