Precios, la salvaguarda de la ganancia empresarial

Las ganancias brutas de Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata se incrementaron un 112 por ciento en el bienio 2020-2021. Según los autores, el oligopolio alimenticio argentino traduce en precios la ganancia que proyecta. Dicho de otra forma: sintetizan en el valor de mercado las aspiraciones de rentabilidad que luego concretan. Para combatir la inflación proponen un triple movimiento: congelar primero, redistribuir vía salarios y salir luego de manera administrada.

En una economía con una alta capacidad ociosa y un 40 por ciento de población bajo la línea de pobreza, ni la emisión monetaria ni el déficit fiscal explican la inflación. No es la demanda la que influye en la evolución de los precios. Hay inflación porque pocos actores de la producción utilizan los precios para capturar crecientes ganancias. Los principales agregados contables de tres de las más grandes productoras de alimentos demuestran que en los últimos dos años sus ganancias crecieron al compás de la evolución de los precios de los bienes que ellas mismas producen.

De la lectura de los balances contables informados a la Comisión Nacional de Valores por las propias empresas se desprende que Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas -es decir: las ventas menos costos- del 112 por ciento durante el bienio 2020-2021, mientras que los precios de los alimentos se incrementaron en el mismo período un 114 por ciento.

Se trata de empresas que integran el selecto grupo de los formadores de precios. En el mundo existen diez corporaciones que dominan el mercado alimenticio. Seis son estadounidenses, dos británicas, una francesa y la restante es suiza. En nuestro país, el sector lo lideran Coca-Cola, Danone, Arcor, Molinos Río de la Plata, Ledesma Mondelez (ex Kraft Food) y Bagley Latinoamérica. De ese conjunto, solo es posible evaluar el comportamiento de Arcor, Molinos Río de la Plata y Mastellone Hnos. por la sencilla razón de que cotizan en la Bola de Comercio de Buenos Aires y están obligadas a informar sus balances. No así el resto.

Del estudio se desprende que durante el 2020, que representó el pozo de la última crisis, el trío de la alimentación obtuvo ganancias brutas por 87 mil 346 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento del 47 por ciento. Unos 11 puntos porcentuales por encima de la inflación del período. En 2021, la historia se repitió. Volvieron a expandir sus ganancia. Un 45 por ciento hasta llegar a los 126 mil 317 millones. Unos 5 puntos porcentuales por debajo de la evolución de precios. En otras palabras: en el acumulado del bienio, las ganancias de los tres conglomerados y los precios minoristas de los alimentos que producen corrieron a la par.

No es casualidad, ni significa que le “empataron a la inflación”. El oligopolio alimenticio argentino traduce en los precios las ganancias que proyectan. Dicho de otra forma: para estos formadores, el precio de venta no es una variable dada. Sintetizan en la fijación del valor de mercado las aspiraciones de rentabilidad que luego concretan.

Más aún. Si avanzamos en la lectura de los balances se verifica que las ganancias operativas -que descuentan gastos de administración y comercialización- también fueron positivas, tanto en 2020 como en 2021. Casi 20 mil 600 millones en el primero de los períodos, y poco más de 22 mil millones en el segundo.

Lo particular de este concepto de ganancia es que muestra cómo durante 2020 la rentabilidad fue extraordinaria: un 152 por ciento más que en 2019. El retorno vía remarcación incluso se vio acrecentado por la notable desaceleración de los costos de fletes , esto último por el derrumbe histórico de los precios del petróleo y el gas que se verificó en período.

Si bien es cierto que el año pasado las ganancias se desaceleraron, no menos cierto es que el colchón de 2020 compensó con creces el aumento de los costos operativos registrados en 2021. En definitiva, las ganancias operativas alcanzaron un crecimiento del 170 por ciento en el bienio.

El aumento de los precios internacionales de las materias primas -como el trigo, la soja y el maíz- que según las proyecciones se acelerará este año por el conflicto bélico en Europa del Este, junto con los aumentos de las tarifas y de la tasa de interés asociados al acuerdo con el FMI, más la aceleración del proceso de devaluación al que obligaría lo pactado, son un caldo de cultivo para que estos conglomerados busquen sostener el valor dolarizado de las rentabilidades conseguidas durante los últimos años.

Para comprender lo que está de fondo en el problema de la inflación es necesario invertir los términos de las recetas monetaristas. La emisión no necesariamente genera inflación. El orden, en realidad, es el siguiente: la concentración en sectores estratégicos en el marco de una deficiente regulación pública genera que un grupo de empresas aproveche todo margen extra de emisión para convertirlo en ganancia a través de la remarcación. Los precios actúan de salvaguarda de la ganancia empresarial.

De esta manera, toda decisión y evento que atenten contra el margen de rentabilidad, las empresas los neutralizan traduciéndolo en precios. Ocurre con los aumentos salariales, la suba del dólar o un aumento de los impuestos. Como si fuera poco, las firmas convierten en dólares el mayor volumen de pesos ganados, presionando así sobre un tipo cambio que vuelve a su vez a impactar en los precios.

Es simple, en la disputa por la apropiación del ingreso generado, el aumento de los precios -o el recurso inflacionario- es el mecanismo que las principales corporaciones locales utilizan parar disputar el excedente, ya sea por la vía de sus posiciones monopólicas u oligopólicas, desplegándose a lo largo de toda una cadena de producción o bien por la vía la conglomeración, lo que supone la presencia simultánea en diferentes cadenas de valor.

El argumento monetarista del FMI y del arco conservador político opositor no cierra, o cierra para sostener el modo desigual en que los distintos actores participan en la contienda inflacionaria. Por todo esto es que dada las coyunturas local y mundial, la imprescindible estrategia antiinflacionaria debería impulsar en forma combinada:

a) La aplicación de retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales, tanto en lo relativo a las commodities agropecuarias como en los insumos estratégicos.

b) Avanzar en un control social comunitario del sistema de formación de precios. Esto implica organizar la participación de la comunidad en torno a las cadenas de producción estratégicas. Ello requiere la participación del Estado, de las pymes, las cooperativas y los grupos empresarios organizados en torno a mesas por cadenas de producción. El objetivo: articular en cada cadena alianzas estado-comunidad que limiten la capacidad de fijación de precios y la apropiación del excedente por parte de los que detentan posiciones dominantes. Esto permitiría disciplinar los precios y orientar la inversión.

c) Un escenario con 50 por ciento de inflación supone la existencia de un componente inercial sumamente relevante que retroalimenta el proceso. Por lo tanto, requiere de una intervención de shock que, en una primera instancia, apele a un congelamiento general de precios por un período acotado fundado en una previa redistribución progresiva de los ingresos para conseguir una inmediata recomposición de las condiciones de vida de la población y una ampliación del mercado interno de base popular. Se trata de romper la inercia inflacionaria congelando la distribución del ingreso, pero no la actual, sino otra que pueda sostener un nuevo orden social. Del congelamiento habría que salir de manera administrada.

En síntesis: se trata de estabilizar un orden de precios relativos compatible con una estrategia de desarrollo. Si se cristaliza el orden actual, esto supone energía cara, costo financiero alto, dólar elevado y salarios bajos. Se estaría consolidando un régimen de acumulación que desarticula la posibilidad del desarrollo industrial, ya que eleva los costos de producción. El objetivo de la estrategia antiinflacionaria debería impulsar un orden que permita la distribución progresiva de los ingresos, la ampliación del mercado interno, el desarrollo de las economías regionales, la agregación de valor, la incorporación de progreso técnico y el ahorro de divisas.

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