Las reformas que impulsa Macri pusieron blanco sobre negro. Al igual que la última dictadura, el gobierno alienta un quiebre del modelo productivo que impulsaron Yrigoyen y Perón. La valorización financiera, otras vez en el centro de la escena. Las variables de ajuste: los trabajadores y los jubilados.
Entre 1945 y 1974, el país construyó una estructura productiva industrializada y diversificada. Fue el sostén de una expansión económica que redundó en mejoras en la distribución del ingreso. Una etapa determinada por el modo que adoptaron por aquellos años las relaciones comerciales en el plano internacional y que llevó, hacia el final del período, a los acuerdos con la ex URSS en el marco de los cuales Argentina cambiaba carne y trigo por obras de infraestructura hidroeléctricas.
La fase se caracterizó por una política económica que amalgamó la protección del mercado interno, y con ello el consumo y el trabajo, al tiempo que apuntaló la inversión para garantizar el crecimiento. El Estado nacional cumplía un rol orientador y defendía a las empresas nacionales, en especial a las pymes. El paradigma resistió, incluso luego del golpe del ’55. Basta recordar que cuando la autodenominada Revolución Libertadora convocó a la reforma del ’57 con la intención de derogar la Constitución del ’49, Crisólogo Larralde, constituyente de la Unión Cívica Radical, impuso el Artículo 14 “bis”.
¡Qué diferencia con la UCR oficial de hoy, cómplice del macrismo y de un plan tan abyecto como antipopular! ¡Qué diferencia con el Programa de Avellaneda…! “Toda la historia del país es el resultado de una lucha de corrientes populares progresistas, movidas por un profundo ideal de superación, contra oligarquías retardatarias de las grandes realizaciones que debían hacer del hombre argentino un hombre verdaderamente libre”, señalaban el 4 de abril del ’45 los firmantes de la declaración, que reivindicaba y reinterpretaba el ideario de Hipólito Yrigoyen.
La tradición de los grandes movimientos populares retornó en 1973. Habiendo asumido Perón la presidencia por tercera vez, el Congreso aprobó la Ley 20.557. Su objetivo era limitar la inversión extranjera para que no perjudicara la capacidad decisoria del país. En otras palabras: se buscaba evitar que los futuros pagos derivados de las inversiones se tornaran en una carga gravosa. Ante todo, las inversiones debían tener efectos positivos para el desarrollo nacional. Por esa razón se estableció que en ningún caso podría otorgarse a los inversores extranjeros un tratamiento más favorable que a los nacionales. La autorización previa de radicación era otro de los requisitos que establecía la norma. Un trato severo hacia el capital extranjero que se complementaba con el estímulo a las empresas de capital nacional.
El miedo de la burguesía
Sin embargo, el fantasma del comunismo, sumado a la organización económica y social que el país había conseguido, hizo que los sectores dominantes y subordinados a Estados Unidos se dieran a la tarea de desmontar el modelo. Genocidio mediante, la apertura financiera y comercial, la desindustrialización y el desempleo como regulador del conflicto social, marcaron un camino que concluyó en 2002 con una crisis interna y externa sin precedentes, signada por niveles nunca vistos de pobreza y deuda.
Cuenta el sociólogo estadounidense James Petras que en 1969, cuando visitó la Argentina por primera vez, se encontró con un país que producía locomotoras, automóviles, artefactos para el hogar y que tenía bases sólidas en las áreas de la electrónica y la computación. En esa ocasión se entrevistó con el entonces presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Elbio Cohelo. Durante el encuentro, Petras le preguntó por qué razón, si el país tenía una clase trabajadora disciplinada, capacitada y con perspectivas de mayor capacitación, no existía una firme decisión de construir un país altamente industrializado. La respuesta de Cohelo fue tan sencilla como brutal y siniestra: una clase obrera numerosa, capacitada y consciente podía disputarles el poder.
