La megaminería avanza sin licencia social, mientras el modelo agroexportador se profundiza. La excusa: generar divisas para pagar la deuda. La premura por la Hidrovía Paraná-Paraguay y la molicie oficial por el Canal Magdalena no traen buenas nuevas. Dos tiros para el lado de la justicia que valen rescatar y una propuesta para empezar.

Cuando se analiza la historia de nuestro país se observa con claridad el quiebre producido por la última dictadura cívico-militar. La Argentina dejó de ser un país que crecía en base a su mercado interno para ser un mero productor de alimentos y materias primas con destino al mercado mundial. Se impuso un esquema dependiente del capital financiero que modeló un sistema productivo y distributivo basado en la extracción de minerales y la explotación agropecuaria exportadora.

Hoy, el país observa impotente como centenares de buques extranjeros depredan el mar argentino y Gran Bretaña vende licencias de pesca en la zona económica de exclusión de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La situación se reproduce con la mal llamada Hidrovía Paraná. La concesión en manos privadas, que data de un cuarto de siglo, vencerá el próximo 30 de abril. ¿La propuesta del Poder Ejecutivo? Renovarla mediante Decreto 949/2020, que le confiere el total control de la licitación al Ministerio de Transporte, desconociendo el acuerdo que alcanzaron en agosto pasado las siete provincias con puertos sobre el río Paraná y el propio Gobierno nacional.

No solo eso. La iniciativa oficial, además, impulsa el uso del Canal Punta Indio hacia Uruguay y el dragado del brazo Paraná Bravo. Conclusión: el proyecto tal y como está planteado no solo mantiene privatizada la hidrovía, sino que también instaura como puerta de entrada y salida de las exportaciones a los puertos uruguayos de Montevideo y Nueva Palmira. El balance: la pérdida de soberanía. Un enorme contrasentido para un país que tiene uno de los litorales marítimos más extensos del mundo.

El Paraná en una zamba

El 28 de agosto pasado el Gobierno nacional y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe consensuaron crear la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado. El Estado nacional tendría una participación del 51 por ciento del capital social y las provincias el 49 por ciento restante. El acuerdo señalaba que la empresa tendría potestad para administrar, controlar y determinar la realización de las obras complementarias y accesorias a la Hidrovía. Nada de eso ocurrirá.

Tres meses después del acuerdo, el Poder Ejecutivo borró de un plumazo lo firmado. Lo hizo con el Decreto 949/2020 para beneficio de las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos, la Cámara del Acero y la Unión Industrial Argentina. Fue luego de que las entidades empresarias cuestionaran la intención del Gobierno nacional y las provincias de administrar la principal conexión del país con el mundo. Sostuvieron que “no hay razón para cambiar algo que funcionó exitosamente durante veinticinco años”. Lo que no dijeron es que el éxito fue solo para ellos.

Los intereses en juego son evidentes. La Argentina tiene una salida natural hacia el Océano Atlántico: el Canal Magdalena, bajo jurisdicción nacional. De propiciarse su uso, las embarcaciones solo emplearían puertos argentinos. Sin embargo, las obras de dragado se interrumpieron durante el gobierno de Macri, a la par que se dragaba el brazo del Paraná Bravo para que los buques conecten con Nueva Palmira, o lleguen hasta la zona conocida como “El codillo”, para dirigirse desde allí hacia Montevideo.

Semejante determinación y velocidad para avanzar con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay contrasta con el escaso entusiasmo oficial en el proyectado Canal Magdalena. Quienes lo impulsan relativizan la decisión de Transporte de convocar para el 7 de mayo a una audiencia pública con el objeto de “avanzar en los aspectos ambientales vinculados con la ejecución de las tareas de dragado y apertura, señalización y mantenimiento”, según el comunicado oficial.

Razones no les faltan. Temen que la iniciativa queda cajoneada en algún oscuro rincón de una comisión. Argumentan que los estudios ambientales ya se realizaron y que, curiosamente, la vía troncal licitada en 1995 nunca fue objeto de un análisis de esas características; es decir: lo que nunca tuvo un estudio de impacto ambiental se puede licitar en tiempo récord, no así el Canal Magdalena, que ya fue objeto de un análisis ambiental.

En su carta abierta a Alberto Fernández, Mempo Giardinelli le pidió “en nombre de los diez millones de compatriotas que vivimos a orilla del río Paraná que no entregue la soberanía”, subrayó que la “concesión que se vislumbra es absurda”, señaló que “no hay ninguna razón que la justifique” y le recomendó que “recupere su propia idea de agosto, que era la correcta, una gran idea: el Estado y las siete provincias ribereñas a cargo de nuestro maravilloso río”.

La misiva cerraba con una estrofa de Paraná en una zamba, de Jaime Dávalos y Ariel Ramírez…

Brazo de la luna que bajo el sol,
el cielo y el agua rejuntará.
Hijo de las cumbres y de las selvas,
que extenso y dulce recibe el mar.

El Paraná es un río tan valioso como el Mississippi, el Danubio, el Sena, el Volga y el Mekong. Ninguno de ellos con el colonizado y engañoso nombre de “hidrovía”.

