En su sostenida política de venta de activos públicos, Cambiemos puso ahora la mira en las acciones que YPF tiene en Metrogas. Aunque todavía quedan trabas legales por superar, todo parece indicar que la petrolera estatal va a terminar perdiendo una valiosa parte de su capital.

La orden fue tajante. Vender la totalidad, o al menos reducir en forma sustancial, los paquetes accionarios que YPF tiene en Metrogas. Una tarea a cargo del equipo dedicado a las empresas públicas, que dirige Abbott José Reynal. El objetivo es reducir los 50.000 millones de pesos del presupuesto nacional que insumen las empresas públicas como Aerolíneas, YPF, Fadea, Tandanor y otro medio centenar.

La operación con las acciones de YPF en Metrogas, dicen en el oficialismo, permitiría al Estado nacional embolsar unos u$s 1.000 millones. Los encargados de liderar la movida son los managers económicos de Macri, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, una dupla obsesionada por reducir el déficit fiscal y seducir así a los inversores. Para apuntalar la iniciativa, Quintana consiguió  que el Ente Regulador del Gas (Energas) le solicitara a Metrogas que revise su composición accionaria. Un camino indirecto que prepara el terreno legal para justificar la venta.

Las coincidencias son evidentes. Días atrás, el Ceo de YPF, Ricardo Darré, quien reemplazó en el cargo a Miguel Galuccio -luego de que la presidencia quedara en manos de Miguel Gutiérrez- advirtió a las líneas gerenciales que la petrolera  se desprenderá de todos los activos que no den ganancias. Lo repitió durante una teleconferencia con inversores extranjeros. El argumento es que YPF debe concentrarse en lo que mejor sabe: la exploración y extracción de hidrocarburos.

La decisión de vender es, como mínimo, apresurada. La recomposición  de las tarifas preanuncia importantes utilidades para las concesionarias de servicios públicos, en especial en el sector de las generadoras, transportistas y distribuidoras de energía eléctrica y gas. Una perspectiva que sostienen en el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren.

La determinación es avanzar a pasos acelerados. La semana pasada, Metrogas notificó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a YPF -su principal accionista-, de la solicitud de desinversión reclamada por el Energas. Resta que el organismo que regula el mercado de capitales estudie el pedido. La respuesta de YPF fue de carácter formal y subraya que la empresa analizará los antecedentes de la exigencia en función de la defensa de sus intereses y los de sus accionistas. La respuesta es de manual, pero oculta la tirante relación que mantienen Gutiérrez y Quintana desde que ambos cruzaron armas en el terreno de los negocios privados.

Vale destacar que YPF controla el 70% de las acciones de Metrogas desde mediados de 2013 mediante el holding Gas Argentino (Gasa). El 30% restante se lo reparten la ANSeS, con el 8,13%, el personal, con el 10%, mientras que el resto son acciones que cotizan en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York. El argumento central de Energas para requerir la desinversión es que, de acuerdo a la legislación vigente,  la petrolera no puede manejar una empresa distribuidora de gas pues su actividad principal es la extracción gasífera y petrolera. Una restricción pensada para evitar la integración vertical  y, de esta forma, impedir que alguna empresa adquiera una posición dominante en el sector.

En el ecosistema petrolero, dicen que el director financiero de YPF, Daniel González Casartelli, es la persona que tiene a su mando la operación. Casartelli, aunque responde formalmente a Gutiérrez, es hombre de Quintana. En la city porteña subrayan que proviene del ecosistema financiero dedicado a fusiones y adquisiciones empresarias, función que desempeñó en el Bank of America.

El plan de desinversión, no obstante, aún tiene que ser aprobado por el directorio de la petrolera. La operación, obviamente, se concretaría una vez que los aumentos en las tarifas del gas estén en plena vigencia. Lo que elevaría el valor de los papeles. Todo esto en un contexto económico que producto de las decisiones del gobierno golpea a YPF, que redujo en forma sensible durante el año pasado su plan de inversiones.