El 60-70% de lxs trabajadorxs jóvenes vivieron o fueron testigos de situaciones de violencia laboral, tanto psíquica, física como de género. No sorprende, en una época de desfinanciamiento de proyectos de investigación, despidos de hecho o encubiertos, la migración o éxodo de cerebros.

A Fabian Tomasi y Andrés Carrasco,

dos puntas del mismo ovillo.

Llega el paciente al consultorio. El cuadro sintomático es falta de atención, agotamiento, y recurrencia de emociones negativas, como miedo, angustia, impotencia, ansiedad. La médica evalúa rápidamente un diagnóstico presuntivo:

-Usted debe estar estresado. ¿Puede ser que algo de su vida lo este perturbando? ¿A qué se dedica?

-Soy becario doctoral….

En los últimos años han aparecido varias publicaciones científicas en las que se encontraron elevados niveles de ansiedad y estrés asociados al trabajo doctoral[1], mostrando un aspecto característico del proceso de trabajo científico. En el 2017, a partir de una iniciativa de la asamblea de base de ATE CONICET-Exactas evaluamos y caracterizamos las condiciones laborales de un sector de trabajadorxs de CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Nos encontramos con que el 60-70% de lxs trabajadorxs habían vivido o sido testigo habituales de situaciones de violencia laboral, tanto psíquica, física como de género; y que los directamente más afectados eran principalmente becarixs y mujeres. Nuestros resultados, lejos de sorprendernos, nos permitieron confirmar aquello que percibíamos cotidianamente.  Uno de los problemas centrales que atraviesa el sector productivo científico es la precarización laboral, siendo lxs becarixs y lxs administrativxs los sectores más vulnerables.

Dentro de lxs administrativxs -quienes realizan la parte de gestión en el proceso productivo científico-, solo una minoría se encuentra en planta permanente. El resto son “artículo 9”, lo que implica contratos renovables anualmente. No solo son precarizados desde la perspectiva salarial, o por el grado de incertidumbre laboral, sino que además ocasionalmente se ven obligados a aumentar sus tareas, absorbiendo las tareas de compañerxs despedidxs (o que renunciaron por las malas condiciones laborales), y bajo condiciones de control biométrico (impuesto por el ex Ministerio de Modernización).

Lxs becarixs pasan aproximadamente 10 años trabajando sin el reconocimiento formal del Estado como trabajadorxs (para éste son formalmente estudiantes), cobrando un estipendio o beca (que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza). Constituyen nada menos que el 45% de los trabajadorxs del CONICET que trabajan en negro. Esto no solo implica la ausencia de derechos concretos (licencias, aportes, etc.), sino también la alta exposición a condiciones laborales insanas, ya sea por maltrato laboral, inadecuadas condiciones de higiene y seguridad, o la negación a participar en las decisiones que repercuten sobre su carrera.  Lxs investigadorxs (CIC) y técnicxs (CPA) -sobre todo de menores escalafones-, aunque ya se encuentran en Carrera (“Planta permanente”) y formalmente son trabajadorxs, también sufren gran parte de estos mismos problemas.

Por otra parte, en la medida en que el trabajador científico se haya realizando un trabajo “deseado”,  se autopercibe como “privilegiado”, lo que le lleva a aumentar innecesariamente el umbral de tolerancia a las pésimas condiciones laborales, incluso a negar situaciones extremas de violencia laboral o trabajar en instalaciones que ponen en riesgo su salud (e incluso su vida).

