Una niña de 6 años cuya madre viene denunciando abusos sexuales por parte de su abuelo materno desde hace ya cuatro sin que la Justicia riojana tome cartas en el asunto salvo para dictar medidas que prolongan y agravan ese abuso. Una trama judicial que, una vez más, protege a las familias ligadas al poder.

Cerrá los ojos. Imaginá que te animaste a contar que fuiste abusada sexualmente. Imaginá que te sentaste frente a peritos, psicólogas, médicos, y contaste lo que te sucedió. Imaginá que llevás 4 años relatando abusos. Imaginá que, aun teniendo un espacio de contención y acompañamiento, te obligan a que vuelvas al lugar donde sufrís abusos para que tu abusador siga cometiéndolos.

Ahora, si podés, imaginá que tenés 6 años, el abusador es tu abuelo paterno y quien no te cuida es la Justicia.

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Arcoíris vive en La Rioja, cuando tenía 2 años y medio su mamá la notó mal y la llevó a una psicóloga. Un tiempo antes ella había logrado separarse del progenitor de la nena, luego de cinco años de ser víctima de violencia de género, y creía que el malestar de su hija podía deberse a esto. Sin embargo, con el correr de las sesiones, la profesional le dijo que la nena estaba siendo abusada. Inmediatamente, en junio de 2018 realizó la primera denuncia y abrió la puerta al segundo infierno que comenzarían a vivir ella y, sobre todo, su hija.

A esa denuncia de 2018, se sumó una en agosto de 2019, ambas caratuladas como  abuso contra la integridad sexual y que con un fallo de sobreseimiento que fue apelado y espera resolución en el Tribunal Superior de Justicia.

Mientras aguardan una respuesta de este tribunal, fueron presentadas tres denuncias más por nuevos abusos sexuales contra Arcoíris: el 14 de marzo de 2022 ante la Unidad de Violencia de Género y el 1 de abril ante Asuntos Juveniles, que ya se encuentran en el juzgado de Violencia de Género y Protección integral de menores ; y la última del 20 de abril presentada porque al volver de la casa de su papá relató una vez más las agresiones sexuales a las que es sometida por parte de su abuelo que, además, viola las medidas judiciales de no acercamiento establecidas por la Cámara Civil Cuarta a favor de la nena.

Esta disposición para que el acusado no se acerque es la única medida que se tomó para proteger a Arcoíris en los 4 años que lleva el proceso desde la primera denuncia. Su no cumplimiento es posible gracias al progenitor de la niña que posibilita que su padre, señalado como el abusador, esté cerca de ella en las visitas que la propia justicia determinó como obligatorias dentro del “régimen de custodia compartida”.

A pesar de los relatos de la pequeña, su mamá se vio obligada a permitir que estuviera una semana con su progenitor y una semana con ella. Cuando Arcoíris pidió, rogó, lloró y sufrió crisis nerviosas para no ir a la casa de su padre y su mamá se lo permitió, recibió una denuncia por impedimento de contacto. Fue allí que la Justicia, que hasta el momento no había tomado ninguna medida para proteger la integridad de la nena, en un rapto de eficacia y velocidad le otorgó la guarda al padre. Y Arcoíris, abusada desde hacía años por su abuelo paterno, fue alejada por meses de la única persona que le creía y la protegía.

Actualmente el régimen de visitas volvió a ser de una semana con cada progenitor, sin embargo, las crisis nerviosas y el sufrimiento de la nena para no volver a la casa en donde abusan de ella se repiten. Así como también los hechos en los que su mamá intenta protegerla y la Justicia ignora sus pedidos en detrimento de ella y favoreciendo a su padre y su abuelo abusador. Tanto es así que hace un año, en abril de 2021, en una de las veces en que Arcoíris pidió por favor no ir con su papá y estando al cuidado de su abuela materna, en medio de la calle fue llevada por la fuerza y metida en un auto por su progenitor que, además, golpeó ferozmente a la mujer y por lo cual también fue denunciado en la Justicia.

