El secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCYT habló con la agencia de noticias TSS/Unsam sobre cómo la pandemia irrumpió y se incorporó a la planificación del ministerio. También adelantó los ejes del Plan 2030 que se presentará en los próximos días, explicó los aprendizajes en los que se apoya el diseño de la nueva agenda de producción de conocimiento y analizó los desafíos socioambientales a los que se buscará dar respuestas.
En octubre pasado se realizó en forma virtual el primer encuentro de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo: trazar los lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y presentar el documento prelimilar. “El nuevo plan reemplazará al ya expirado Argentina Innovadora 2020 y servirá de guía para el país que queremos construir”, adelantó en su momento el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), Roberto Salvarezza.
La Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCYT, Diego Hurtado tiene un rol clave en el nuevo diseño. Su titular, Diego Hurtado, se doctoró en Física, es historiador, docente en la Universidad Nacional de San Martín y especialista en desarrollo tecnológico en países semiperiféricos. Además, presidió la Autoridad Regulatoria Nuclear e integró el directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, hoy Agencia I+D+i.
Durante la charla con TSS/Unsam – agencia de noticias que creó y dirigió -, además de referirse a cómo la pandemia impactó en el diseño de políticas, subrayó la importancia de la coordinación interministerial, destacó la deuda que existe en términos socioambientales y explicó las razones por las qué considera que se lograrán concretar objetivos muy ambiciosos.
-¿Cuáles eran los lineamientos de políticas que tenían pensados para el MINCYT y cómo los afectó la pandemia?
-Algunas cuestiones estaban bastante bien definidas. Teníamos un diagnóstico del plan Argentina Innovadora 2020 hasta 2015, contábamos con trabajos específicos y tesis sobre los fondos de la Agencia y del CONICET. Entre 2016 y 2019 no solo resistimos las políticas del macrismo, también discutimos lo que se había hecho antes. Cuando recuperamos el MINCYT ya sabíamos que había que mejorar las capacidades de coordinación de un ministerio que se había encapsulado. La otra dimensión clave es responder a la demanda, que no puede venir solo de otros ministerios, sino de la conexión entre lo que se defina en las políticas públicas y las agendas de las economías regionales. El concepto de demanda está en el ADN del plan Argentina Innovadora 2030. Es lo que va a definir la agenda de producción de conocimiento. Queremos saldar el sesgo ofertista, una de las grandes debilidades de la región como consecuencia de la dependencia cultural y económica. En la Argentina no tenemos ecosistemas preparados para procesar una parte importante del conocimiento básico y darle valor económico. Sobre esto nos ha dado un indicio el trabajo de Darío Codner. Hay dos ejes que son casi una obsesión. Por un lado, el concepto de federalización, desagregado en las economías regionales, lo que a la vez supone el compromiso de los gobiernos provinciales. Por otro lado, las políticas públicas de los ministerios sectoriales que definen la demanda inicial. Con esas ideas nos pusimos a trabajar en un documento preliminar y de repente apareció la pandemia. La reacción fue crear la Unidad Coronavirus y avanzar en la centralización de las capacidades científicas y tecnológicas a nivel nacional para ponerlas a disposición del Poder Ejecutivo.
-¿Qué implicó eso?
-Implicó reuniones y acciones de todo tipo. El Ministerio de Salud, por ejemplo, nos pidió que nos contactáramos con Tecme, la principal empresa de respiradores del país, para ver cómo podíamos ayudar. Fuimos a Vehículo Espacial Nueva Generación [1], una empresa del sector espacial con capacidades en ingeniería que no abundan en el país y que depende de la CONAE y por lo tanto del MINCYT. En apenas dos meses se logró duplicar la producción respiradores. Tecme pasó de fabricar algo más de doscientos por mes a cuatrocientos mediante una planta gemela. El nivel de coordinación con que se logró responder a la pandemia nos hizo pensar que no debemos perder este esfuerzo. El concepto de coordinación es clave. Creemos que puede ser la gran marca de esta gestión.
