Por estos pagos ya sabemos de qué se trata, la evasión fiscal es consentida, mientras el gobierno mira hacia otro lado. En Europa no es mejor la situación. El economista francés Thomas Piketty, en un artículo recogido en el libro ¡Ciudadanos a las urnas!, recién salido en la Argentina analiza  lo que se hizo y sobre todo lo que no se hizo para terminar con el problema de la opacidad financiera.

 Los paraísos fiscales y la opacidad financiera ocupan desde hace años un lugar destacado en las primeras planas de los diarios. Por desgracia, en este ámbito existe una brecha abismal entre las proclamas victoriosas de los gobiernos y sus verdaderas acciones. En 2014, la investigación LuxLeaks revelaba que las multinacionales casi no pagaban impuestos en Europa gracias a sus filiales en Luxemburgo.54 En 2016, los Panama Papers muestran el alcance de las operaciones de disimulo patrimonial realizadas por las élites financieras y políticas de norte y sur. Podemos alegrarnos de que los periodistas cumplan con su trabajo. El problema es que los gobiernos no realizan el suyo. A decir verdad, casi nada se ha hecho desde la crisis de 2008. En algunos aspectos, las cosas incluso han empeorado.

Vayamos en orden. Sobre la imposición a los beneficios de las grandes empresas, la competencia fiscal exacerbada alcanzó nuevos niveles máximos en Europa. El Reino Unido se prepara para reducir su tasa a un 17% –algo nunca visto en un país grande–, mientras también protege las prácticas predatorias utilizadas en las Islas Vírgenes y otros sitios offshore de la corona británica. Si no se hace algo, entonces todos terminarán por alinearse en el 12% de Irlanda, incluso el 0%, o hasta en subsidios a las inversiones como ya sucede a veces. Mientras tanto, en los Estados Unidos, donde existe un impuesto federal a las ganancias, la tasa es del 35% (sin contar el impuesto de los Estados, que oscila entre el 5 y el 10%). La fragmentación política de Europa y la ausencia de un poder público fuerte nos ponen a merced de los intereses privados. La buena noticia es que es posible salir de la impasse. Si los cuatro países (Francia, Alemania, Italia y España) que reúnen más del 75% del PBI y de la población de la zona euro propusieran un nuevo tratado fundado en la democracia y la justicia fiscal, con un impuesto común a las grandes empresas como medida fuerte, entonces los otros países se verían obligados a seguirlos, a menos que prefieran quedarse fuera del esfuerzo de transparencia que las opiniones públicas reclaman desde hace años y exponerse a sanciones.

Respecto de los patrimonios privados depositados en paraísos fiscales, allí también se da siempre la mayor opacidad. Desde 2008, en distintos lugares del planeta, las mayores fortunas crecieron tanto más rápido que la economía, en parte porque pagan menos impuestos que los demás. En Francia, un ministro a cargo del Presupuesto explicó de lo más campante en 2013 que no poseía cuenta alguna en Suiza, sin temor de que su gobierno mismo lo supiera, y otra vez fue necesario que los periodistas descubrieran la verdad.

Las transmisiones automáticas de informaciones sobre los activos financieros, aceptadas por Suiza en forma oficial y aún hoy rechazadas por Panamá,  supuestamente resolverían el asunto en el futuro. Sin embargo, sólo comenzarán a aplicarse con timidez a partir de 2018, con excepciones flagrantes, como sucederá con los títulos cuyos tenedores sean intermediarios de trusts o fundaciones, y esto sin multas previstas para los países renuentes. En otras palabras, seguimos viviendo en la ilusión de que se arreglará el problema gracias a las buenas voluntades, sólo con solicitarles de buena manera a los paraísos fiscales para que empiecen a portarse bien. Urge acelerar el proceso e implementar duras sanciones comerciales y financieras a los países que no respeten las reglas estrictas. No nos engañemos: una sola aplicación reiterada de dichas sanciones ante el menor incumplimiento (y claro que los habrá, incluso con nuestros queridos vecinos suizos y luxemburgueses) establecerá la credibilidad del sistema y permitirá salir del clima de opacidad e impunidad generalizada que impera hace décadas.

Al mismo tiempo hay que establecer un registro unificado de los títulos financieros, lo que implica tomar el control público de los depositarios centrales (Clearstream y Eurostream en Europa; Depository Trust Corporation en ls Estados Unidos), tal como demostró Gabriel Zucman Para dar  credibilidad al sistema, podemos también instaurar sobre estos activos un derecho de registro común, cuya recaudación podría financiar las investigaciones para preservar un bien público mundial (como lo es el clima).

Queda una pregunta: ¿por qué los gobiernos hicieron tan poco desde 2008 para luchar contra la opacidad financiera? La respuesta breve es que se generaron la ilusión de que no necesitaban actuar. Sus bancos centrales emitieron la suficiente cantidad de moneda como para evitar el colapso absoluto del sistema financiero, y así eludieron los errores que, luego de 1929, llevaron al mundo al borde del abismo. Resultado: en efecto, evitamos la depresión generalizada, pero de paso nos eximimos de realizar reformas estructurales, normativas y fiscales que resultan indispensables.

Nos tranquilizaría observar que el balance de los grandes bancos centrales (que pasó del 10 al 25% del PBI) sigue siendo exiguo con respecto al conjunto de los activos financieros que los actores públicos y privados poseen unos sobre otros (alrededor del 1000% del PBI, incluso un 2000% en el Reino Unido), y podría aumentar en caso de necesidad. En verdad, esto muestra en especial la hipertrofia persistente de los balances privados y la extrema fragilidad del sistema. Esperemos que el mundo comprenda las lecciones de los Panama Papersy enfrente la opacidad financiera sin que tenga que haber una nueva crisis.

Los derechos para  la reproducción de este artículo fueron cedidos por Siglo XXI Editores, quienes acaban de publicar ¡Ciudadanos a las urnas! Traducción: María de la Paz Georgiadis y Luciano Padilla López