El Ministerio de Agroindustria bonaerense publicó una resolución que habilita pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones, escuelas rurales, fuentes de agua e incluso reservas naturales. La salud, en manos del ingeniero agrónomo.
Cualquier presunción quedó corta. Su paso de dos años y ocho meses por la gerencia de la división semillas de la multinacional Monsanto, madre del cancerígeno herbicida glifosato y nave nodriza del desembarco de los transgénicos en Argentina y la región, permitía suponer que alguna que otra política pro agrotóxicos podía tener cabida.
Nadie imaginó que el entusiasmo del muchacho llegaría a tanto.
Yendo varios metros más allá de cualquier especulación, Leonardo Sarquís, máxima autoridad del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, firmó la resolución 246-MAG-P18 que, publicada el lunes en el Boletín Oficial bonaerense, habilita las pulverizaciones con plaguicidas a mansalva.
Leonardo Sarquís, ministro agrotóxico.
Con fecha de entrada en vigencia establecida para el 1° de enero de 2019, el marco legaliza la aplicación de venenos en lotes vecinos a cualquier punto poblado –urbano, residencial extraurbano, de población dispersa–, áreas de bombeo, reservas naturales y márgenes de cursos o cuerpos de agua.
Todos esos ámbitos quedan comprendidos, según la disposición, en la categoría “zona de amortiguamiento”.
No contento con esto, el funcionario que responde a María Eugenia Vidal agregó al combo de “fumigables” a un actor cuya extinción estimularía en más de un sentido a los promotores de la agricultura tóxica: la escuela rural.
“La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar”, fija el artículo 5 de la norma oficial.
Una particularidad del texto: aunque fue publicado este 17 de diciembre, la resolución tiene como fecha de membrete el miércoles 17 de octubre. O sea que Sarquís y su equipo aguardaron hasta las distracciones que siempre caracterizan diciembre para soltar la bomba.
Además de ampliar las posibilidades de uso de productos, la 246-MAG-P18 concentra en la figura del ingeniero agrónomo toda la potestad en lo que hace a la batería de agrotóxicos que pueden ser aplicados y el tenor de las cantidades.
El resguardo sanitario de las poblaciones queda descartado de plano en tanto estos profesionales, a diferencia de lo ya sabido del sector médico, carecen de formación hasta en los aspectos más básicos de la toxicología humana.
A la divulgación de lo establecido en el Boletín Oficial, Agroindustria bonaerense le añadió un video de promoción de las aparentes ventajas que acarrearía el modelo que se activará en 2019.
Según el Ministerio, la resolución contribuye a la protección del ambiente, la seguridad alimentaria y la salud humana, “armonizando la aplicación de fitosanitarios –término creado por los fabricantes de plaguicidas para renombrar al agrotóxico– en su relación con el interés general de la comunidad y los valores productivos”.
Pero, si hay algo que ha demostrado la pulverización con pesticidas –sobre todo en las últimas dos décadas–, es que la aplicación de venenos genera todo lo contrario a lo comprendido en conceptos como “protección” o “seguridad”.
Por poner algunos ejemplos de alcance bonaerense:
- Ocho de cada diez peces monitoreados en aguas del norte de la provincia dieron positivo en contaminación con agroquímicos. Los análisis arrojaron presencia de 17 pesticidas diferentes en los diversos tejidos analizados y en algunas muestras se llegó a ubicar hasta 5 plaguicidas concentrados en un mismo ejemplar. Resultados de un estudio llevado a cabo por científicos del INTA y el CONICET, divulgado en julio de 2017 por la revista internacional Chemosphere.
- En ciudades como Trenque Lauquen, se detectó la presencia de herbicidas cancerígenos como el 2,4-D, además de atrazina, hasta en los árboles en torno a la intendencia municipal. Estudio de 2015, concretado por la Universidad del Litoral (UNL).
- Contaminada toda la cuenca del río Paraná con glifosato e insecticidas, la concentración más alta se ubica en el río Luján. Investigación del CONICET y la Universidad de La Plata (UNLP), publicada en julio de 2016 por la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment.
- En agua de lluvia analizada en puntos de la provincia como La Plata y Coronel Suárez se ubicaron concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina. Con carga máxima cuantificada de agrotóxicos hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos. Estudio del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente del CONICET, divulgado en julio de 2018 por la revista internacional Science of the Total Environment.
- Trabajos como “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente” (2015, INTA ediciones), con foco en puntos geográficos como la laguna de Mar Chiquita o el estuario de Bahía Blanca, exponen que “en las últimas décadas, el incremento de la contaminación provocada por la liberación desmesurada de distintas clases de químicos ha afectado el medio ambiente y la salud de los organismos.”
Nada de todo esto parece tener valor para una gestión que, ante la crítica al modelo agroindustrial dominante, exige pruebas científicas de afectación –cuando en realidad quienes pulverizan deberían demostrar que no enferman o matan– pero en cuanto el material técnico aparece, la evidencia rápidamente resulta descartada.
Fijado un marco que amplía el negocio de venta de pesticidas y obliga a las poblaciones a profundizar la interacción con los químicos, la perspectiva que se abre es de un daño sanitario sin techo aparente. De perfil irreversible.
No existe algo en ese aspecto que permita suponer un momento de reflexión sana en el ministro y quienes caminan en su mismo sentido político –y tal vez económico–. Todo lo contrario.
Año nuevo será para descorchar veneno.
Pueblos y escuelas rurales pagarán con salud, como ya es tradición, los costos de la nueva fiesta negra que en breve comienza.
