El aumento de las tarifas de luz y gas que impulsa el Gobierno y la segmentación del suministro eléctrico para unos 500 mil usuarios no reducirá sustancialmente el gasto en subsidios, que este año oscilarían entre los 12 y los 15 mil millones de dólares. El tema deviene central en el marco del ajuste que exige el FMI. Un vistazo al invierno que se viene, la disparada de los precios mundiales de la energía y la presión sobre las reservas del BCRA.

El panorama es complejo. Las bajas reservas hídricas en la región del Comahue, los menores envíos de gas natural desde la cuenca neuquina y Bolivia, sumados a la sequía histórica en los ríos Paraná y Uruguay -que impactan sobre las represas de Salto Grande y Yaciretá- tensionan el parque generador. La situación obligó a la Secretaría de Energía a incrementar las importaciones de gasoil y fueloil para reforzar las reservas destinadas al parque termoeléctrico. Hasta aquí, lo inmediato.

De cara al invierno, diversos actores del sector energético coinciden en que durante los meses de mayor frío el sistema máximizará el uso de combustibles líquidos, como fueloil y gasoil, pero también deberá echar manos de la importación de gas natural licuado (GNL). Con relación a este último estiman que el costo de las compras podría triplicarse. En parte por los mayores volúmenes requeridos de cara a la recuperación económica y, muy especialmente, por la fuerte suba de los precios internacionales del gas natural y del GNL.

Los análisis globales señalan diferentes causas. La principal, el rebote de la economía mundial, pero también, aunque en mucha menor medida, el mayor costo que supone una transición energética ante el cambio climático que presiona por la sustitución del carbón por combustibles menos contaminantes, como el gas natural. También apuntan la tensión entre Rusia y la Unión Europa, incertidumbre que impulsa el precio internacional del gas natural y, por ende, la cotización del GNL. Una consecuencia: este invierno, los hogares europeos pagarán facturas de gas un 25 más caras que durante el invierno pasado.

En la Secretaría de Energía, los funcionarios admiten que una suba de la tarifa eléctrica que promedie el 25 por ciento será insuficiente para compensar el mayor costo de las compras al exterior de GNL y los mayores volúmenes requeridos de gasoil y fueloil. Dicho de otra forma: no será posible alcanzar la meta oficial de reducir los subsidios energéticos al 1,5 por ciento PIB. Por el contrario, la situación augura un nuevo aumento interanual del gasto que paga el Tesoro nacional. Nada menor de cara al sendero de ajuste fiscal que exige el FMI para alcanzar un acuerdo.

En este contexto de insuficiencia por el lado de la oferta doméstica, mayores importaciones y tarifas casi congeladas, algunas consultoras estiman que las importaciones GNL podrían demandar unos 4 mil millones de dólares durante este año. Al gasto suman no menos de 5 mil 500 millones por las compras de gas a Bolivia y de combustibles líquidos. El panorama pinta alarmante. Según la Asociación de Presupuesto Público, solo en los once primeros meses del año pasado, los subsidios energéticos totalizaron 9 mil 840 millones de dólares. Un 133 por ciento más que respecto al mismo periodo de 2020.

La mayor parte fue para Cammesa, unos 7 mil 500 millones, que la administradora del mercado eléctrico mayorista destinó a las generadoras para cubrir el desfasaje del 50 por ciento entre el costo de la energía y lo recaudado con las tarifas residenciales. Otros 2 mil 500 millones fueron para IEASA, que los utilizó para adquirir medio centenar de cargamentos de GNL. En síntesis: se estima que 2021 habría cerrado con subsidios energéticos por casi 11 mil millones de dólares. Un 2,4 por ciento del PIB. Por encima del 1,7 por ciento presupuestado.

Lo que vendrá, va de suyo, es incierto. En Energía proyectan el costo de las importaciones de GNL en base a dos supuestos. ¿El optimista? Un precio promedio de 15 dólares por millón de BTU. En este caso, las importaciones podrían costar unos 600 millones en el trimestre junio-agosto. En el otro escenario, treparía a 22 dólares. El costo: 900 millones mensuales. A eso se debe adicionar el gas comprado a Bolivia. Entre 80 y 120 millones mensuales. Un proveedor, además, que viene entregando volúmenes por debajo de lo previsto y que de no modificar la tendencia obligará a mayores compras de gasoil y fueloil.

Si bien el precio internacional del GNL bajará tras el invierno boreal, nadie sabe cuánto. ¿Convendrá entonces importar GNL o gasoil? Al día de hoy, los especialistas aseguran que gasoil. Se estima que hacia junio oscilaría entre los 17/19 dólares por millón de BTU. La idea, en este escenario, sería abastecer con gasoil al parque termoeléctrico y redireccionar el gas local y el proveniente de Bolivia hacia los usuarios residenciales. De esta forma se minimizarían las compras de GNL. La ecuación cambia si el precio del GNL cae por debajo de los 20 dólares desde los 43 por millón de BTU que marcó esta semana en el mercado asiático. En este escenario sería más conveniente comprar GNL y menos gasoil. Hoy por hoy, un opción improbable.

Es en base estas hipótesis que los cálculos de funcionarios y consultoras arrojan que el costo de los subsidios energéticos podrían demandar durante 2022 entre 11 y 15 mil millones. Son las previsiones que también maneja el Instituto General Mosconi. Sus técnicos estiman que si no hubiera incrementos en las tarifas de gas y electricidad, el sector eléctrico demandará unos 9 mil millones, IEASA unos 3 mil millones para comprar GNL y el Plan GAS otros 2 mil 600 millones. Obviamente, desde las empresas presionan por aumentos tarifarios por encima de la devaluación. Aducen el alto componente dolarizado del sector.

Que el Gobierno enfrenta una encrucijada es obvio. Solo para tener una idea. En 2015, la recaudación por el pago de los usuarios del servicio eléctrico cubría el 15 por ciento del costo de generación. El resto lo subsidiaba el Estado. Durante los últimos meses del gobierno de Macri -tarifazos mediante, que en el AMBA oscilaron entre el 1.500 y el 5.500 por ciento en el caso del gas y entre el 3.400 y el 5.500 por ciento en la energía eléctrica-, la recaudación cubría el 65 por ciento.

Hoy, solo para mantener los subsidios en el nivel actual, las tarifaras deberían subir un 70 por ciento. Unos 20 puntos por encima de la inflación proyectada. Un tarifazo imposible. Lo que está claro es que postergar decisiones solo agrava la situación. Tan claro como que no hay mucho tiempo, ni consenso en el Gobierno sobre qué rumbo tomar. Tan cierto como que achicar el monto de los subsidios es un trago amargo. Además, y más allá de la cuestión fiscal, hay otro tema: el margen de divisas con que contará el BCRA este año para que el Gobierno haga frente a las importaciones. Un factor que, va de suyo, excede la cuestión energética.