Finalmente, el acuerdo llegó al Congreso. El texto confirma las condicionalidades fiscales y monetarias que Guzmán anticipó. Las dudas: qué postura adoptará la oposición y el sector del oficialismo que responde a Cristina Kirchner. Una vistazo a las cuestiones técnicas más relevantes y a la movida que asoma: un albertismo recostado en los gobernadores, los movimientos sociales que le son afines y la CGT.

El gobierno finalmente cerró el capítulo técnico y ahora tendrá que esperar la aprobación del Congreso para llevar el acuerdo al directorio del FMI, un ámbito que -ironías de la política- parece más bastante más amigable que las bancadas de la oposición y que un importante sector del propio Frente de Todos. ¿Qué postura tomarán los diputados que responden a Máximo Kirchner? Un misterio. ¿Cuál será la decisión de la oposición, luego de que un numeroso sector dejara el recinto durante el discurso de Alberto Fernández? Otro misterio.

Algo es seguro: el ala política del gobierno deberá esforzarse para sumar voluntades y no habrá luz verde por parte desde Washington hasta que no haya aprobación legislativa. Va de suyo que tampoco desembolsos. Casi una carrera contrarreloj. La fecha aunque no límite, pero si importante: el 22 de marzo. Ese día operará un vencimiento de capital por unos 2 mil 800 millones de dólares producto del stand by de 2018. Un tema del que está pendiente la city porteña, mientras le cuenta las costillas al BCRA.

Por lo pronto, el cronograma señala que el lunes será el turno de Martín Guzmán. Llegará a la comisión de Presupuesto acompañado por el representante ante el FMI, Sergio Chodos; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce. El martes expondrán la CGT, la CTA, algunos movimientos sociales, las cámaras empresarias y el Grupo de los Seis. Se descuenta que, con sus más y sus menos, casi todos acompañarán. El miércoles, finalmente, se formalizará el plenario de comisiones y el oficialismo intentará lograr el dictamen para habilitar la discusión en el recinto los días jueves y viernes. Luego le llegará el turno al Senado, donde todo pinta más sencillo.

Aunque el oficialismo corre con la peor parte, tampoco la tendrá fácil la oposición. Las tres patas de Juntos por el Cambio tienen diferencias importantes. Lo que se vio durante durante la apertura de la sesiones extraordinarias del Congreso. Las diferencias no solo existen entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, sino que también las hay hacia el interior de cada espacio. La UCR está dividida en dos bloques. Uno presidido por Rodrigo de Loredo. El otro por Mario Negri. El PRO, conducido por Cristian Ritondo, también registra matices. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se disputan el liderazgo. Los más duros ya hablan de una nueva “bomba de tiempo” y que no estarán dadas las condiciones para hacer frente a los vencimientos de la deuda ya reestructurada a partir de 2025.

Hasta el momento, los más cercanos a Larreta, dicen que la idea es “acompañar” las cuestiones del acuerdo vinculadas a lo estrictamente financiero: el monto del préstamo, los plazos y las tasas de interés. No más que eso. Aseguran que no están dispuestos a convalidar otros temas, como el aumento de las tarifas. En tal caso apoyarían solo la parte del dictamen que versa sobre lo financiero. Una forma de tomar distancia sin aparecer obturando la salida consensuada por Guzmán con el FMI al problema que Cambiemos generó. La táctica quedó establecida tras la reunión que tuvo Larreta con los legisladores que le responden. Habrá que esperar.

Se diría que el FMI finalmente priorizó un acuerdo que definió como “pragmático y razonable” en el comunicado del jueves. Una lectura muy similar a la que hace el gobierno. En otras palabras: un acuerdo que pueda transitar por el Congreso, en lugar de un programa con las típicas reformas estructurales que reclama el organismo. Lo que Guzmán enarbola como un éxito y alientan el Pro, las grandes empresas y el sector financiero. Los que corren por derecha y presionan para que Alberto Fernández haga el trabajo ingrato de despejarle el horizonte al próximo gobierno.

Lo que está claro es que el acuerdo definirá la cancha en la que jugará el Frente de Todos de aquí hasta el final del actual mandato presidencial. El texto enviado al Congreso confirma a grandes rasgos lo que se sabe. El escenario en los próximos años estará signado por el compromiso de concretar una fuerte reducción del déficit primario y un abrupto corte de la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional. Los desembolsos, tal y como anticipó Guzmán, tendrán un carácter condicional. Si no se cumplen las metas, no habrá desembolos para cubrir los temerarios vencimientos acordados en el stand by 2018. Será vivir al borde del default.