Incertidumbre crónica

Otro de los problemas estructurales, histórico, del proceso de trabajo de CyT es la constante y elevada incertidumbre laboral y profesional. Esto se expresa de manera heterogénea en los diferentes escalafones o sectores de trabajadorxs. Para iniciarse en la carrera de investigación, lxs trabajadorxs deben obtener una beca doctoral (de 3 años; que deben renovar por 2 años mas); luego, una beca posdoctoral (2 años); y finalmente, entrar a la carrera de investigador (CIC) o técnico (CPA). Cada una de estas instancias está sujeta a concursos, pero el cupo depende, en última instancia, del presupuesto asignado al ex MINCyT, CONICET o de la UBA. El resultado final es que periódicamente lxs trabajadorxs se encuentran ante la encrucijada de su continuidad laboral. Como consecuencia, para favorecer la permanencia en el sistema, dichxs trabajadorxs terminan precarizándose aún mas (jornadas laborales mayores a 9 horas, sin descansos semanales, sin vacaciones, etc.). Para quienes ya se encuentran en planta permanente del Estado (CIC y CPA), esa incertidumbre se expresa principalmente a través de los informes periódicos que deben presentar (y que deben estar aprobados para garantizar la permanencia), bajo el marco más general donde la obtención de subsidios (y de becarixs) es una variable de incertidumbre, también sujeta al presupuesto general. Como se mencionó, lxs administrativxs no son ajenos a este problema: sobre todo los que pertenecen al “artículo 9”, que son contratados anualmente y se encuentran más vulnerables a ser despedidos (descartados) por el sistema.

Es importante resaltar el hecho de que la “incertidumbre” se ve intensamente incrementada cuando el presupuesto nacional asignado a Ciencia disminuye, ya que termina afectando la estabilidad laboral, los sueldos, las becas, las condiciones institucionales, el financiamiento de proyectos, etc. Esto pone en evidencia que el proceso de producción científica, en su totalidad, es vulnerable y dependiente de las decisiones políticas de cada gobierno coyuntural (como actualmente se está poniendo de manifiesto con Macri).

Carencia de autonomía científica

El financiamiento de la producción científica nacional depende de organismos internacionales (ejemplo, los préstamos del BID) y se da en el marco de sus propias condiciones. Esto repercute directamente sobre las políticas científicas nacionales. Por ejemplo, las “recomendaciones” del Banco Mundial (2005)[2] para generar una masa crítica de trabajadores altamente calificados que pudiesen estar disponibles para el sector privado, se vieron reflejadas en el aumento de becas doctorales a partir del 2006 (ver Figura 1), en el cambio de los criterios para entrar a CIC (ejemplo: tener una Tesis Doctoral), en el aumento provisorio de entrada a carrera, y los criterios de evaluación internos (participación en patentes, servicios técnicos, o en proyectos de temas estratégicos, relacionados con sectores productivos privados). Asociado directamente con esto, el carácter antidemocrático de las instituciones relacionadas (CONICET, UBA), termina siendo también una expresión de la falta de autonomía. Las decisiones importantes recaen sobre un sector minoritario de investigadorxs (ocasionalmente con una visión elitista de la ciencia, que tiene como referencia la “excelencia” de la ciencia extranjera) o representantes de otros sectores productivos (industria, agro, etc)[3], negando la participación en dichas decisiones a otros sectores como becarixs, administrativxs, CPA, e incluso estudiantes.  Esto no solo implica una falta de autonomía en el sentido inter-sectorial, sino también que hace al sistema más vulnerable a los sesgos de una población minoritaria de investigadorxs, cuyas decisiones no representan a todo el sector de CyT.

Otra forma en la que se expresa esta falta de autonomía es la ausencia de una industria nacional de insumos de investigación, lo que genera la dependencia interna para comprar dichos insumos (ej. reactivos de laboratorio) en dólares a empresas extranjeras. Esto golpea sistemáticamente la producción científica nacional. Por un lado, los subsidios nacionales son desproporcionadamente menores (expresados en dólares) que los de afuera; por el otro, los costos de dichos reactivos (de empresas extranjeras) se ven encarecidos por cuestiones impositivas (el doble o el triple del precio original). Finalmente, todo este mecanismo termina enlenteciendo los tiempos de producción: desde la compra de un reactivo hasta su disponibilidad en el laboratorio puede llegar a pasar meses. Como si esto fuera poco, todo esto se ve aún más empeorado desde la creación de las administradoras de subsidios (ej. Innova-T) las cuales generan trabas burocráticas para que lxs investigadorxs puedan disponer de sus subsidios  en tiempo y forma (en ocasiones lxs investigadorxs terminan comprando dichos reactivos con su propio sueldo).

