El capital financiero, las petroleras y los exportadores agropecuarios despuntan ya como los grandes ganadores del proyecto que discute el Congreso. Separada la hojarasca oficial, la iniciativa expone las prioridades de Largarde y el gobierno: las privaciones de muchos, las ganancias de muy pocos.

En el mejor de los casos, entre enero de 2016 y diciembre de 2019, la economía habrá caído un 4 por ciento, la deuda externa se habrá disparado de 250 a 400 mil millones de dólares y la inflación acumulada rondará el 135 por ciento. Hacia el final de mandato de Macri, el salario promedio será como mínimo un 40 por ciento menor en dólares y acumulará una pérdida de poder adquisitivo de no menos del 25 por ciento. La desocupación, con suerte, rozará 13 por ciento en un contexto de creciente precarización laboral y pobreza.

No es fatalismo. La hoja de ruta quedó reafirmada en el nuevo acuerdo stand by de 36 meses que aprobó el directorio del FMI y que finalmente fue de 56 mil 300 millones de dólares. Un respiro para Cambiemos, algo de tranquilidad para los acreedores y un nuevo papelón para el FMI, que no advirtió el anunciado fracaso del esquema de metas de inflación que, ahora, devino en un laxo compromiso de mantener un tipo de cambio flexible y en un durísimo ajuste monetario. En la imprevisión hay que buscar la razón por la que Lagarde & Cia evitaron sancionar a Cambiemos con un waiver por el incumplimiento de las metas objetivos originales y optó por hacer borrón y cuenta nueva.

El primer desembolso del FMI será casi inmediato. Unos 5 mil 700 millones de dólares. El segundo llegará a mediados de diciembre. Será de unos 7 mil 600 millones. La columna vertebral de lo pactado es la misma: el déficit cero, la ofrenda del gobierno que promete multiplicar la larga lista de calamidades ya producidas. Fatigoso y deprimente es recorrerlas. A los datos apuntados podrían agregarse la pauperización de los sectores populares y los brutales recortes presupuestarios en educación, salud, vivienda, ciencia y tecnología.

Abreviando: el país será menos rico, pero no todos serán más pobres. Macri podrá ser reelegido, o no; pero nadie podrá negar que reinstaló un patrón regresivo de acumulación. ¿Un éxito de patas cortas para el círculo rojo? Se verá con el correr de los meses. Si la respuesta no llega desde el campo de la política, tal vez lo haga desde la misma calle si el descontento social decide marcar la cancha.

Cambiemos, por ahora, consiguió lo que buscaba: los votos en Diputados. Se lo permitió la anuencia de una veintena de legisladores que revistan en las filas del mentado “peronismo racional” y el apoyo de los bloques provinciales. La revisión, aunque a vuelo de pájaro, no puede excluir a poco más de media docena de diputados del PJ que, abstención mediante, facilitaron la tarea del interbloque de Cambiemos. Un sector lábil donde tallan los gobernadores. El argumento, aunque dudoso, es bien conocido: primero, la gobernabilidad. ¿El famoso teorema de Baglini? El lector elige. Lo concreto es que el oficialismo se quedó con la votación y la oposición con el discurso. Sí, una vez más.

No es ajuste; es transferencia

La fenomenal disparada del dólar registrada desde enero pasado se traducirá hacia fines de este año en una renta extraordinaria para el sector exportador del orden de los 610 mil millones de pesos. Un monto casi equivalente al ajuste programado por Cambiemos hasta diciembre de 2019. Descontadas las retenciones light a las que el gobierno echó mano para alcanzar el déficit cero, las 30 empresas que lideran el panel habrán embolsado unos 450 mil millones de pesos por el solo efecto devaluatorio. Así lo señala un esclarecedor análisis del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de Unidad Popular (UP) [1].

La nómina de los beneficiados es conocida. Cargill, Bunge, COFCO, Aceitera General Deheza, LDC Argentina, Vicentín, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno, ADM Agro, Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Cañuelas son algunas de las firmas ganadoras. No las únicas. En el listado están Toyota y Ford. También el oligopolio petrolero que lideran YPF, Pan American Energy, Total y Winstershall, un reducido conjunto de empresas que, además, habrán recibido subsidios en el bienio 2018/2019 por unos 2.800 millones de dólares; entre 105 mil y 115 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Algo así como el 16 por ciento del mentado esfuerzo fiscal acordado por el gobierno con el FMI.

