Una cuestión central

Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional China firmaron el primero de febrero el contrato para la construcción de Atucha III, un reactor de 1.200 Mw que se instalará en el complejo de la localidad bonaerense de Lima. En diálogo con TSS-Unsam, el vicepresidente de la empresa estatal, Jorge Sidelnik, habló sobre los alcances del acuerdo, analizó la posibilidad de fabricar el combustible en nuestro país y respondió a las críticas que recibió el proyecto frente a otras opciones para producir energía.

Con la firma del contrato entre Nucleoeléctrica Argentina (NASA) [1] y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) todo indica que finalmente se avanzará en la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear de potencia en el país. Se trató de una larga negociación que comenzó en 2014, incluyó un memo de entendimiento en 2015 y la paralización de las gestiones durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Según el contrato, en menos de un año deberían iniciarse las obras. Sin embargo, todavía hay conversaciones sobre dos temas esenciales. El primero, la cuestión del financiamiento. El otro, la provisión del combustible, si la Argentina podrá fabricarlo y, en ese caso, en qué condiciones. El motivo: el uranio enriquecido que requiere la central es un combustible que no se produce a escala industrial en nuestro país.

En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) señalan que la existencia de una cláusula precedente al contrato general firmado por Nucleoeléctrica para la construcción de la central es una excelente oportunidad para concretar la transferencia tecnológica que permita la fabricación del combustible en el ámbito local. El beneficio: habilitaría la incorporación de nuevas capacidades en el sector nuclear a la manera de lo que Jorge Sábato denominó como “apertura del paquete tecnológico”.

Por lo pronto, la CNEA ya analiza los detalles de cada anexo del posible contrato. Una tarea que, según explican, lleva tiempo. Las conversaciones en marcha incluyen un cronograma que permita calificar el combustible para el primer núcleo. Sin embargo, afirman que, ahora, la prioridad es cerrar el compromiso para acceder a la materia prima, los semielaborados y los componentes y piezas que se necesitan para fabricar los elementos combustibles en nuestro país. En el futuro, la transferencia implicará la formación de recursos humanos y la posibilidad de sustituir la importación del combustible.

La negociación la lidera NASA, la empresa estatal que ya opera las tres centrales nucleares de potencia que existen en nuestro país, y que también operará Atucha III, la primera que use uranio enriquecido, una tecnología con mayores controles geopolíticos ya que también puede tener aplicaciones bélicas. En Nucleoeléctrica destacan que el proyecto generará alrededor unos 5 mil empleos durante la construcción. Una vez operativa, el país generaría unos 2.900 megavatios mediante la energía nuclear. Un salto importante frente a los 1.700 actuales. Destacan también que se trataría de un avance ambiental: la producción de energía nuclear no genera gases de efecto invernadero. Además, tampoco depende de factores climáticos, como la hidroeléctrica, la eólica y la solar.

-¿Cuándo empezará la construcción de la central?

-Nuestra intención es empezar a fin de año. Antes, hay que finalizar un montón de tareas en las que ya estamos trabajando, como limpiar el predio, preparar el estudio de suelos y aprobar el estudio de impacto ambiental. Una vez firmado el convenio, nos va a llevar unos seis o siete meses completar todas las actividades precedentes para que el convenio esté activo. Tenemos esperanzas de que la obra empiece a tomar un buen ritmo a fin de año.

-¿La Argentina podría llegar a dominar el ciclo de combustible de la Hua Long?

-Sí. Hubo un proyecto importante en Pilcaniyeu (Río Negro). Además, la CNEA sigue estudiando otras alternativas. Habrá que evaluar si es rentable por la cantidad de uranio enriquecido que necesitamos para una sola central, si estamos dispuestos a solventarlo o si preferimos comprarlo en el mercado. Hay que pensar que el recambio de combustible de una central PWR (reactor de agua a presión) se hace cada dieciocho meses. Como lo que se recambia es más o menos un tercio del combustible no es mucho lo que se compra. Hay que analizar la viabilidad económica, porque Nucleoléctria no deja de ser una empresa que opera en el mercado mayorista y compite. La CNEA está en condiciones de terminar de desarrollar el ciclo. Después hay que pasar a un programa industrial, y eso tiene otras características. Es un problema económico más que tecnológico.