-¿Qué cosas fueron postergadas por la pandemia?
-Durante tres o cuatro meses fue todo pandemia. Algunas líneas de trabajo seguían, pero a media máquina. De a poco fuimos recuperando una agenda y podemos decir que la pandemia y lo que trajo de irreversible quedó incorporado al plan que estamos diseñando. En octubre logramos publicar el documento preliminar para empezar el proceso de construcción colectiva del Plan 2030. En ese documento plasmamos cuatro conceptos núcleo que lo articulan. El primero es el de Estado protector, que nos parece fundamental. El Estado tiene que ser emprendedor, coordinador tecnológico, pero también debe proteger a los sectores más vulnerables. En segundo lugar, la sustentabilidad, entendida como socioambiental. La tercera noción es la de territorialidad, la dimensión provincial y las economías regionales. Entendemos que la federalización no es posible si no conseguimos el compromiso de las provincias y de las economías regionales en la definición de las agendas de I+D. El cuarto núcleo, que está tomado de la economía del desarrollo, es el concepto de cambio estructural. Esto supone una agenda de producción de conocimiento que acompañe a un país que quiere salir del lugar de productor primario y que, para eso, debe cambiar su matriz productiva.
-Algunas de esas ideas estaban en el Plan Argentina Innovadora 2020. ¿Por qué si no se logró antes deberían funcionar ahora?
-Porque tenemos la experiencia y el diagnóstico. Algunos hablan con el diario del lunes. Es fácil criticar, pero la realidad es que había que gestionar un país que venía de una crisis profunda, como fue la de 2001. Antes hablábamos de los problemas de coordinación. Está el caso de las pymes, por ejemplo, a las que buscamos llegar con instrumentos de política científica y tecnológica. Es un tema que hablamos mucho con Fernando Peirano, el titular del Fondo Tecnológico Argentino. Los instrumentos estuvieron en la Agencia I+D+i, pero el financiamiento fue escaso y el mundo de las pymes es muy heterogéneo. Yo prefiero hablar de aprendizajes. Me parece que ahora estamos mejor equipados. Un ejemplo es lo que estamos empezando a realizar con la economía social. Estamos hablando de cuatro millones de personas que están en la informalidad. Incluso con el proceso de industrialización más virtuoso que se pueda generar habría grandes dificultades para incorporar a esas personas a la economía formal. De allí que haya que incorporar la economía social, o cualquiera sea el concepto que utilicemos para definir al sector. Por eso estamos explorando junto con el Instituto de Producción Popular que dirige Enrique Martínez el formato de lo que llamamos parques de producción social. Serían el equivalente de los parques industriales, pero para albergar empresas sociales. El problema no se soluciona con un subsidio y después arreglate. La idea de un parque de producción social supone un espacio físico común, una infraestructura, una organización interna y capacitación. Una intervención mucho más sistémica sobre el sector.
-¿Hay algún modelo que estén mirando?
-Estamos explorando qué características deberían tener en la Argentina. Es un modelo que no tiene tradición en nuestro país, pero sí en los anglosajones. Estamos trabajando para entender qué funcionamiento tienen y cuáles son los compromisos del Estado en los países en donde estas experiencias funcionan. Se trata de ver cómo se podrían adaptar. Para eso también estamos en interacción con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la ANSES.
-Alguien podría preguntar qué tiene que ver el Ministerio de Ciencia con la economía social.
-El MINCYT debe generar agendas de producción de conocimiento y extensión que pueden apuntalar e incorporar conocimiento a los parques de producción social. Es lo mismo que estamos trabajando para la economía formal con las pymes junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo.
-En el plan anterior había grandes metas cuantitativas que no se alcanzaron, como la cantidad de investigadores por habitantes y la inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del PBI. ¿Esas metas estarán proyectadas?