Redes de complicidad

Una nena de 6 años que lleva más de la mitad de su vida siendo abusada por su abuelo paterno, cinco denuncias, exámenes médicos realizados por el médico de la Policía Técnica Judicial que luego de aplicar el protocolo de abuso sexual infantil determinó que se trata de un “abuso clase 2”, declaraciones de la nena en Cámara Gesell, pruebas presentadas que acreditan los abusos, pericias psicológicas a la madre que fueron favorables, un padre y un abuelo que se niegan a someterse a las mismas pericias.

La pregunta obligada es, entonces, ¿qué sucede en la justicia riojana que no se toma ninguna medida de protección para Arcoíris?

Desde el equipo interdisciplinario de “Justicia por Arcoíris” se acercan a algunas respuestas: en el último comunicado emitido por el grupo de abogadas intervinientes explican que “el abusador es un hombre de 48 años, con un vínculo cercano a la niña por ser su abuelo paterno. Ocupa el cargo de Director de Despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja a cargo del Dr. Lucas Casas, que reemplazó a Karina Becerra, ahora integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”.

Karina Becerra, ex jefa del hombre acusado de abuso, es ahora la responsable del TSJ, organismo en el cual están apelados los fallos existentes de sobreseimiento. Podría decirse que el entorno laboral del acusado lo apoya y no sería extraño ni preocupante, si las personas de dicho entorno no fueran quienes tienen la función y el deber público de impartir justicia.

Los vínculos entre Becerra, el abuelo e incluso el padre de Arcoíris están probados. Basta con hacer un trabajo tan ínfimo (y casi absurdo) de rastrear sus redes sociales para corroborar la amistad que comparten y que, de mínima, no debería ser tal teniendo en cuenta el poder de la magistrada responsable del Tribunal Superior de Justicia que aún no se expidió en relación a la causa de abuso.

Pregunta obligada número 2: ¿Cómo es posible que habiendo pruebas del accionar dudoso de una funcionaria judicial no se la aparte preventivamente de una causa? La posible respuesta viene de la mano de saber que Becerra, además de responsable del Tribunal Superior de Justicia riojano, es la sobrina del gobernador de la provincia Ricardo Quintela.

Como se mencionó anteriormente, una de las pocas medidas que se tomaron desde la Justicia fue quitarle la tenencia de Arcoíris a la mamá y obligarla a vivir con su padre en la misma casa en donde ocurrían los abusos. EL 10 de marzo de 2020, días previos a que se desatara la pandemia y se decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, mientras la jueza de la causa Magdalena Azcurra se encontraba de feria, quien la estaba reemplazando ordenó que la guarda provisoria pasaría a manos del padre.

Karina Cabral se desempeñaba en el Juzgado de violencia de género y protección de menores y, excediéndose en sus alcances como jueza suplente, ejecutó una orden para cambio de tenencia provisoria, algo que sólo le compete a la Cámara civil y al juez de menores. Cabral, sin embargo, argumentó sobre dos cuestiones para defender semejante atropello a la integridad de Arcoíris: la primera, que la madre impedía que la nena vea a su progenitor (cuando en realidad sólo escuchaba los pedidos de su hija que no quería volver a ser abusada) y la segunda, que entendía que no existía abuso sexual sobre la nena. Para esto último utilizó la declaración de la psicóloga Mariana Wamba, del Juzgado del Menor, que explicó que la niña no refería a nivel verbal algún tipo de situación compatible con “victimización sexual” así como tampoco se detectaba a nivel emocional – conductual indicadores que pudieran dar cuenta de ello.

El análisis de Wamba contradecía otras pericias psicológicas realizadas por el Tribunal Superior de Justicia, sin embargo Karina Cabral decidió ignorarlas a la hora de determinar el futuro de Arcoíris.

