El creciente déficit fiscal y el resultado negativo del comercio exterior impulsan el endeudamiento. Atraso cambiario, mercado interno en retroceso y altas tasas de interés completan el panorama. El gobierno, cada vez más dependiente de la banca local e internacional.

Según el Boletín Fiscal, el déficit fiscal de 2016 fue de 481.920 millones de pesos, unos 32.000 millones dólares que el gobierno financió con endeudamiento externo. Pero hay más. En el mismo período, según el Ministerio de Finanzas, la deuda externa pública nacional se incrementó en 65.744,8 millones dólares para alcanzar los 288.447 millones. Por otro lado, las Letras del BCRA (Lebac) crecieron exponencialmente totalizando a mediados de junio pasado 860.611 millones de pesos. Si se agregan los  pases pasivos (77.131 millones de pesos) se obtiene una deuda cuasi fiscal de 937.742 millones de pesos, cifra que supera la base monetaria (a esa fecha de unos 805.071 millones de pesos) y que devenga un interés anual equivalente a unos 11.500 millones de dólares.

Las reservas Internacionales en oro y divisas -suponiendo que el total es de libre disponibilidad- asciende según el balance del BCRA a 44.336 millones de dólares, suma muy inferior al pasivo no monetario de la entidad. El tema, en especial en una economía como la Argentina, no es menor en virtud de la facilidad que tienen los bancos para quedarse con las reservas en poder de la autoridad monetaria.

El mecanismo perverso del “carry trade”, o bicicleta financiera, prepara la bomba de tiempo. La razón es sencilla: el gobierno nacional, pero también las provincias amigas de la Casa Rosada, toman deuda en divisas, se la cambian al BCRA por pesos que entran en circulación y que luego son esterilizados en exceso por la entidad mediante pases y Lebac. Además, los pases son instrumentos cortos (en torno a los 7 días), lo mismo que el grueso de las Lebac que se licita en forma mensual. El mecanismo, sin duda, genera una dependencia extrema ligada a la voluntad de los tenedores. El objetivo del gobierno, al fijar tasas altas (25,5% anual) es evitar que los compradores de esos instrumentos se pasen al dólar. Sin embargo, y pese al “carry trade” impulsado por la política monetaria del BCRA, la posibilidad de una rápida dolarización de las carteras es alta.

El panorama se torna más preocupante si se tiene en cuenta la imposibilidad de un nuevo Plan Bonex, como el implementado en 1989 por Menem. Es decir: un canje compulsivo de todos los plazos fijos por títulos públicos. Hoy, la mayoría de los tenedores no son particulares. Son los mismos bancos que participaron en las colocaciones de deuda externa del gobierno de Macri con un bono a 100 años: el JP Morgan, el HSBC, el Citigroup, el Santander Río y el Nomura, banco japonés que comenzó a operar en América latina asociado al Santander. A esas entidades se suman otras que como los anteriores –con excepción del Nomura- participaron en el megacanje de 2001(1): el Galicia y el BBV-Francés.

Lo peor del caso, y que se debe entender antes de toda discusión, es que el endeudamiento tiene por objeto cubrir los vencimientos de deuda y financiar los gastos corrientes del Estado nacional y las provincias, deficitarios por la eliminación de casi todas las retenciones, la disminución de lo pagado por ese concepto por la soja y la menor recaudación tributaria asociada al menor nivel de actividad.

Foto: Rafael Calviño.

Los mismos bancos que consiguen dólares en el exterior participan de la colocación de Letras y pases. No importa si lo hacen por cuenta propia o para terceros. Ellos son los grandes operadores y esto explica porqué -para tomar un ejemplo que nos exima de otros comentario- las ventas mensuales de billetes alcanzaron en mayo pasado una máximo histórico de 1.581 millones de dólares y, al mismo tiempo, las compras se mantuvieron como en meses anteriores al totalizar 2.358 millones de dólares.

La relación entre los pasivos del BCRA, sus reservas internacionales y la operatoria de los bancos explica la fragilidad del gobierno y su dependencia de los banqueros, quienes han nombrado a todos los altos funcionarios del área. Una larga lista que incluye a Luis Caputo en el flamante Ministerio de Finanzas (ex JP Morgan y Deutsche bank), a Nicolás Dujovne en Hacienda (durante 10 años jefe de economía del Banco Galicia) y a Francisco Cabrera en Producción (ex gerente general de Máxima AFJP del grupo HSBC).

