La comunidad mapuche de Campo Maripe obtuvo el reconocimiento judicial a su reclamo y sostiene su territorio, rodeado por la explotación no convencional de gas y petróleo. Una larga historia de despojo y resistencia.
Lorena levanta la vista. El río, el campo seco, la barda, algunas ovejas. Entrecierra los ojos y fuerza ver un poco más allá. Hacia el oeste observa las máquinas extractivas de La Calera, de Plus Petrol; al norte las que Shell instaló en Bajada Añelo; para el otro lado los pozos de Tec Petrol.
“El territorio quedó rodeado. Estamos encerrados en medio de esa producción”, dice Lorena.
Lorena es Maripe, werken (vocera) de la comunidad mapuche Campo Maripe, que resiste el avance del fracking y el extractivismo en el corazón de Vaca Muerta.
Desde 1927, la comunidad está asentada en el lugar, zona histórica de pastoreo de animales. Lorena es cuarta generación de Campo Maripe que vio como algunos emprendimientos de forestación, la especulación inmobiliaria y el boom petrolero y gasífero pretendieron desconocer esa presencia ancestral.
Cuando Vaca Muerta se convirtió en la insignia discursiva del desarrollo nacional, en 2012 y 2013, la comunidad entendió que debía recuperar el territorio que los privados y el Estado les había arrebatado. Su lucha se judicializó y este año logró un fallo histórico que absolvió a los integrantes de la comunidad que participaron de la recuperación.
Ahora Lorena levanta la vista. A lo lejos ve las máquinas que perforan su suelo ancestral. Pero más cerca, mira el río y a sus hijos correr, sus ovejas, y un territorio sobre el que las empresas petroleras no podrán poner sus manos.
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Entre 1931 y 2011, poco pasó en la zona que el geólogo estadounidense Charles Edwin Weaver denominó Formación Vaca Muerta. Estaba allí, a principios de la década del ‘30, en el centro de lo que luego sería la provincia de Neuquén, realizando estudios de campo para futuras inversiones de Standard Oil of California, más tarde Chevron.
Dejó anotaciones sobre la potencialidad petrolera de la zona, pero la extensión y densidad de la cuenca no sería anunciada hasta 2011, cuando la empresa estatal YPF anunció que el yacimiento dispararía las reservas argentinas, ya que esta era el segundo a nivel mundial de shale gas y el cuarto de shale oil, según promociona la página oficial del Gobierno nacional.
Unos años antes que Charles Edwin Weaver recorriera la zona, Selmira Mapire y Pedro Campo se instalaron en el territorio. Una modesta casa de barro y ladrillos les permitió asentarse y comenzar con la crianza de animales.
Así quedó asentado en un censo de 1923, que hoy es el documento central que acredita la presencia de la comunidad en el territorio.
La vida era dura en el lugar y sólo uno de los hijos de esa pareja, Belisario, decidió quedarse. El abuelo Belisario, como lo llama Lorena, resistió el frío, la soledad, y con dos hijas, vio como a finales de los ‘70 intentaron arrebatarle el campo.
Un hombre de apellido Vela, con una autorización del Gobierno de la dictadura (1976-1983) llegó en 1978 para instalarse en la zona. Tal como sucedió en innumerables casos en la Patagonia, la forma de operar los “propietarios” incluyó la oferta para que Belisario se convirtiera en peón en su propia tierra; que pasara de dueño a trabajador.
Las hijas de Belisario de 8 y 10 años también trabajarían en el emprendimiento forestal de Vela. “Al viejito Belisario se lo llevaron al casco de la estancia y las chicas a un ranchito, y les quemaron la casa donde ellos se criaron”, repasa Emmanuel Guagliardo, abogado de la comunidad Campo Maripe.
Vela terminó despojándolos de la posesión que la familia ejerció desde 1923. “Se los llevan y les prende fuego la casa. Se van a Añelo (localidad ubicada a 15 kilómetros del territorio). Desde ese entonces, en forma permanente, todos los miembros de la comunidad siguieron trabajando en el campo, sosteniendo su posesión y disputándole a Vela, que quería poner en marcha el proyecto forestal, para lo cual los animales de Maripe eran una molestia. Hubo una disputa permanente”, explica Guagliardo.
Los integrantes de la comunidad Campo Maripe quedaron con sus animales armando puestos para el traslado y el alimento en los campos cercanos.
El proceso de despojo incluyó golpes contra Belisario y la explotación de las dos niñas.