-El plan va a tener otra lógica. Va a estar orientado por problemas, no por metas. Partirá de la definición de cuáles son los grandes desafíos que se propone el país. A partir de ahí se definirán las agendas nacionales, provinciales y regionales. Por ejemplo, la transición energética es uno de los temas que debemos abordar. Se pueden poner metas cuantitativas, pero la pregunta elemental es cómo va a ser la política energética, qué tipo de tecnologías pueden producirse en el país. La política energética tiene que ser una política industrial y tecnológica. Para eso hay que entender en qué áreas puede ser competitiva la industria nacional. Partimos de definir problemas y los desagregamos en agendas nacionales y provinciales. En paralelo aparecen las tecnologías transversales que ayudan a encontrar soluciones. A eso se suman los proyectos orientados por misión, un concepto que muy desarrollado por Mariana Mazzucato, que viene de los años ochenta y debe ser adaptado a nuestra realidad. La orientación por misión permite estabilizar instituciones, lo que se puede ver con claridad en el sector nuclear. Las metas ambiciosas ayudan a la continuidad de las instituciones, a generar capacidades de coordinación, a trascender gobiernos y a garantizar la inversión pública.
-¿Qué plazos manejan para la presentación del plan?
-La primera versión tiene que estar para fines de 2021. Eso no significa que ahí se terminó el plan, sino que recién empieza. Después vendrá una segunda versión con metas cuantitativas. Esto último no podemos hacerlo ahora. Queremos un proceso colectivo de construcción. Que los ministerios marquen primero los lineamientos de las políticas públicas y después lo hagan las provincias. Esto no significa que no estemos definiendo líneas, sectores y financiamiento. Por ejemplo, destinamos cinco millones de dólares de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo para la producción pública de medicamentos. Nos sentamos con la gente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y le dijimos que queríamos apoyarlos. Ellos hicieron durante meses un trabajo de rastrillaje y definieron las líneas. Sin embargo, hay cuestiones, como la modernización tecnológica que requiere la agencia, que no podemos financiar con esos fondos. Así que fuimos al Ministerio de Desarrollo Productivo y coordinamos con la Dirección de Compre Nacional, que sí puede financiar la modernización tecnológica para la fabricación de medicamentos. Acá hay algo que será inédito. Vamos a financiar con dos instrumentos que vienen de diferentes ministerios, pero que hacen foco en la misma meta, las capacidades nacionales para producir la vacuna BCG. La podemos producir en el país, pero importamos porque no alcanza con lo que se fabrica. Aumentamos capacidades de I+D para producirla, para cubrir el calendario nacional, dejamos de importarla y ahorramos divisas.
-Para ejecutar un plan hace falta inversión. ¿Están esperando la aprobación del proyecto de ley para establecer un aumento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología?
-La ley de financiamiento sería una bendición, daría una previsión presupuestaria que iría en aumento. Entendemos que hay un consenso importante y que se va a aprobar. Diría que estamos contando con esa ley. Tener previsibilidad en los incrementos presupuestarios es crucial en la planificación. Esto por el lado de la inversión pública, pero también tenemos el desafío de traccionar la inversión privada.
-Si se miran las curvas de inversión de las últimas décadas se ve que la privada no sigue a la pública. ¿Cómo se cambia esta dinámica si no se logró en los años de mayor crecimiento?
-Es una situación compleja. No solo gobierna el Gobierno nacional, también lo hacen los poderes fácticos. Hay un proyecto de país que no necesita de ciencia y tecnología, y que además reproduce conductas y culturas empresariales predatorias y cortoplacistas que fugan en lugar de invertir en el marco de una economía extranjerizada. Necesitamos potenciar las culturas empresariales que apuesten al proyecto de país que votó la gente y que sostiene la democracia. Necesitamos instrumentos y capacidades para generar metas comunes. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande, mucho trabajo interministerial para avanzar en este sentido. Es un problema multidimensional.
-La inversión prevista en ciencia y tecnología en el Presupuesto 2021 aumenta un cuarenta por ciento en términos nominales, pero es bastante exigua si se la mide en dólares con relación a los montos asignados años atrás. ¿En qué medida condiciona la planificación?
