Los fondos de inversión acreedores del país y los grandes bancos locales controlan y subordinan. Uno de sus instrumentos: los pasivos del Banco Central. Una enorme masa de recursos con la que embolsan formidables ganancias sin arriesgar y que el gobierno podría destinar a reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad.

El capitalismo financiero se caracterizada por el predominio de los fondos de inversión y las entidades financieras en el mapa de la economía mundial. Su actividad es centro y nexo de decisiones que condicionan a sus deudores, ya sean personas, empresas o gobiernos. Controla y subordina, al punto tal que muchas empresas que producen bienes y servicios son de su propiedad. Ocurre aquí y en el mundo.

La mejor demostración de su poder sobre nuestro país y su presente es BlackRock, el principal acreedor privado de la Argentina con títulos públicos por más de 2 mil millones de dólares, la mayoría emitidos bajo ley extranjera. Además es accionista de importantes empresas locales, pero fundamentalmente de los cuatro primeros bancos por volúmenes de depósitos. Los mayores poseedores de títulos de deuda del Tesoro en pesos y de las Letras de liquidez (Leliq) [1] y pases pasivos del Banco Central (BCRA).

A la condición descripta debe sumarse que BlackRock administra activos en todo el mundo por más de 6,5 billones de dólares -casi 20 veces nuestro PIB-. De ser un país, se ubicaría en el tercer lugar, detrás de Estados Unidos y China, pero sin tener que mantener un ejército ni programas de salud y educación. Es la razón por la que su Ceo, Larry Fink, tiene una clara influencia sobre el FMI y el gobierno estadounidense.

La situación Argentina es compleja. Cambiemos endeudó al Estado nacional por más de 100 mil millones de dólares. Del total, unos 45 mil 400 millones es deuda contraída con el FMI. Una parte, 24 mil millones, se empleó para pagar pasivos anteriores y 86 mil 200 millones se fugaron, según el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA.

Y acá está el centro del problema: las que fugaron son empresas en la cuales los fondos de inversión tienen el control accionario, o bien una importante participación. Otras son propiedad de los ricos de siempre: los Magnetto (Clarín), los Arrieta Blaquier (Ledesma), los Bulgheroni (Pan American Energy), los Pagani (Arcor), los Rocca (Techint), los Elsztain (IRSA) y los Urquía (Aceitera General Deheza), por mencionar algunos de los casos emblemáticos.

Un ejemplo. Las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlos durante el gobierno de Cambiemos fueron Telefónica Argentina y Pampa Energía. En ambas tiene participación BlackRock. La primera adquirió 1.248 millones. La segunda, casi 904 millones. Ninguna declaró ni pagó durante el período impuestos a las ganancias por esa magnitud. La Afip, sin embargo, no les pide cuentas. Y no se trata de que las compras fueran ilegales, siempre y cuando se pueda explicar el origen de los fondos.

Esa es la razón por la cual no se las investiga. La misma razón por la que el grupo de acreedores de la deuda externa que lidera BlackRock aceptó que el capital se amortice desde el segundo semestre de 2024. Lo mismo hará el FMI. Le concederá al país tres o cuatro años de gracia a cambio de que no se investigue a los que compraron dólares que se fugaron. Se podría argumentar que los 86 mil 200 millones los adquirieron casi 7 millones de personas y empresas. Tan cierto como que los 100 primeros fugadores se llevaron nada menos que 24 mil 679 millones. Ninguno registró en esos cuatro años ganancias suficientes para justifiquen compras de tales magnitudes.

Se trata de una minoría parásita y rentista. Se enriquece y saca dólares del país que, seguramente y en una parte importante, son administrados por BlackRock o algún otro fondo acreedor [2]. Los principales interesados en que el gobierno de Alberto Fernández acepte el acuerdo que quiere imponer el FMI. Les garantiza no devolver un solo dólar y, como si fuera poco, que la deuda la pagará el conjunto del pueblo argentino.

Lo dijo Nicolás Avellaneda en 1880: “…millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”.

En medio de la segunda ola del Covid-19, el gobierno optó por no implementar una cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Unos 90 mil millones de pesos que, como las tres rondas sí desembolsadas, hubieran sido una ayuda para los desocupados y quienes no podían trabajar por las restricciones sanitarias. Tampoco, por ejemplo, se optó por incrementar el monto del Plan Potenciar Trabajo, que abarca a 870 mil trabajadores [3] y que de llevarse a 55 mil pesos mensuales (el costo de una Canasta Básica Total) permitiría -haciéndose cargo el Estado nacional de los materiales- construir unas 260 mil viviendas por año.

Sin embargo, el gobierno le reconocerá a los bancos hasta fin de año acreencias por unos 700 mil millones de pesos por las Leliq y los pases pasivos. La suma de ambos activos financieros alcanza ya los 3,9 billones de pesos y la tasa efectiva que les paga el Banco Central promedia el 40 por ciento anual.

Para poner en pie a la Argentina real se deberían utilizar ese recurso, hoy inmovilizado, cuando en realidad son depósitos del conjunto de la sociedad que los grandes bancos usan sin riesgo alguno.

¿Opciones? Las hay. Por ejemplo, destinarlos a la construcción de viviendas populares mediante los planes de auto construcción, una actividad que no requiere insumos importados y que, además, funciona como un importante multiplicador de la producción local. Incluso se podría financiar un vasto plan de obra pública para generar empleo y reactivar la economía, al tiempo que se avanza con las imprescindibles inversiones en infraestructura. Incluso así quedarían recursos para seguir asistiendo a quienes se beneficiaron con el IFE, pero también a los trabajadores, jubilados y pensionados que perciben remuneraciones menores al costo de una Canasta Básica Total.

¿Qué hace el gobierno, además de pagarle a los bancos por esos fondos inmovilizados? Crea un “festival de bonos” que la Secretaria de Finanzas coloca entre las entidades del sistema y los fondos comunes de inversión mediante licitaciones periódicas en busca de financiamiento en el mercado local. El camino, sin embargo, es el contrario. El gobierno marcha a contramano. Premia a los grandes jugadores financieros locales e internacionales, cuyo máxima expresión es BlackRock.

Nada más alejado de lo que se necesita: un Estado presente que asuma los riesgos que el capital financiero no asumirá. Y lo que es peor, como la economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga y los pasivos financieros del BCRA se disparan porque la entidad no puede pagar los intereses, que en definitiva se capitalizan. Una bomba que de no haber un cambio de rumbo se agigantará hasta que, agotado el tiempo, termine estallando.

Notas

[1] Son préstamos de los bancos al BCRA de uno a seis días de plazo. Los cuatro bancos privados más grandes en la Argentina actual son Santander-Río; BBVA; Galicia; y Macro y en los cuatro BlackRock reconoce tener parte del capital accionario.

[2] Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.

[3] El Ministerio de Desarrollo Social aumentará el Plan Potenciar Trabajo a $14.040 desde agosto de 2021. El monto del Plan Potenciar Trabajo equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).