Joseph Stiglitz y la experta en comercio global Lori Wallach analizan la negativa de las farmacéuticas a liberar las patentes, la iniciativa Covax de la OMS y el rol de la Organización Mundial del Comercio.

Las nuevas variantes del Covid-19 se extienden rápidamente y un brote en cualquier lugar del mundo podría generar una cepa más mortal o infecciosa que las hasta ahora conocidas. ¿Por qué, entonces, después de lograr en tres meses un gran progreso en la vacunación nacional, las multinacionales farmacéuticas no ponen fin a la contraproducente política de Donald Trump, que obstaculiza la iniciativa global para aumentar el acceso a las vacunas y tratamientos contra el Covid-19?

En la actualidad, más de un centenar de países apoyan una exención temporal de algunas de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que garantizan a las farmacéuticas el control monolítico sobre la cantidad de medicamentos que se producen. Si los miembros de la OMC hubieran acordado renunciar por un tiempo a los aspectos del acuerdo relacionados con el comercio de medicamentos para el Covid-19 cuando los países impulsores de la exención lo propusieron en octubre pasado, las naciones pobres podrían no tendrían que esperar hasta 2024 para conseguir las vacunas.

Renunciar a los derechos de propiedad intelectual para que los países en desarrollo puedan producir más vacunas marcaría una gran diferencia para alcanzar la inmunidad colectiva. De lo contrario, la pandemia se desatará en gran medida y sin paliativos entre una parte importante de la población mundial, lo que provocará un aumento de las muertes y un mayor riesgo de que una variante resistente a las vacunas vuelva a paralizar al mundo.

Las farmacéuticas sostienen que el problema no son las barreras de propiedad intelectual, sino que las empresas de los países en desarrollo no cuentan con las habilidades que requieren las nuevas tecnologías para fabricar las vacunas. El argumento es egoísta y falso. Las empresas del sur global ya fabrican vacunas contra el Covid-19. Lo hace la sudafricana Aspen Pharmacare, que ha producido cientos de millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, aunque solo una fracción fue para los sudafricanos. Otras farmacéuticas simplemente se niegan a trabajar con los fabricantes calificados de los países en desarrollo, bloqueando así una mayor producción.

Estas empresas no centran sus políticas en el acceso global, sino en las ventas en mercados rentables. Esto subraya por qué la propuesta de la “tercera vía” que impulsa la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, que promueve más de los mismos viejos acuerdos voluntarios controlados por la industria, es una distracción y no un remedio. Ninguno de los creadores de vacunas ha compartido hasta el momento sus tecnologías con países pobres a través del Fondo de Acceso a Tecnología Covid-19 de la OMC. El programa global Covax, que aspira a vacunar al 20 por ciento de las poblaciones más vulnerables entre los países en desarrollo, ha distribuido hasta el momento 38 millones de dosis entre cien países. Estados Unidos administra 3 millones de dosis diarias.

No hay forma de vencer al Covid-19 sin aumentar la capacidad de producción de vacunas. Y parte de la producción debe estar en el sur global por una serie de razones, incluida que la pronta supresión de nuevas variantes es la forma de evitar más muertes y cuarentenas. Una exención aumentaría inmediatamente la influencia de los gobiernos sobre los fabricantes que se niegan a licenciar las tecnologías. Las empresas podrían optar por expandir la producción negociando con gobiernos, proveedores alternativos e iniciativas globales, o arriesgarse a que los gobiernos fuercen la transferencia tecnológica.

Una exención también proporcionaría seguridad jurídica a los gobiernos e inversores que se inclinan a reutilizar la producción farmacéutica ya existente o por construir nuevas instalaciones, pero temen ser demandados por las farmacéuticas. La exención, además, podría impulsar la producción de tratamientos que no están disponibles en gran parte del mundo, así como las pruebas de diagnóstico y los insumos de la cadena de suministro.

El principio de que todos los países deben tener acceso a la propiedad intelectual relacionada con los medicamentos ya ha sido aceptado por la comunidad internacional. A principios de la década de 2000, cuando millones de personas sin acceso a tratamientos murieron de SIDA, los miembros de la OMC aclararon que los países tienen “flexibilidad” para emitir licencias obligatorias de medicamentos. Estados Unidos mismo amenazó en 2001 con establecer una exención para la ciprofloxacina, un tratamiento para el ántrax. Si alguna vez hubo un momento para invocar este principio es ahora.

Desafortunadamente, las compañías han hecho todo lo posible para preservar su control del monopolio. Incluso hoy, mientras luchan contra la exención y argumentan que los derechos de licencia obligatoria existentes son suficientes, presionan al gobierno de los Estados Unidos para que sancione a los países que usan esa herramienta. Estas corporaciones, que han socavado la opción de limitar la propiedad intelectual, fortalecen sus monopolios registrando derechos exclusivos sobre diseños industriales y datos que mantienen en secreto, como los acuerdos comerciales y los resultados de las pruebas clínicas sobre numerosas patentes y derechos de autor para cada medicamento.

Con el esquema actual que rige en la OMC, cada elemento requeriría una licencia en particular y es posible que las flexibilidades que propone el organismo ni siquiera abarquen todo lo necesario. Para complicar todavía más la situación, la concesión de licencias obligatorias “producto por producto” y “país por país” es casi imposible de coordinar para medicamentos con cadenas de suministro globales complejas, como las vacunas Covid-19. Aún más absurdo es el argumento de las farmacéuticas de que renunciar temporalmente a sus monopolios socavaría su capacidad para responder a una próxima crisis de salud.

Los gobiernos transfirieron más de 110 mil millones de dólares a las empresas para financiar la investigación y producción. Las empresas afrontan un riesgo mínimo, y ganan miles de millones con la venta de vacunas. El mercado de las vacunas contra el Covid-19 es, literalmente, el mundo entero. Cualquier fabricante exitoso puede obtener grandes beneficios, incluso con la transferencia de tecnología. Cualquier retraso en garantizar la mayor disponibilidad de vacunas y terapias es moralmente incorrecto y tonto, tanto en términos de salud pública como desde el punto de vista de la economía . La exención es un primer paso fundamental.

 

*Lori Wallach es economista y directora de Public Citizen’s Global Trade Watch.