-En 2015 se habló de empezar con una central de tecnología CANDU y después hacer la Hua Long. Durante el gobierno anterior se cambió el plan. ¿Hoy se busca volver a hacer una CANDU con financiamiento chino?

-Esa era nuestra intención cuando estábamos en la gestión que terminó en 2015. Después de hacer la extensión de vida de Embalse nos quedaba mucha gente con la experiencia de estar en una CANDU y había muchas ventajas, porque el combustible lo podíamos hacer nosotros y el agua pesada también. Primero estaba la CANDU y después la Hua Long. Incluso habíamos llegado a un acuerdo con la Corporación Nuclear Nacional China. Lamentablemente, cuando Macri da de baja la central CANDU del cronograma de centrales nucleares, se cortó ese lazo con la corporación nuclear china y también la posibilidad de obtener el financiamiento. Nos pareció que si forzábamos la discusión y volvíamos sobre la CANDU nos íbamos quedar sin una y la otra. Por eso cambiamos la óptica y decidimos terminar de concretar el acuerdo por la Hua Long, pero dejando vivo un grupo de ingeniería en Embalse, que es el centro en donde quedaron las capacidades para lo que nosotros llamamos el proyecto nacional. Las inversiones no son menores para un proyecto de estas características, pero programamos todo para que cuando el país esté un poco mejor se pueda hacer la adquisición del equipamiento, ver el sitio y hacer todo el plan.

-¿Eso contaría con financiamiento chino?

-Por ahora no, veremos si lo logramos.

-En los últimos días se publicaron artículos críticos con respecto al proyecto, señalando aspectos como que la central Hua Long costaría unos 13 mil 500 millones de dólares y que la tasa de financiamiento es del 7 por ciento anual, cuando hasta 2015 se hablaba de una tasa de 4 por ciento.

-Todavía estamos negociando la parte financiera, así que no sé cómo saben a qué tasa vamos a cerrar. Lamentablemente, las tasas están aumentando en todo el mundo. Si hubiésemos firmado el contrato en 2015 o en 2016, todo hubiera sido mucho más competitivo. Además, parte de la inoperancia de tener que pagar más es por culpa de la gente que escribió esos artículos. Lo importante es que vamos a pagar con la energía que producimos. La central no se repaga hasta que no esté construida y empiece a vender energía. No vamos a pagar antes, vamos a pagar con los recursos que vamos a generar.

-¿El costo sería de 8 mil o de 13 mil 500 millones de dólares?

-Una cosa es lo económico y otra lo financiero. Como siempre, se mezclan las cosas para confundir. Vamos a ver cómo resulta la negociación financiera. Ahí se verá el precio final. Lo concreto es que el costo de construcción es de unos 8 mil 200 millones. Veremos qué cosas entran y qué no. Además, estamos discutiendo el contrato de transferencia de tecnología a la CNEA y viendo si lo financiamos aparte o lo incluimos como costo del proyecto. Recién ahí se cerrará el paquete.

-Otra crítica es la competencia con el gas natural, con el argumento de que es más económico hacer una planta de ciclo combinado.