El informe del IPyPP, coordinado por Claudio Lozano, señala que la renta extraordinaria que no captura el Estado es casi equivalente al total asignado en el proyecto de Presupuesto 2019 para financiar el déficit del Sistema de Seguridad Social [2]. Dicho de otra forma: el doble de lo asignado a Educación y Cultura, tres veces más de la inversión en Salud, siete veces más de lo presupuestado en Promoción y Asistencia Social, 10 veces más que lo pautado para Ciencia y Tecnología y 16 veces más que lo proyectado en Vivienda. “La magnitud de esta cifras y su relación con el resto de las partidas habla a las claras del papel de potenciación de la desigualdad que caracteriza al proyecto de Presupuesto 2019”, resume el informe.

La frazada de los pobres

A pesar de que el rubro Servicios Sociales explica el 63 por ciento del gasto total del proyecto de Presupuesto 2019 [3], unos 2.642.000 millones de pesos -monto exiguo de cara a los desastres sociales provocados y los por venir-, el esfuerzo presupuestario es menor al declarado por Cambiemos. En pocas palabras: el gobierno hace trampa. ¿Por qué? Sencillo: incluye en el Gasto Social los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones. Si se excluyen los aportes y contribuciones hechas por trabajadores y empresarios, además de los recursos capturados en forma automática vía impuestos específicos, resulta que el monto presupuestado desciende a 965 mil millones de pesos [4]. Apenas el 39 por ciento del gasto total.

No es raro que en este contexto las partidas más afectadas sean la destinadas a solventar las asignaciones familiares y las pensiones, sean o no contributivas. En la práctica, la iniciativa oficial, de casi segura aprobación en el Senado, implicará un recorte sobre que lo reciben unos 250 mil beneficiarios en concepto, por ejemplo, de ayuda escolar, seguro de desempleo, invalidez y maternidad. El objetivo es claro: consolidar un esquema de redistribución del gasto social entre pobres. Verbigracia: para cumplir con la movilidad jubilatoria recortan a otras funciones sociales.

Muchos números son conocidos, pero vale la pena echarles una última mirada. Se ha dicho hasta el cansancio: los aumentos en las partidas con fines sociales son nominales. Pierden contra la inflación. Resultado: las caídas reales afectan, entre otros ítems, al programa de Seguro de Desempleo (-18%), al Fondo Nacional de Incentivo Docente (-20%), al Programa de Políticas Alimentarias de Desarrollo Social (-3,5%) y al Programa de Apoyo al Empleo (-10,9%); también a los planes de atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas (-10,3%) y a los programas destinados a la protección de los derechos de los niños/as y adolescentes (-18,2%) y de la mujer (-8,3%).

Deuda y más deuda

La deuda pública no para de crecer. Volvió a dispararse en el tercer trimestre y seguirá creciendo. Hacia fines de este año representará ya el 87 por ciento del PBI. Algo así como 315 mil millones de dólares. La bestial devaluación, que licuó en parte la deuda en moneda local, disparó el peso de la nominada en moneda extranjera. Las necesidades de financiamiento son cada vez más acuciantes. Según el proyecto de Presupuesto, unos 39 mil millones de dólares durante 2019. Esto si Dujovne consigue refinanciar deuda. Caso contrario, ni con el salvataje del FMI alcanza.

Vemos los números. En el último bimestre de este años vencen 25.550 millones de dólares y durante 2019 otros 56.700 millones entre bonos, Letes, Lebacs, Lecaps y Leliqs. Un total de 82 mil 300 millones hasta el final del mandato de Macri. Según lo acordado con el FMI, el organismo desembolsará 36 mil millones. Cambiemos necesitaría cubrir más de la mitad de los vencimientos. Un panorama explosivo. La fe del gobierno está puesta en la buena disposición de los acreedores para refinanciar los pasivos. Va de suyo que si acceden a correr el riesgo será a cambio de tasas crecientes y plazos más cortos.

Mucho de ese escenario quedó a la vista en agosto y setiembre. Pese a las señales del FMI, el gobierno no consiguió colocar deuda a más de un año de plazo. Las únicas colocaciones fueron Letras del Tesoro, que en su variante en moneda local alcanzaron un total de 4 mil millones de dólares a tasas de interés que se ubicaron por encima del 40 por ciento anual. Las emisiones en moneda extranjera apenas alcanzaron los 1.730 millones, con rendimientos por encima del 6 por ciento.

Aun con esta restricción, las colocaciones totales del Gobierno nacional acumularon en lo que va de este año 63 mil 430 millones de dólares, que sumados a los 94 mil 680 millones de deuda contraídos en 2017 explican que la partida presupuestada para el pago de intereses durante 2019 se incremente un 50 por ciento y trepe a 750 mil millones de pesos. El 18 por ciento del gasto total del Estado nacional. Una relación que se eleva al 30 por ciento si se calcula sobre lo que efectivamente aportará la Administración Central para financiar el déficit previsional.