Pregunta obligada número 3: ¿Por qué una jueza suplente excede sus competencias con una medida tan drástica y no sucede nada por meses? La respuesta puede sorprender: nadie lo sabe. Pero lo que sí se sabe es que Karina Cabral es prima del gobernador Ricardo Quintela y que Mariana Wamba, psicóloga cuya declaración sirvió de argumento para darle la tenencia al progenitor de la nena, era en ese momento nada más y nada menos que cuñada de Karina Becerra (jefa en la Secretaría de Justicia del acusado de abuso).

Justicia por Arcoíris

Luego de muchos años de luchar en soledad contra un sistema judicial que muestra a cada paso sus irregularidades, la mamá de Arcoíris comenzó a ser acompañada por un grupo de mujeres de distintas profesiones que llevan como bandera la defensa de la nena y el pedido de justicia. Desde redes sociales hasta presentaciones en instancias oficiales, este equipo llamado “Justicia por Arcoíris” pone en la esfera pública lo que en La Rioja quiere mantenerse en silencio.

Giselle Videla es abogada del equipo y explica que ante la visibilización que han logrado tener desde la campaña, la respuesta son intimidaciones, cartas documento y amenazas.

El 26 de abril más de 500 personalidades y organizaciones de derechos humanos realizaron un pedido de protección al Poder Judicial de La Rioja y los organismos de Niñez. Entre les firmantes se encuentran Nora Cortiñas, más de veinte diputadas de todo el arco político y el ex Juez Federal Carlos Rozanski que es director de la asociación civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales  y expresó: “Brindar protección real a Arcoíris no es una opción. Es la obligación del Estado evitar que una niña de 6 años continúe siendo víctima de gravísimos abusos”.

El documento cierra exigiéndoles al Asesor Oficial de Niños, niñas y adolescentes del Ministerio Público Pupilar, Pablo Cubillo y a la Jueza de violencia de género y protección de menores, Dra. Jesica Díaz Marano, que tomen medidas urgentes para proteger la integridad psicofísica de la niña.

Luego de la salida de este documento, las personas firmantes que residen en La Rioja recibieron cartas documento en donde se les pedía una retractación, bajo el argumento de que aún no hay imputados ni condenados para hablar de abuso.

Mientras tanto, la jueza Díaz Marano continúa sin tomar ninguna medida de protección para Arcoíris. Desde el movimiento Ni Una Menos La Rioja no ven con buenos ojos el accionar de esta jueza que es conocida por dejar en libertad a un hombre que intentó matar dos veces a su mujer y que esta semana dictó la excarcelación de un abusador de menores.

La Justicia riojana debe responder a los dos pedidos que realizó la Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham: uno en el expediente penal pidiendo que se investiguen en profundidad las denuncias de abuso y otro en la parte civil donde exigió medidas de resguardo y protección de la niña.

Por último y especialmente importante, pidió que hasta tanto se presenten los informes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) Arcoíris permanezca en el domicilio materno, respetando la voluntad expresada por ella.

El caso de Arcoíris es el fiel ejemplo de la violencia judicial, de la revictimización a la cual se somete a niños y niñas que fueron abusadas, de la condena que pesa sobre las madres que deciden creerles y protegerles. El caso de Arcoíris no es el único, así como no es La Rioja la única provincia del país que cuenta con un sistema judicial que encubre a un abusador y que lleva adelante causas enteras sin una perspectiva de género real. Cuando se habla de una reforma judicial feminista también se habla de esto. Cuando se habla del cuidado de las infancias porque ellas son el futuro también se habla de esto, del respeto por sus derechos más básicos, de garantizarles una vida libre de violencias pero de verdad.

Élida Barrera es abogada de la causa y aclara: “La Argentina está adherida a los tratados de derecho internacional y todos los funcionarios tienen obligación de cumplir con esos tratados, y uno de los derechos que tienen los niños es el derecho a ser oído. Si un niño dice ‘quiero ir con mi papá’ o ‘quiero ir con mi mamá’ explique o no las razones, tiene que ser escuchado”.

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