Pese a los varios gobiernos militares que se sucedieron desde el ’55, el modelo económico sobrevivió hasta marzo del ’76. El golpe cívico-militar llegó para cambiar integralmente la lógica que articulaba la producción y la sociedad. La reemplazó por una estructura productiva y distributiva cuyo principal objetivo fue disipar el temor confesado por Cohelo. El nuevo modelo, orientado y dependiente del exterior, tuvo como instrumento clave el endeudamiento y la valorización financiera del capital, la apertura externa irrestricta y la acumulación rentística.
El esquema se tradujo en un retraso de los salarios, en la liberación de los precios, en una revaluación cambiaria y en el fomento a la competencia externa. También en tasas de interés tan altas como confiscatorias. El previsible resultado fue una caída sin precedentes del nivel de vida de la población. La inflación promedio entre 1976 y 1981 fue de 193 por ciento anual. Todo ello derrumbó el mercado interno y, con ello, el Producto Interno Bruto. La dictadura terminó en catástrofe y dejó como legado la destrucción de un sinnúmero de eslabones de la cadena productiva, una fuerte concentración, una profunda extranjerización y una impagable deuda externa.
El país engendrado por la dictadura de Videla y Martínez de Hoz buscó destruir la alianza entre trabajadores y productores ligados al mercado interno. En síntesis: subordinó nuestra producción y nuestra riqueza al capital externo. Ese proceso fue liderado por las grandes empresas locales que hoy conforman los grupos económicos dominantes. Un proceso en el que también jugaron un rol central firmas trasnacionales, fundamentalmente estadounidenses, que siguen un papel hegemónico en la región.
Hoy, el problema reside en que no existe un proyecto sustentable. Y no lo hay porque el modelo que busca instaurar Cambiemos no defiende el mercado interno y el trabajo local. Todo lo demás son artilugios, mentiras para justificar la apropiación de rentas y ganancias en desmedro de los asalariados y de la producción nacional. De allí que el gobierno no dude en avanzar con leyes que desmantelan derechos. Su accionar destruye toda posibilidad de actividad independiente e instaura la lógica de acumulación más primitiva.
La verdadera bomba de tiempo
El reformismo permanente que declama Cambiemos no es otra cosa que la constante regresividad social por la vía de una también constante transferencia de recursos hacia los que más tienen.
En los hechos, el principal sustento del gobierno reside en generar altas tasas de ganancia en moneda dura. Y lo hace mediante el famoso carry trade, que consiste en garantizar tasas de interés mayores que el ajuste cambiario esperado. Así, las inversiones financieras que llegan del exterior se transforman en pesos y en títulos públicos que financian el déficit fiscal y el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Un esquema que impacta en los precios y éstos sobre el poder adquisitivo del salario. Inevitablemente, la ganancia financiera y la fuga de divisas se financian con la caída de las remuneraciones.
Sin embargo, el mecanismo se les fue de las manos. Al 19 de diciembre de 2017, el stock de Lebac, principal título público que alimenta el carry trade, sumaba 1.158.149 millones de pesos (64.300 millones de dólares), mientras que el total de la Base Monetaria (N d E.: la suma de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el BCRA) era de 988.201 millones de pesos. En otras palabras: el stock de Lebac superaba en un 17 por ciento la base monetaria. Un dato más: el stock devengó durante 2017, unos 16 mil millones de dólares en intereses.
Ahora, la incompetencia de los funcionarios designados en el BCRA y el ministro Dujovne no saben cómo desactivar la bomba de tiempo que ellos mismos crearon. Por esa razón intentan en forma desesperada generar negocios para los empresarios con la ilusión de contrarrestar el problema que generaron y, entre otras cuestiones, obligan a las provincias a que reduzcan los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos. Una manera de aumentar los márgenes de ganancia de los empresarios.
Más beneficios para las empresas
Lo negociado con los gobernadores es conocido. Para que las provincias resignen recursos propios, el Gobierno nacional les cederá el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias cuyo destino era solventar el sistema previsional. Para compensar la pérdida de ingresos que sufrirá la Anses, se le transferirá al organismo el 70 por ciento del Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios que antes se quedaba la Nación. Como con eso no alcanza, el ajuste lo pagarán los actuales y futuros jubilados, aunque también los beneficiarios de planes sociales, que verán incrementados sus percepciones mediante una nueva fórmula de movilidad previsional que los perjudica.