-Hay varios aspectos. Primero hay que ver qué herramienta se usa para analizar un proyecto. Las herramientas de análisis cuentan solo los primeros veinticinco años de generación y esta central nuclear va a durar por lo menos sesenta años, y lo más probable es que sean ochenta, algo que una central de ciclo combinado no logra. Hoy, Atucha I está paga y se va a hacer la extensión de vida con un costo marginal cero. Hace muchos años que está amortizada. Entonces, primero tenemos que ver la herramienta de análisis y luego las externalidades que se generan. Algunos análisis solo ven el reintegro como si fuera una empresa privada. Sin embargo, construir una central nuclear tiene otros beneficios. Por ejemplo, el mantenimiento de las centrales de gas de ciclo combinado en la Argentina depende pura y exclusivamente del diseñador. Acá no se hace absolutamente nada, y lo que hace la empresa está dolarizado. Otro ejemplo. Cuando se construyó Atucha II se hizo una escuela de soldadores porque no había soldadores capacitados. Una vez que terminaron se fueron a la industria petrolera. Hay un beneficio social que tendríamos que ponerle un valor, y que no tiene una central de ciclo combinado. Un tercer aspecto, y esto dado que en uno de los artículos se hace referencia a que hay que sacar el gas lo antes posible antes de que la ventana de oportunidad se termine, si tantas ganas tienen de exportar gas ningún beneficio mayor que tener una central nuclear que no lo consuma. El gas y el petróleo se pueden ser exportado, pueden generar divisas, y siempre habrá alguien en la industria petrolera que querrá invertir la explotación de hidrocarburos.

-El personal calificado de CNEA también hace el mantenimiento de otras centrales, como la de Angra dos Reis en Brasil, pero también en otros países…

-Tenemos un acuerdo con Framaton, que es una empresa reconocida a nivel mundial. Hemos estado en Brasil y ahora estamos mandando gente a una central en Ontario (Canadá), estos últimos por las capacidades que adquirimos con la extensión de vida de Embalse. Además, tenemos un acuerdo con la operadora china que tiene dos centrales CANDU a las que se les harán la extensión de vida y allí vamos a realizar algunas tareas de algún apoyo. Ahí hay un reintegro de las capacidades en las que invertimos.

-¿El acuerdo por la Hua Long estaba supeditado al acuerdo con el FMI?

-No. Obviamente los bancos pondrán sus condiciones. Las estamos empezando a discutir. Lo del FMI, y esta es una apreciación personal, define un poco la tasa. Si no firmamos con el organismo, seguramente los bancos chinos van a reclamar una tasa más alta que si acordamos.

-Habló de la licencia social. El Gobierno anterior había propuesto hacer Atucha III en la provincia de Río Negro, y esto fue un problema muy grande, ya que el proyecto fue resistido. Ahora se va a hacer donde están Atucha I y II. ¿No habrá problemas con eso?

-Tenemos sitio y estamos conversando con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para cumplir con todos los pasos legales, entre ellos prepararnos para la audiencia pública. Ya lo hicimos en Embalse para la extensión de vida y por supuesto lo vamos hacer en Lima, donde tenemos una muy buena relación con la comunidad. En la zona hay mucha expectativa. Mucha gente participó del montaje y puesta en marcha de Atucha II, y luego de terminadas las obras se quedaron sin empleo. La construcción de la nueva central y la extensión de Atucha I, que será algo de transición, generará muchos puestos de trabajo y va a mejorar la calidad de vida de la gente. Solo la extensión de Atucha I demandará unos 450 millones de dólares y permitirá que la planta siga operando durante unos veinte años más.

-¿La extensión de vida de Atucha I incluirá un aumento de su potencia?

-Estamos analizando si podemos incrementarla entre 5 o 7 megavatios. Pero estamos en la etapa de análisis, así que no podemos confirmarlo. Lo importante, lo que vale la pena subrayar, es que no vemos las centrales nucleares solo desde el punto de vista de la energía puesta en el mercado y la competencia. De eso no tenemos duda. Lo que también vemos, y de esto tampoco dudamos, es que se trata de proyectos que implican una oportunidad para el apalancamiento de la industria local y el desarrollo de la cadena de proveedores.

 

[1] Nucleoeléctrica Argentina S.A es la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país (Atucha I, Atucha II y Embalse). También de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista de la energía producida por sus plantas y del gerenciamiento de proyectos que aseguren la normal operación de sus instalaciones, así como de aquellos que tengan por objetivo la eventual construcción de futuras centrales nucleares en territorio nacional. La potencia instalada total de sus tres plantas es de 1763 MW. La empresa es una sociedad anónima cuyo capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) e Integración Energética Argentina S.A (IEASA).