Por último, la ausencia de medios de publicación a nivel nacional obliga a los grupos de investigación a publicar en revistas internacionales bajo los criterios de pertinencia de éstas.  Esto está profundamente agravado por los criterios elitistas de los pares evaluadores (de los concursos internos), donde no se evalúa la calidad del trabajo de investigación publicado en sí mismo, sino la revista donde se público (mediante parámetros como el factor de impacto). Nuevamente, son los criterios externos lo que terminan estableciendo mecanismo de coerción sobre la producción científica a nivel nacional.

¿Deja vu o enfermedad crónica?

El actual gobierno de Macri ha desencadenado un ataque sistemático al conjunto de todxs lxs trabajadorxs y el pueblo pobre de la Argentina. En este marco, solo durante la gestión de Cambiemos, se han realizado más de 250.000 despidos, de los cuales el 46% corresponde a trabajadorxs estatales, afectando principalmente a los sectores de Salud (como recientemente está pasando en el Hospital Posadas), INTI, CONICET, SENASA, Ministerio de Agroindustria, de Desarrollo social y Economía, y empresas con capital estatal, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires, Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM[4]. Esto viene acompañado de un reducción presupuestaria (acompañada sólo en parte por una reducción del salario entre un 17 a 25%) a sectores de salud, ciencia y técnica, universidades nacionales y educación pública.  Al igual que en los años 90, el argumento oficial es  “la necesidad de reestructuración de la economía argentina y del Estado“, acompañado de un falso “queremos pero no podemos“. El argumento, más allá de la demagogia, es falso porque se han perdonado deudas millonarias a empresas vinculadas al gobierno (ej. casos Correo Argentino, 70.000 millones de pesos; Molinos, 70 millones de dólares), las retenciones a los sectores agroexportadores y explotadores de  petróleo y minería (en manos principalmente de capitales extranjeros) siguen siendo absurdamente bajas,  se sigue subsidiando a la educación privada (tanto colegios primarios, secundarios, como universidades) y a las instituciones religiosas.

Pero el argumento principal esconde detrás de sus palabras al sujeto (y sus intereses). ¿Quiénes quieren que se reestructure la economía? ¿Y para qué? Estas medidas son las tareas que le puso al gobierno un sector importante de la burguesía nacional y extranjera (junto al FMI), que quieren conservar (o aumentar) su tasa de ganancia. Por un lado, la disminución del “gasto público” (entre comillas porque la salud, la educación y la ciencia NUNCA deberían ser considerados como un gasto) responde a la necesidad de disminuir las tasas impositivas; por el otro, las paritarias, la inflación y la devaluación del peso lograron despreciar el salario (el salario mínimo en el 2015 era de 560u$s; en este momento es de 237u$s). Entonces, ¿a quiénes benefician estas medidas?

Si bien el violento ajuste (insuficiente para los empresarios) está en manos del dream team del Mundo de la Alegría, quedan abiertas algunas preguntas: ¿existe continuidad de la política neoliberal de la dictadura militar, el gobierno de Menem y el actual gobierno? Y si es este el caso, ¿jugó el kirchnerismo algún rol en dicha continuidad?

En este marco, la Ciencia Nacional (al igual que la Universidad Pública, ambas profundamente entrelazadas) se encuentra en una seria crisis, peligrando su continuidad, ya sea por el desfinanciamiento de los proyectos de investigación, despidos de hecho o encubiertos (disminución de becas, disminución del número de entrada a carrera, la no efectivización de los cargos obtenidos por concurso, etc) o por la migración de lxs mismxs trabajadorxs de ciencia (“fuga de cerebro”).