-El Gobierno nacional está haciendo un esfuerzo enorme. Es una limitación, obviamente, ya que con mayor inversión podríamos poner objetivos más ambiciosos. Lo que está claro es que con el aumento presupuestario, más las señales que da el Gobierno y la capacidad de reordenarnos y volver a poner metas, lo presupuestado alcanza para dar un salto durante ese año. El plan espacial se está relanzando con una inversión de dieciocho millones de dólares. Será nada para la NASA, pero para nosotros es algo que sirve para recuperar lo que estaba frenado. Reorientar, poner foco y relanzar instrumentos de financiamiento nos ayuda a poner los motores en marcha nuevamente.
-¿Cómo van a enfrentar los desafíos ambientales? Hubo fuertes críticas al acuerdo con China para producir carne porcina, también a la aprobación del trigo genéticamente modificado y hay un duro cuestionamientos al impacto de la minería y de los agrotóxicos.
-Cuando llegamos no imaginábamos la relevancia que iba a tener el tema ambiental. Es una de las asignaturas pendientes. El impacto de la extranjerización en la producción primaria es tremendo. De ahí también la idea de un Estado protector para que ese impacto no perjudique a los sectores más vulnerables. Es un tema que irrumpió como un tsunami. En el gabinete está Carolina Vera, una referente del cambio climático. No es algo menor. Lo ambiental es una variable fundamental y conflictiva, pero no solo para nosotros, también lo es para la mesa interministerial.
-¿El Ministerio de Agricultura puede trazar una salida gradual de las peores prácticas ambientales del agronegocio?
-Puede poner una meta y diseñar incentivos, pero hay toda una agenda de producción de conocimiento que debería garantizar las capacidades para producir y a la vez regular. Ahí juega el MINCYT. El Observatorio de Agroquímicos que impulsó el ministro Salvarezza es un buen ejemplo. El acuerdo con China, por caso, viene evolucionando. Hubo una primera aproximación, y se pusieron sobre la mesa el problema de qué tipo de granjas son sustentables y cuáles son los límites. Fuimos interpelados y tratamos de dar respuestas. Cuando nos sentamos con Ambiente y Agricultura saltan chispas. Y esto es así porque la agenda ambiental relacionada con las formas de producción es problemática. Hay que pensar cómo se genera sustentabilidad en estas áreas y eso exige negociar. Muchos encuentran que esto va en contra del clima de negocios, ya que la sustentabilidad exige inversiones.
-El plan que están diseñando parece más un plan de desarrollo que uno de ciencia y tecnología. ¿Tendrá capacidad el MINCYT para poner en marcha lo que se propone? Sin el compromiso de otros ministerios y de los gobiernos provinciales podría quedar en intenciones.
-Es el riesgo de elaborar agendas y asumir compromisos vinculados con un proyecto de país. Es un trabajo político y es el principal desafío que enfrenta nuestro ministerio. La pregunta supone la idea de que estamos jugando con un riesgo altísimo de no acompañamiento, pero no creo sea tan alto. Desde el ministerio percibimos que lo que va surgir como compromisos de agenda son cuestiones que ya se vienen trabajando, otras son diagnósticos y otras son deudas históricas. No minimizo la pregunta, ya que las metas son muy ambiciosas en materia de coordinación y acompañamiento de los gobiernos provinciales. Sin embargo, por otro lado, hay una demanda muy fuerte de federalización. Ahí se conectan las dos cuestiones. El desafío está abierto y dependerá de poder generar consensos. El salto que queremos dar es importante.
Notas
[1] VENG es una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado especializada en la actividad espacial. Desde el inicio de sus actividades comerciales (2007) se desarrolló exponencialmente participando en proyectos impulsados por su controlante, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con la premisa de contribuir al posicionamiento estratégico de la Argentina y de contribuir con herramientas que mejoren la calidad de vida de la población. Sus pilares de gestión son la integridad y la sustentabilidad económica de la empresa. Es la firma designada por la CONAE para comercializar y distribuir las imágenes del Satélite SAOCOM.
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