Para que queda más claro. De cada 100 pesos que en principio calcula gastar Cambiemos durante el año que viene, 30 se irán en intereses de la deuda pública y 16 a la Seguridad Social. Apenas 9 irán a Educación y Cultura, 6 a Salud, 2 a Ciencia y Técnica y menos de 1 pesos a Vivienda. En términos reales, la reducción será del 6 por ciento en servicios sociales, del 23 por ciento en educación y cultura, del 48 por ciento en vivienda y urbanismo, del 20 por ciento en promoción y asistencia social, del 8 por ciento en salud, del 17 por ciento en ciencia y técnica y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado. Un verdadero récord.

Lo que vendrá

Macri consiguió escapar hacia adelante, pero nada dice Cambiemos de la fatal herencia que dejará al próximo gobierno. Quien resulte electo en las presidenciales deberá lidiar con un panorama social y productivo desolador. En materia financiera, el horizonte presagia ya una renegociación de la deuda pública. Lo advirtió Sergio Massa, que nada tiene de disruptivo. Ni qué hablar de los gurúes de la city porteña que corren por derecha. Probablemente no será un default total, sino selectivo.

Entre 2020 y 2023, años en el que el FMI solo aportaría unos 6 mil millones de dólares, los vencimientos ascenderán a 130 mil millones, de los cuales 56 mil millones corresponden al salvataje negociado con Lagarde. Un cronograma incumplible. En este escenario, la suerte quedará atada al FMI. Los mercados del exterior lo saben. De allí que los bancos globales y los grandes fondos de inversión ya consideren al país en default. En buen criollo: no creen que la Argentina pueda seguir pagando sin reestructuración o quita.

Todo esto sin contar la fuga de capitales. Solo en los primeros nueve meses de este año salieron 25 mil millones de dólares. Un total de 57 mil millones en lo que va de la era Cambiemos. ¿Qué puede ocurrir en un año electoral? Que la fuga sea inversamente proporcional a la aprobación que Macri exhiba en las encuestas. Otras vez el fuego amigo, que le dicen. El terror al populismo. Un fantasma que ya agita el oficialismo, la city y los medios de comunicación alineados con Cambiemos. El veto de los mercados dispararía una nueva corrida cambiaria, pero esta vez con una alta probabilidad de extenderse al sistema financiero. Un verdadero incendio que haría necesario nuevos corralitos y corralones, o una versión actualizada del Plan Bonex.

Para peor, en el orden internacional seguirán pasando “cosas”. Las mismas que Cambiemos no quiso o no supo anticipar: guerra comercial y tasas en aumento. Además, habrá que ver el rumbo que adopta el Brasil de Bolsonaro y la suerte del Mercosur. Por lo pronto, la puja entre Trump y la Reserva Federal se resolverá en favor de la segunda. Aunque la Casa Blanca no quiera, los popes del sistema financiero estadounidense ya decidieron que las tasas seguirán un camino ascendente. Volverán a subir en diciembre y varias veces más en 2019. El inicio de un nuevo fly to quality.

En síntesis, el proyecto de Presupuesto 2019 que discute el Congreso se asienta en una única premisa: la confianza que puede despertar en los acreedores el déficit cero y el salvataje del FMI. La aprobación definitiva de la iniciativa en el Senado no será otra cosa que un auto de fe ante el Santo Oficio del FMI. Se trataría pues de expiar las culpas del populismo. El destino de la procesión, Washington. No habrá hogueras como en el medioevo, pero sí suplicio. Lo dicho: el de casi todos en beneficio de muy pocos. Puro ajuste para garantizar el pago de lo impagable.

Notas

[1] Mentiras y cinismo en el Presupuesto. En: https://ipypp.org.ar/2018/10/17/mentiras-y-cinismo-en-el-presupuesto-2019/

[2] Lo que no se alcanza a cubrir con los impuestos de asignación específica al sistema y los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores. Cabe destacar que la reducción de los aportes patronales que impulsó Cambiemos se traduce en una merma de unos 44 mil millones de pesos al año.

[3] Solo llega al 77%, como argumenta el oficialismo, si no se computa como gasto el pago de los intereses de la deuda pública.

[4] Unos 410 mil millones de pesos para cubrir el déficit del sistema y 965 mil millones provenientes de los recursos derivados a la Anses en forma automática por impuestos específicos y aportes a la seguridad social.