La actualización que combina el 70 por ciento del Índice de Precio al Consumidor del Indec y 30 por ciento del RIPTE (N d E: promedio del salario estable que surge de los convenios) implica que los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo perderán en conjunto durante 2018 no menos de 100.000 millones de pesos. Unos 5.200 millones de dólares al tipo de cambio promedio esperado por el gobierno para el próximo año. Una suma equivalente a la que Macri le condonó a los exportadores al eliminar y/o reducir las retenciones.
No es el único beneficio que concedió Cambiemos al capital concentrado. En dos años de gobierno, disminuyó del 35 al 25 por ciento la alícuota Ganancias para las empresas y les concedió la devolución anticipada de IVA por inversiones. Como si fuera poco, la reforma laboral implicaría que los empresarios no pagarán aportes previsionales hasta 2.400 pesos en el contexto de una escala progresiva que elevará el piso a 12.000 pesos en 2022. Una reforma que no solo mejora el ingreso de las empresas, sino que también desfinancia el sistema previsional y abre la puerta para la elusión impositiva.
Aunque el gobierno no encontró tiempo suficiente para tratar la retrógrada e inconstitucional reforma laboral que busca imponer, vale recordar que la iniciativa apunta a debilitar la negociación colectiva y reduce los derechos laborales para rebajar el costo de la mano de obra. La propuesta de instaurar “bancos de horas” para eliminar las horas extras es una prueba clara de la intención. Tan clara como el objetivo de instalar en la discusión paritaria de cada sector la creación de un “fondo de cese laboral” para financiar las indemnizaciones por despido.
La reforma va más lejos y, además de plantear un nuevo cálculo para las indemnizaciones, busca la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, asestando un golpe mortal al principio del ius variandi, por el cual un trabajador puede darse por despedido si el empleador modifica de manera unilateral la modalidad laboral sellada en el contrato. De aprobarse el proyecto presentado, el trabajador deberá presentar su caso ante la justicia laboral y hasta que ésta resuelva deberá cumplir con las nuevas tareas asignadas.
Cuando caen las caretas
Un sector importante de la sociedad, consciente de la regresividad de las reformas impulsadas por Cambiemos, salió a la calle. Y lo hizo, en buena medida, para repudiar el uso y abuso que hace el gobierno del 41 por ciento de votos que obtuvo a nivel nacional en las legislativas de octubre. Entre los manifestantes hubo muchos que no votaron al oficialismo, pero también de los otros. Entre estos últimos, una porción nada desdeñable de jubilados y pensionados que, engañados por los grandes medios, recién ahora pueden apreciar quién es Macri y qué pretende la burguesía rentística, parásita y subordinada al capital financiero internacional que lo apoya. Un sector que solo sabe obtener ganancias financieras y fugar capitales, pero que no tiene la menor idea de cómo producir e invertir para generar más bienes y servicios si no es precarizando a los trabajadores y pagando salarios más bajos que en China.
Lo de Macri no tiene nombre. ¿Cómo adjetivar a un gobierno que hambrea a los viejos que trabajaron toda su vida mientras sus máximos exponentes viven y vivieron de las rentas que sus papis les sustrajeron al pueblo? Lograron con la complicidad de los gobernadores y sátrapas de todo tipo aprobar un puñado de leyes. Sin embargo, ante la inmensa mayoría del pueblo se han sacado la careta, y cuando la verdad se ve, se palpa, se sufre, esa realidad, sin duda, permite originar nuevas opciones. Se sabe: “La Historia jamás nos plantea problemas sin plantear las soluciones”. Está en el campo nacional y popular generar consensos y alternativas que superen a estos hijos de ricos por el bien de los que trabajan y producen, que es el pueblo argentino.