Párrafo aparte merece el inefable Federico Sturzenegger, hoy presidente del BCRA y “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según la resolución de fines de 2013 del juez federal Sebastián Ramos, quien ordenó un “embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos” por haber sido el principal funcionario de la gestión de Cavallo que intervino en el megacanje.

Todo esto sin contar el nombramiento en la Unidad de Información Financiera de la abogada María Eugenia Talerico, defensora del Ceo del HSBC de la Argentina.

Los déficit gemelos

En el corto plazo existen sólo dos formas de financiar el déficit fiscal: tomar deuda pública o emitir moneda. El mecanismo perverso del endeudamiento lo ejecutó durante la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, amigo y socio menor de la banca internacional. El plan respaldado en las Fuerzas Armadas tuvo una estructura muy sencilla. Se instrumentó con tres medidas básicas, que se volvieron a repetir con el Plan Austral, con el Plan de Convertibilidad y que, ahora, vuelven al centro de la escena con la política de Macri:

  1. a) Retrasar el tipo de cambio. La recordada “tabita” cambiaria que prefijaba un valor del dólar muy menor al crecimiento de los precios.
  2. b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de las medidas para arancelarias; es decir: desprotección aduanera.
  3. c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar.

De esa manera se propició el ingreso de capitales especulativos atraídos por tasas de interés que eran mayores que el crecimiento de los precios, y muy superiores a la evolución cambiaria. Un juego perverso que encareció el crédito para empresas y personas, llegando a ser confiscatorio del capital. La situación generó una brutal transferencia desde la producción y el consumo en favor del sector financiero.

La dinámica fue posible por el excedente de liquidez aportado por los países petroleros árabes. El sistema financiero mundial debía colocar los llamados petrodólares a tasas muy bajas. La burguesía local pedía préstamos en el exterior en dólares a  tasas bajas y luego compraban títulos públicos, acciones o simplemente hacían depósitos a plazo fijo en pesos. La diferencia ganada volvía al dólar y el ciclo recomenzaba. La renta se abonó con más endeudamiento externo. Cuando no se pudo pagar ni los intereses de la deuda, se cayó en default y se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, FFCC, SEGBA, Gas del Estado y Somisa; se privatizaron las rutas, puertos y hasta el sistema previsional, entre otros activos públicos.

El Fondo Monetario Internacional jugó un rol destacado como orientador de la política económica de todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura, los cuales debieron subordinarse a sus recomendaciones. La subordinación quedó plasmada en la interminable serie de acuerdos stand by y en los condicionamientos suscriptos desde fines de 1975 hasta el 25 de mayo de 2003.

La deuda pasó de 5.189 millones de dólares en diciembre de 1975 a 28.6216 millones de dólares en 1982. Los seguros de cambio que transfirieron la deuda privada al Estado hicieron el resto. En diciembre de 1983, cuando asumió el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, la deuda trepaba a 43.610 millones de dólares. El descomunal endeudamiento benefició a un sector muy concentrado, se extranjerizó la economía y se profundizó la dependencia del capital financiero internacional.

Vale recordar que la tablita de Martínez de Hoz derrapó a raíz de los constantes y crecientes déficit comerciales de aquellos años. Roto el eje de convertir dólares en pesos, se cayó el plan. Martínez de Hoz fue reemplazado en marzo de 1981 por Lorenzo Sigaut, quien devaluó y dio inicio a una corrida cambiaria que lo obligó a dejar el Ministerio de Economía. La situación arrastró a Roberto Viola. En  diciembre de ese año, la dupla Viola-Sigaut dejó paso a la integrada por Roberto Alemann y Leopoldo Galtieri. La restricción del gasto público, la privatización de bienes estatales y el congelamiento de los salarios llevaron a una gravísima depresión económica que desembocó en el paro general del 30 de marzo de 1982, liderado por la CGT Brasil bajo la consigna Pan, Paz y Trabajo.