“Con tal de no despojarse, mi abuelo acepta quedarse como peón”, cuenta Lorena. Belisario fabricaba las estacas de álamo del proyecto forestal. Las dos niñas lo ayudaban a plantarlas.
Pasó el tiempo. El anuncio de Vaca Muerta como zona de explotación petrolera y gasífera a través de métodos no convencionales, condensó el reclamo de los Campo Maripe: aquel territorio en disputa, aquel de Selmira y Pedro no podría ser parte de la destrucción ambiental. Y se organizó la recuperación.
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El comienzo de la recuperación fue en 2012, pero tomó mayor estado público en 2014 cuando los integrantes de la comunidad, en una acción directa ocuparon los pozos de YPF, “arriba de la meseta”, explica Lorena.
Cuando se inició el proceso los acusaron de “falsos mapuches” y de no pertenecer a un pueblo originario. Pero la visibilidad que tomó el caso derivó en un reconocimiento del Estado neuquino, con la entrega de la personería jurídica en 2014. Estaba claro que quienes volvieron al territorio de manera organizada eran los bisnietos de Selmira y Pedro, y nietos de Belisario, que habían quedado desperdigados en puestos de campo cercanos y en Añelo.
La zona en disputa se valorizó como el lugar más productivo de hidrocarburos no convencionales, y la familia Vela -hijos del privado que en 1978 arrebató la tierra a Belisario- firmó un acuerdo con YPF para beneficiarse con el paso por sus campos. La apertura de caminos y picadas, la servidumbre de paso, se convirtió en un excelente negocio para los propietarios de la región.
El territorio en disputa se llegó a perforar, pero “de lo que tenían proyectado no terminaron”, porque “en las locaciones cerca de la barda se impidió; estaban a punto de llevar la torre, pero no pudieron”, repasa Lorena.
Las viviendas de los Campo Maripe están ubicadas en la costa del río Neuquén, a dos o tres kilómetros de la barda, la zona elevada, y la meseta del territorio abarca unos 15 kilómetros.
“Se habla del boom de Vaca Muerta, nos dicen que nos rebelamos contra el progreso. Los primeros dos años (posteriores a la recuperación territorial) hubo constantes amenazas de desalojo, venía la policía a constatar que estuviésemos en el lugar, y esperábamos que algún juez dictara la orden de desalojo”, recuerda la werken de la comunidad.
“Para nosotros el progreso debe ser sustentable con el medio ambiente, y que el beneficio que se produzca sea para toda la sociedad, no que las petroleras se lleven la riqueza y nos dejen la contaminación y enfermedades. Estamos contra el fracking en todas sus formas”, resume.
Saben los integrantes de la comunidad que pelean contra un poderoso enemigo: el Estado argentino -cualquiera sea el Gobierno-, y el provincial, las petroleras privadas nacionales y extranjeras, y el sentido común de un amplio sector de la sociedad que asumió como propios los argumentos de la explotación petrolera como único motor dinamizador del crecimiento económico.
Frente a todo eso, la convicción de la comunidad no se amilana. “Soy cuarta generación en el territorio”, dice Lorena, “y ya está naciendo la sexta generación, dos nietitos”.
Poco tienen para dar la pelea. “Hectáreas de pastura y animales, para consumo y algo de venta, tenemos una huerta”, y el trabajo que Añelo realizan algunos integrantes de la familia, en el Municipio y el correo. Pero, dice la comunidad, “de aquí no nos vamos porque es nuestro territorio, y debemos cuidarlo”.
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El 9 de octubre de 2014, desde Campo Maripe, la comunidad anunció públicamente: “¡Paren de destruir! Desde la madrugada del día de hoy, la comunidad mapuche Campo Maripe sostenido por la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, ha decidido bloquear el acceso al yacimiento Loma Campana, pleno territorio comunitario mapuche. La razón es que el nivel de destrucción de nuestras tierras ha llegado a un límite intolerable”.
De regreso al territorio, la comunidad planteó que “lo que ayer eran nuestros campos de pastoreo o permitía sostener nuestra granja, hoy es tierra destruida. Decenas de picadas y nuevos senderos que se abren a diario, maquinarias de todo tipo que circulan por cientos, perforaciones en tiempo récord que ha transformado nuestro paisaje comunitario, derrames y explosiones que en las últimas semanas se han repetido, muchos de ellos ocultados por YPF y la Secretaría de Ambiente de Neuquén, casos lamentables de operarios muertos por la inseguridad y falta de control por parte de los organismo responsables, es parte de una realidad que ha transformado nuestra forma de vida”.