La degradación del MINCyT a secretaria (junto con muchos otros ministerios como el de salud y trabajo) no solo es un símbolo político[5], sino que concretamente golpea sobre la continuidad laboral de muchxs trabajadorxs y de la capacidad productiva (discontinuidad de proyectos de investigación por falta de financiación o falta de trabajadorxs; disminución de la planta de administrativxs; etc). Todo esto parece un terrible deja vu de una época pasada; sin embargo, las condiciones estructurales para que esto volviera a ocurrir permanecieron intactas. Ninguna política científica en Argentina, posterior a los años 60, ha tenido el interés de resolver alguno de los tres problemas estructurales de la Ciencia Nacional, planteados anteriormente. La política científica de los gobiernos kirchneristas pareciera ser una excepción. El aumento de becas y de entradas a carrera de investigador (CIC) y el incremento de 250 veces de la financiación de proyectos de investigación (proyectos FONCyT), le creación del MINCyT y la designación de un investigador como ministro, parecía ir en la dirección de una cierta autonomía científica nacional. Sin embargo, los dos primeros gestos en realidad fueron logros obtenidos por la lucha de lxs trabajadorxs a fines de los 90 y la crisis del 2001, que el gobierno oportunamente concedió en el contexto general de su política. Los planes de CyT aprobados durante su gestión[6] responden a las necesidades planteadas anteriormente por el Banco Mundial2: el incremento de una masa de trabajadorxs altamente calificadxs (doctorxs/investigadorxs) que “potencialmente” migrara al sector privado.

No es casual que el titiritero de la obra fuera Lino Barañao, quien siempre sostuvo una política mercantilista de la Ciencia.  La financiación de la Ciencia aumento 250 veces; mientras que la financiación destinada a la innovación tecnológica en sectores privados (subsidios FONTAR, FONARSEC, FONSOFT, de la ANPCyT) aumentó en más de 1000 veces durante el mismo período. Además, se crearon incubadoras de empresas, y se modificaron los criterios de concurso (tener un doctorado, participar de patentes o servicios, orientar los proyectos a temas “aplicables”-estratégicos, etc). El oportunismo no solo respondió a dar respuesta a las demandas de los organismos extranjeros (ej. BM), y desarrollar una política de formación de científicxs que -al no ser “absorbidos” por el sector público – migrarían al sector privado; sino que también su gesto actuó de “papelitos de colores” para encandilar al sector, produciéndole una ceguera sobre la complejidad del proceso ocurrente.  Esta falsa “autonomía política nacional” tan solo era una careta de todo lo contrario.  La financiación del proceso productivo científico seguía ligado a las vías de préstamos internacionales (Prestamos BID) y a sus condiciones; y la variable “ajuste” era una canilla que podía abrirse o cerrarse según el desarrollo del sector privado.

Justamente, como este sector privado nunca se desarrolló a niveles que permitiera incorporar esa masa crítica de trabajadorxs, es que el proyecto fracasó (en palabras de Lino Barañao) y debió iniciar el retroceso.  A partir del 2008 en adelante la Ciencia se embarcó, todavía sin saberlo, en un proceso de derrumbe lento: ya partiendo de un nivel relativamente bajo con respecto a otros países, el porcentaje del presupuesto nacional destinado al sector fluctuó en tendencia a la baja (Ver Figura 2), empezaron a surgir los primeros recortes en el financiamiento de proyectos, becas y entradas a carrera, implicando despidos encubiertos y golpeando la continuidad de dichos proyectos. La “máscara” del cientificismo progre debió entrar en evidente contradicción cuando los gobiernos K favorecieron la explotación de la megaminería y la entrada de Monsanto en la Argentina, desoyendo los innumerables informes científicos negativos que alertaban contra sus impactos socio-ambientales (ej. el Dr. Andrés Carrasco).  Pero no. Hoy, como en ese entonces, siguen ocurriendo.