El proceso de dependencia iniciado en 1976 siguió hasta la implosión del modelo de valorización financiera en los aciagos días de diciembre de 2001. El costo para el pueblo argentino: 38 muertos en dos días asesinados por las fuerzas de seguridad; además de un mayor endeudamiento producto de la pesificación asimétrica y la absorción por parte de la Administración Nacional de las deudas provinciales.

El default de 2001, al suspender el pago de la deuda pública y producir una profunda devaluación de la moneda nacional, licuó parte del gasto público. La combinación hizo que reapareciera el superávit fiscal, que se apuntaló con la renegociación de la deuda pública en 2005, proceso que derivó en una quita de capital y en la extensión de los plazos. Ello, sumado a la mayor recaudación tributaria por las retenciones a las exportaciones y el mayor nivel de actividad que comenzó con la presidencia de Néstor Kirchner, permitió ganar importantes grados de autonomía.

Sin embargo, la crisis internacional, la sequía local y el conflicto con el “campo” en 2009, más la política de seguir subsidiando la energía  y el transporte, hizo que las cuentas públicas volvieran a ser deficitarias. La diferencia se financió casi exclusivamente con el Banco Central, lo que tuvo impacto inflacionario.

Hoy, otro frente de tormenta se suma al déficit fiscal: el déficit comercial. En 2016 se obtuvo un superávit de 2.124 millones de dólares en el intercambio de bienes. La razón hay que buscarla en la brutal devaluación, que llevó el precio del dólar de $9,70 en diciembre de 2015 a $15,80 en febrero de 2016. Esto en un marco de quita y/o reducción de las retenciones, pero en un contexto de fuerte déficit en la cuenta corriente, que llegó a los 15.024 millones de dólares.

En lo que va de este año, la Balanza Comercial acumula un déficit de 1.800 millones de dólares. Las causas son el sostenido crecimiento de las importaciones -que sustituyen a la producción local- y el estancamiento de las exportaciones. El panorama no es mejor a futuro. Para 2018 se espera un déficit de 3.800 millones de dólares y de 4.929 millones en 2019.

La falacia de la deuda

Los déficits fiscal y comercial se mantendrán. Más todavía en una economía que no crece, y que obviamente no tiene chances de crecer cuando se empuja para abajo el principal componente de la demanda agregada: el consumo, que representó en 2015 el 75% del PIB.

Por otra parte, las inversiones dependen del crecimiento y deben pujar con una tasa de interés confiscatoria del capital. La pregunta obligada es con qué se pagará el endeudamiento. Puesto de otra forma: ¿por qué sabiendo esto, los mercados internacionales le siguen prestando en moneda dura a la Nación y las provincias?

La respuesta está en nuestra propia historia y señala que se pagará con los activos más preciados del Estado nacional. Allí están para garantizar el endeudamiento YPF -con Vaca Muerta incluida- y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Pero también se pagará “con sangre, sudor y lágrimas”, como afirmó en 1877 el entonces presidente Nicolás Avellaneda.

Es una falacia que podemos financiarnos con deuda. Lo pudieron hacer, por ejemplo, Corea del Sur y Australia, pero por razones geoestratégicas e históricas. Hay, además, una diferencia fundamental: esos países invirtieron en producción y en generación de empleo. Nada que ver con nuestra rapiñera burguesía, que se prende en cuanto negocio financiero le otorgue la posibilidad de entrar sabiendo el resultado final del juego.

La imposibilidad queda demostrada por la gestión de Macri, que mientras tanto improvisa en salud, en educación, en asistencia social, en obra pública; sin conocer el oficio y sin vocación. Por otra parte, lo único que le interesa a la burguesía rapiñera es conocer cuánto puede ganar en pesos para pasarse al dólar y fugar las divisas obtenidas en la bicicleta financiera. Esa es la razón por la cual la Argentina tiene el raro privilegio de ser el único país en que sus residentes más ricos poseen activos financieros en el exterior por un monto equivalente a su PIB. En otros términos: se fuga lo que producimos en un año. Allí reside, además, la explicación de la regresiva distribución del ingreso.

En síntesis: la deuda genera una rápida y fácil riqueza al capital financiero y a sus intermediarios; al tiempo que sólo deja despojo y miseria al pueblo argentino.