La urgencia social le ganó a la palabra maldita. El default está en boca de todos y la necesidad de una solución ordenada manda. Alberto Fernández esbozó el camino: “una salida a la uruguaya”. La famosa renegociación “rápida” y “amistosa” sin quita de capital. Algunos detalles sobre la experiencia oriental, incluido el ajuste fiscal del que casi nadie habla.

Esto se va a la mierda. Voy a tener que renunciar”, decía con amargura el por entonces presidente uruguayo Jorge Batlle. Su interlocutor era al economista liberal y actual aspirante a la presidencia por el Partido Colorado Ernesto Talvi. Corría el domingo 21 de julio de 2002 (1). A los coletazos de la recesión argentina, que había comenzado en el ‘98, y de la crisis del Plan Real de Brasil en el ‘99, se sumaba la onda expansiva del default por el derrumbe de la convertibilidad. Para peor, muchos argentinos cruzaban hasta Colonia, Montevideo y Punta del Este para llevarse sus depósitos.

Eran días de furia e incertidumbre en ambas orillas. Los uruguayos asistían incrédulos a uno de los peores momentos de su historia económica. Batlle ya había lanzado su famoso exabrupto: “Los argentinos son todos unos chorros, del primero hasta el último”. Ese año, la economía oriental caería un 7,7 por ciento, la inflación treparía a 28,5 por ciento anual, el desempleo alcanzaría un récord del 20,4 por ciento y uno de cada tres uruguayos quedarían por por debajo de la línea de pobreza.

La deuda externa rondaba los 13.300 millones de dólares. Más del 100 por ciento del PBI. El 18 por ciento eran pasivos con el FMI. La intransigencia del organismo, que se negaba a prestarle más dinero a Uruguay y la sugerencia de instrumentar un “corralito a la argentina” para preservar las reservas internacionales, amenazaba al gobierno del Partido Colorado con un desenlace similar al derrumbe del gobierno de la Alianza. El país estaba al borde de la quiebra. La reservas del Banco Central de Uruguay sumaban 460 millones de dólares y los vencimientos de deuda eran imposibles de afrontar.

A las corridas

“Cada bono que pagamos era rascar la lata. Sabíamos que la realidad nos iba a llevar al default”, recordó hace dos años Carlos Sténeri en una entrevista concedida al diario El País de Montevideo. Vale la pena prestar atención. El hombre sabe de lo que habla. Lideró la reestructuración de la deuda uruguaya. Sténeri trabajó con los gobiernos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. En ese momento era el agente financiero de Uruguay en Estados Unidos. Luego se desempeñaría como director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2005 y 2010.

Lo dicho. El retiro de depósitos arreciaba y el sistema financiero estaba al borde del colapso. El economista chileno Eduardo Aninat, por entonces subdirector gerente del FMI, fue el encargado de aconsejar el “corralito a la argentina”. Sténeri explica que la intransigencia del organismo aceleró las negociaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en busca de un salvavidas. En Montevideo hubo cambio de autoridades en el equipo económico y Batlle decretó un feriado cambiario. Era el 31 de julio.

Nadie sabía cómo podía terminar la historia. El feriado no se podía mantener por muchos días. Tampoco levantarlo sin recursos. Casi al mismo tiempo que el FMI le informaba a Batlle vía Aninat que no había consenso para una ayuda, el Tesoro le comunicaba al embajador de Uruguay en Washington, Hugo Fernández Faingold, que el gobierno estadounidense estaba dispuesto a prestar 1.500 millones de dólares.

No era suficiente. Sin un crédito del FMI, en Montevideo se prepararon para lo peor. El Congreso, además, debía votar en tiempo récord una ley de Fortalecimiento Bancario para liquidar los bancos insolventes y reprogramar los depósitos de la banca oficial. Los ex presidentes Julio Sanguinetti y Luis Lacalle, facilitarían los votos.