Y anticiparon: “Permaneceremos aquí, en este punto de nuestro territorio, esperando la respuesta que no hemos tenido hasta hoy. No nos moveremos hasta que esa respuesta llegue. Nos respalda la historia y la fuerza de nuestros Kimce, Logko y Pijan Kuse. MARICI WEU MARICI WEU!… Diez Veces estamos Vivos!”.
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Esa presencia ponía en riesgo el acuerdo de servidumbre firmado por la familia Vela con Chevron e YPF, para la explotación en la zona de Loma Campana. La situación derivó en un proceso judicial. Dos, en realidad: una acción civil -que aún sigue su curso y debiera llegar a sentencia en el corto plazo- y una posterior penal bajo la figura de “usurpación” contra seis integrantes de la comunidad.
“En 2014 los Vela bloquean el camino de acceso a los puestos en la meseta, y al hacerlo los Maripe reaccionan: abren tranqueras y se quedan a resguardo para garantizarse seguir pasando”, detalla el abogado Emmanuel Guagliardo, quien defiende a la comunidad junto a la abogada Micaela Gomiz.
En 2017, se formularon cargos contra los miembros de la comunidad, y se fijó a las partes un plazo de tres años para la generación de pruebas y testimonios.
Sin embargo, en 2019 se realizó el primer juicio que estableció la absolución de los seis imputados. “El Juez entendió que la comunidad no había usurpado, sino que tenía espacio de reivindicación comunitaria, elementos que los llevaban a creer que ese lugar les corresponde. No hubo dolo, no hubo intención de usurpar”, explica Guagliardo. Pero la sentencia fue anulada por el Tribunal de Impugnación, resolución que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no se expidió. “Creemos que la anulación estuvo mal”, dice el abogado.
Cuando la sentencia de absolución fue anulada, se convocó a un nuevo juicio. “Creíamos que ya tenían la condena escrita. En la etapa previa a ese juicio, previo a la pandemia por coronavirus, se discutieron las pruebas, y nos hacharon todas las pruebas, impidieron testimonios claves de veedores y referentes de derechos humanos. El juez de manera asquerosa nos negó la posibilidad de llevar pruebas al juicio. Eso daba cuenta que la voluntad del poder era condenar”, se queja Guagliardo.
Para el abogado, la Justicia, los medios concentrados y el poder político neuquino buscaban un título: “Condenan a mapuches usurpadores en Vaca Muerta”.
“Era el titular que buscaban, el modo de instalar el mismo eje que en Villa Mascardi”, donde la Prefectura en 2017 asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel, “o en Cushamen”, donde el mismo año se produjo la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. “En ese momento el proceso de persecución se profundiza. Hubo una avanzada planificada del Gobierno nacional del macrismo, contra los mapuches”.
Guagliardo dijo que el Ministerio Público de Neuquén “bailó con esa música” y bajo ese contexto produjo la formulación de cargos por “usurpación”.
La llegada de la pandemia y la cuarentena demoraron los procesos judiciales e impidieron el desarrollo del juicio. Advertidos del vencimiento de los plazos, la querella -en representación de la familia Vela- y el Ministerio Público Fiscal reclamaron que las audiencias se realicen entre el 20 y el 26 de septiembre, un día antes de la fecha impuesta como tope en 2017.
“Querían manipular los plazos. Pero hicimos planteos previos y dijimos que la emergencia sanitaria impedían las condiciones para un juicio presencial”. Cuando llegó el 27 de septiembre, los abogados de la comunidad plantearon el cierre del proceso. Ni la querella ni el Ministerio Público se opusieron, y el juez dictó la absolución.
Guagliardo adjudica al cambio de tiempos políticos y a la movilización social y de derechos humanos en Neuquén la clausura del expediente y la confirmación de la absolución de los integrantes de la comunidad Campo Maripe.
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“Fue una alegría que quedaran absueltos los seis imputados. Nos da seguridad en el hecho de que no vamos a ver un día una orden de desalojo”, dice Lorena, pocos días después de la confirmación judicial.
Lo dice desde la isla de entre 7 y 12 mil hectáreas que conforman el territorio de Campo Maripe, en el corazón de Vaca Muerta.
Lo dice desde el campo cercado por el río y por las más grandes empresas petroleras del país y del mundo. Lo dice y levanta la vista, para no olvidar nunca el territorio que defiende.
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