En la Casa Rosada, en sintonía con el comunicado del FMI, insisten en que el acuerdo es razonable. Subrayan que se trata del mal menor, que el default es un salto al vacío y que lo acordado no doblegará la soberanía nacional. Un optimismo que luce excesivo. Las condicionalidades monetarias y fiscales están a la vista, el acreedor es poderoso y ordenar las cuentas públicas sin condicionar las políticas de justicia social tiene mucho de utopía.

Los números centrales son los anticipados. Se mantienen. La meta de reducción del déficit fiscal primario para este año será del 2,5% del PBI, cae a 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024. En 2025 se llegaría al equilibrio. En parte se lograría con el gradual recorte de los subsidios energéticos. Aumentos de tarifas, en pocas palabras. La emisión monetaria debería ser de 1% del PBI este año, quedaría en el 0,6% en 2023 y llegaría a cero en 2024. Las tasas de interés estarán por arriba de la inflación. No habrá reforma jubilatoria, pero sería voluntaria la opción de alargar la edad jubilatoria. La formula de movilidad es la sancionada en 2020 y se revisarán los regímenes especiales de jueces y diplomáticos. También estará bajo estudio un esquema opcional de edad jubilatoria.

Para algunos, el acuerdo encaminará al país a nuevo desastre económico. Lo afirman los que sostienen que solo servirá para ganar tiempo, ralentizará la recuperación económica, prolongará el sufrimiento social y, al fin y al cabo, no solucionará la pesada mochila de la deuda. La razón: que no habrá una restructuración de la deuda. La conclusión es lapidaria, y no solo viene por izquierda.

Puesto de otra forma, el talón de Aquiles seguirá siendo la sostenibilidad de la deuda pública. La lectura trasciende lo local. Apunta que no hay razones para ser optimistas sobre los factores de crecimiento externos. No al menos en los próximos años. El pronóstico subraya que el clima financiero internacional empeorará para los mercados emergentes. Lo haría en la medida en que la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también otros bancos centrales de importancia, eleven sus tasas de interés para combatir la inflación. Ergo, el crecimiento global será más lento y afectará los precios de las materias primas y los ingresos por exportaciones.

Hay otra cuestión. No es menor. Lo dicho: se supone que la financiación monetaria por parte del BCRA bajará del 4,6 al cero por ciento del PBI entre este año y 2024. ¿Llenará la brecha financiera el mercado local? Parece muy improbable por su escaso volumen. Menos probable es que lo hagan los bancos internacionales y los fondos globales de inversión. La suba de las tasas por parte de las FED, que se concretará a este mes según anticipó Jerome Powell, anuncia un reflujo de los capitales hacia los bonos del Tesoro estadounidense. La opción más segura.

En lo inmediato, Guzmán apuesta a acomodar las cuentas y sostener el gasto de capital con los créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Unos 5 mil millones de dólares. Apenas lo justo para sostener la recuperación durante este año. El año que viene, sin esa disponibilidad de divisas para garantizar la importación de bienes de capital e insumos, las exportaciones deberán traccionar con fuerza para seguir creciendo. Además, las tasas de interés reales que reclama el FMI probablemente tengan un impacto negativo en el nivel de actividad. ¿Crecerá entonces la economía un 4% este año y un 3% el próximo? Si ocurre será todo un logro. Tres años consecutivos de crecimiento. Algo que no se ve desde 2008.

En síntesis: un escenario económico, financiero y social complejísimo. También en lo político. Para transitarlo, el albertismo comenzará a mover sus fichas. Será una vez que el directorio del FMI apruebe el acuerdo. La idea, motorizada por los integrantes del Grupo Callao, es ampliar la base de sustentación presidencial consolidando un armado que incluya a las organizaciones sociales que más sintonizan con la agenda de Alberto Fernández, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y el Movimiento de Unidad Popular, pero también con la CGT. Los que animaron la Plaza Congreso el primero de marzo.

Algo de ese armado se verá por estos días en la sede peronista de la calle Matheu. El mitin, al que prometieron asistir varios gobernadores, entusiasma a los gremios. Lo promueven Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta. Se trata, sin duda, de un dato central de cara a la cada vez más compleja relación entre albertistas y cristinistas. La movida difícilmente se traduzca en una ruptura total con La Cámpora. Sin embargo, parece indicar que se avecina una nueva etapa. Ganar músculo político es la consigna. La condición sine qua non, según la lectura oficial, para avanzar con el acuerdo y sortear las revisiones trimestrales.