“El endeudamiento con el Tesoro sirvió para apuntalar a los bancos públicos”, explicó Sténeri al diario El País. Sin embargo, quedaba otra bomba por desactivar: la deuda.

A la uruguaya

Finalmente, el FMI destrabaría un nuevo programa para Uruguay. Y si bien la renegociación con los acreedores privados se trató de una operación de canje voluntario, la amenaza de la cesación de pagos estuvo siempre presente. El argumento fue simple. “Si nos niegan un alivio iremos al default. No es lo que queremos, pero nos obligan”, recordó Sténeri. La realidad era que si el gobierno defolteaba la deuda, la corrida bancaria se volvía a encender. El crédito otorgado por Washington hubiera servido de poco y nada.

Con los privados no hubo quita. Solo refinanciación de plazos. Uruguay canjeó 4.981 millones de dólares con la misma tasa de interés. Para el 93 por ciento de los acreedores que aceptaron la propuesta implicó cobrar cinco años después del plazo original. En ese momento, el país exhibía un superávit fiscal primario del 0,2 por ciento del PBI. En el lustro posterior al canje, el superávit primario promediaría el 2,3 por ciento, y el 1,3 por ciento entre 2008 y 2012.

Puesto de otra forma: la solución, sin duda tan “amigable” para los acreedores privados como rápida su concreción, implicó un costado del que poco se habla: un duro sacrificio fiscal que duró un lustro y debió pilotear el Frente Amplio.

Quince años después del canje, Sténeri contó que, además de convencer a los acreedores, el gobierno de Batlle debió vencer la resistencia del FMI. ¿Por qué? El organismo quería un default a la Argentina para constituirse en el árbitro de la negociación con los privados. No lo fue formalmente. Sin embargo, veló para que la salida uruguaya recogiera lo que pedían los acreedores. Así se hizo. La refinanciación fue pareja en los vencimientos cortos y largos. No hubo cambio de moneda. Tampoco  de jurisdicción.

Otro detalle. Hubo cláusulas de salida que penalizaban a los que no entraban. Los bonos que no ingresaron quedaron subordinados a los títulos nuevos y los bancos no podían usarlos en sus balances. Además, se aplicaron cláusulas colectivas de adhesión. Hoy, por ejemplo, el bono Uruguay 2027 establece que si el 60 por ciento de los tenedores dan el visto bueno, el bono se puede refinanciar.

¿Por qué el 7 por ciento que no adhirió no devino en alimento para los buitres? Lo explicó Sténeri: “Hubo vencimientos de títulos viejos que se pagaron igual. Se hizo para favorecer a los acreedores que entraron, preservando el acceso a los mercados. Gracias a eso, el país pudo a partir de 2005 realizar nuevas operaciones de deuda”. Que queda claro: hubo buitres, pero cuando se presentaron cobraron.

El resultado de la negociación es bastante conocido. Tuvo una dimensión política y electoral. Batlle se incineró y el Partido Colorado perdió. No obstante, el costo social de la “solución amistosa” fue alto.

En marzo de 2005, cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia, la pobreza todavía afectaba a tres de cada diez uruguayos. El desempleo trepaba al 20 por ciento. De allí en más, en forma lenta, la economía comenzaría a recuperarse de la mano de Danilo Astori, economista y referente del ala moderada del Frente Amplio, quien mantuvo el gasto público controlado e implementó una tibia reforma impositiva, mucho menos radical que la insinuada en la campaña presidencial.

El aumento de los precios de los commodities llevó alivio a las cuentas públicas. Tanto como el regreso de los turistas argentinos y brasileños. Sin embargo, la pobreza en la Banda Oriental había cambiado su cara. El nuevo cuadro social había instalado la indigencia, un fenómeno marginal hasta ese momento. “Había terminado -como señaló el politólogo Gerardo Caetano- de descorrerse el velo que ocultaba al país distinto que la mayoría de los uruguayos se resistía a ver”.

(1) El episodio se relata en el libro Con los días contados, del periodista Claudio Paolillo.

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