Más importante que el oro

La desaprensión también se verifica en otros ámbitos. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó a principio de marzo último que nuestro país está abierto a “la posibilidad de explotar diferentes minerales que se encuentran y que son centrales para el desarrollo económico mundial”. Más extractivismo. Lo dijo al exponer de manera virtual ante inversores globales en la exposición internacional de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá.

Kulfas fue enfático: “Sepan que hay un Gobierno en Argentina que apoya el desarrollo de la minería y toda su cadena de valor con un marco legal que genera certezas, como la estabilidad fiscal y la previsibilidad de determinados beneficios”. Olvidó decir que el marco legal es el heredado de la última dictadura cívico-militar y que perfeccionó el menemismo.

Sin embargo, no todo está perdido. En Mendoza, Rodolfo Suárez, el viernes 20 de diciembre de 2019, apenas un día después de asumir la gobernación, consiguió entre gallos y medianoche con el apoyo de diputados y senadores provinciales – incluidos varios del Frente de Todos – que la Legislatura sancionara Ley 9.209 que permite el uso de cianuro y ácido sulfúrico en las explotaciones mineras.

El hecho generó un repudio generalizado. Dos días después, la población se movilizó. Marchó durante veintidós horas por la Ruta Nacional 40 para exigir el veto. Lo hizo desde el pueblo de San Carlos hasta la Casa de Gobierno. A su paso, la marcha, que finalizó a las diez de la noche, sumó pobladores rurales, pero también a los habitantes de la capital mendocina. Hasta la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia repudió la ley y amenazó con no participar en la tradicional fiesta. Incluso el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, envió una carta abierta a los legisladores y otra al gobernador para reclamar el veto. Los autoconvocados se multiplicaron. Así nació la Asamblea del Agua bajo dos consignas: “No hay licencia social para la mega minería” y “El agua es más importante que el oro”.

También en La Rioja la megaminería sumó repudios. Fue cuando los vecinos del departamento de Famatina se enteraron que la compañía Barrick Gold necesita unos 1.000 metros cúbicos de agua por día para explotar oro en la mina La Mejicana. El caudal diario para la zona es de 750 metros cúbicos diarios. “¿Qué vamos a hacer nosotros, entonces?”, fue la duda que atrapó a los pobladores. En asamblea abierta decidieron que no querían allí esa industria. Desde entonces, lograron frenar cuatro proyectos mineros bajo dos lemas: “El Famatina no se toca” y “Nuestra vida es el agua”. Al igual que en Mendoza, el pueblo en la calle frenó la irracional explotación de los recursos naturales.

Socializarás tus deudas

¿Por qué la Argentina exportó el año pasado 39 millones de toneladas de maíz en grano, encareciendo de esa manera la carne aviar y porcina que se vende en el país? ¿Por qué se exporto el año pasado 1 millón de toneladas de carne vacuna, encareciendo su precio interno en un 75 por ciento y provocando que el consumo per cápita cayera a 50 kilos, el más bajo de los últimos cien años? ¿Por qué se propicia la extracción de minerales con todo el riesgo que ello significa?

La respuesta es sencilla: un intento por generar divisas para pagarles a los acreedores externos y al Fondo Monetario Internacional. Una deuda que benefició y beneficia a una minoría y que Domingo Cavallo, como presidente del BCRA, transfirió al conjunto de la sociedad mediante los seguros de cambio en 1982, y que legitimaron Juan Vital Sourrouille y José Luis Machinea en 1985 con la entrega de nuevos títulos públicos en reemplazo de los firmados en la dictadura.

Una deuda privada que, vale recordar, se volvió a transferir al conjunto de la sociedad en 2002, en esa ocasión con la pesificación asimétrica que concretó el gobierno de Eduardo Duhalde. Los grandes deudores pagaron 1 peso por los dólares que en el mercado de Montevideo se cambiaban a 4 pesos argentinos por cada divisa estadounidense. Ahora, se quiere repetir la historia. Esta vez con los más de 100 mil millones de dólares de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, de los cuales se fugaron 86 mil 200 millones y 24 mil 769 se lo quedaron los 100 primeros compradores.

Una oportunidad histórica

¿Cómo podemos dar vuelta un resultado nefasto que se traduce en que un puñado de argentinos tenga fugado en el exterior el equivalente a un Producto Bruto Interno anual, mientras el pueblo sufre de pobreza y olvido?

La historia cuenta que Arquímedes dijo: “Denme un punto de apoyo y moveré el mundo”. Hoy, la historia nos presenta una oportunidad. Lo primero es oponerse a la reprivatización del Paraná. ¿Por qué no reclamar que sea el pueblo el que decida si está a favor de la creación de una sociedad del estado o si se vuelve a licitar nuestro río como lo propone el Decreto 949/2020? No sería complejo. Se lo podría hacer en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, o en las elecciones nacionales generales de medio término, mediante un referéndum vinculante.

Sería un primer triunfo popular y la primera gran derrota de la minoría parasita y rentística subordinada al capital extranjero que conforma el poder económico en esta Nación del sur del continente americano.

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