No sólo no se avanzó hacia la autonomía, sino que también se agravó el grado de incertidumbre laboral y de continuidad de los proyectos, y se empeoró notablemente respecto a la precarización laboral. El presupuesto de CyT es una variable sujeta a la política del gobierno de turno; el motivo porque esto permanece así es que todos los sectores políticos no quieren perder el poder de decidir sobre esta variable (al igual que la de salud y educación). Esta complicidad institucional entre gobiernos permite generar siempre las condiciones para que cualquier ajuste, en este caso el  que empezó en el 2008, y se agudizó drásticamente con el actual gobierno.  Si bien en el 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo[7], que proponía un incremento gradual en el presupuesto destinado a Educación y Ciencia y Técnica para que todo el sector alcanzara el 6% de PBI en el 2010, dejaba desprotegido al sector posteriormente. El 23 de agosto de 2017, el Senado de la Nación dio media sanción al Proyecto de Ley de Financiamiento de la Ciencia y Tecnología[8], que establece una meta del 3% del PBI destinado a CyT para el año 2030.  Muy oportunamente, la oposición presentó una ley para proteger al sector, en condiciones en las que la probabilidad de su aprobación fuera mínima. Si se hubiera propuesto y aprobado dicha ley cuando eran mayoría en el congreso y eran gobierno hubieran limitado el posterior accionar del gobierno de Macri; pero también el propio.

Por otra parte, durante el periodo comprendido entre 2003-2016, el sistema científico se engrosó a base del aumento del sector más precarizado (lxs becarixs) y con mayor nivel de incertidumbre laboral (ver Figura 1). Esto devino no solo en el aumento de trabajadorxs en negro, sino también en el grado de su precarización, teniendo este sector que absorber tareas que no le debieran corresponder (como administrativas o técnicas generales).  La ausencia de un Convenio Colectivo de Trabajo (negado sistemáticamente por todos los gobiernos de turno) favorece justamente la asignación arbitraria de tareas, lo que conlleva a un deterioro de las condiciones laborales.

A pesar de esto, hoy un sector importante de investigadorxs formados (CyUA, CyTA, etc) aún persiste bajo el efecto de la ilusión. Bajo una autopercepción distorsionada de su propia realidad, donde se comprenden ajenos a la clase trabajada y se autodefinen como intelectuales, quedan enajenados de los mecanismos tradicionales (gremiales) para transformar sus condiciones laborales, e incluso intentando reemplazarlos por otras vías menos eficientes. Insisten en contraponer el modelo anterior al actual, negando la continuidad de la crisis, sin hacer una autocrítica de su rol histórico, y apostando a las elecciones del 2019 como la “solución al problema”. Pero, dicho en palabras de A. Einstein: “Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”.

No todo está perdido. Como reacción a esa política mercantilista de la ciencia (que marca el ritmo del ajuste), y a la ineficiencia para resolver los problemas reales del sector, conformándose con soluciones pasajeras (como aumento coyuntural de becas o entradas a CIC), viene surgiendo una nueva generación de trabajadorxs de ciencia, con conciencia de clase, solidaria, que busca construir instancias gremiales horizontales, de base, anti-burocráticas (JCP, AGD, ATE-CONICET), organizadas para enfrentar los ajustes, los despidos, o los maltratos, que lucha por un Convenio Colectivo de Trabajo, el reconocimiento de todxs de los becarixs como trabajadorxs,  y un financiamiento del sector que represente al menos el 5% de PBI. Una generación, en la que orgullosamente me incluyo, que está dispuesta, no solo a resistir, sino a ir por más.

Referencias:

[1] A modo de ejemplo: Chris Woolston, “Graduate survey: A love–hurt relationship”. Nature 550, 549–552, 26 October 2017 (http://go.nature.com/2qWSyfX)

[2] Kristian Thorn, “Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina. Un perfil sobre temas y prácticas”. Banco Mundial-Región de América Latina y el Caribe, 2005.

[3] El directorio de CONICET está compuesto por un representante de cada uno de estos sectores.

[4] Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Sin rebote en el empleo. Análisis de los despidos en 2018”

[5] Otro gesto político del actual gobierno es el aumento de presupuesto para las fuerzas represivas a costa de la desfinanciación de la Salud, Educación y Ciencia y Técnica.

[6] Plan Nacional Plurianual de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006-2010 y 2012-2015, aunque los planes anteriores (y posteriores a 1997) muestran claramente el perfil de las políticas científicas argentinas en dicha dirección.

[7] http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley26075.pdf

[8] http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/389749/downloadPdf