Nicaragua: la revolución de abril

(Desde Managua. Especial para Socompa) El país vive una rebelión que pone al presidente Daniel Ortega frente a la mayor crisis en sus once años de gobierno. Las causas y el desarrollo paso a paso de un movimiento sin precedentes.

Casi 40 años después de la caída del dictador Anastasio Somoza, las barricadas han vuelto a levantarse en las calles de Nicaragua. Miles de personas hacen manifestaciones, queman neumáticos y se enfrentan a la policía con piedras y “morteros” (bombas caseras) pidiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega.

El país vive nuevamente una rebelión, hasta ahora pacífica, que coloca al ex comandante guerrillero de 72 años ante la mayor crisis en sus once años de gobierno y frente al riesgo de correr la misma suerte del viejo dinasta a quien paradójicamente ayudó a derrocar con la triunfante revolución sandinista de 1979.

Para la socióloga Elvira Cuadra, se trata de “una movilización social sin precedentes” en los últimos años, un fenómeno de protesta inédito pues los actuales protagonistas, a diferencia de aquéllos, no están dirigidos por guerrilleros, partidos políticos o figuras de la oposición. Muchos han comenzado a llamarlo “la revolución de abril”.

“Ellos pertenecen a las generaciones ‘de la democracia’, los que nacieron mucho después de la revolución y de la guerra (1979-90) y crecieron convencidos de que pueden luchar por sus derechos”, dice Cuadra.

El conflicto comenzó el 18 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social, que  afectaba a miles de trabajadores y jubilados y que Ortega revocó cinco días después. Sin embargo, las manifestaciones se multiplicaron en 14 ciudades del país debido a la represión de la Policía y de fuerzas paramilitares contra los manifestantes, en su gran mayoría universitarios desarmados.

Un total de 66 muertos, gran parte de ellos adolescentes, y más de 540 heridos (200 por armas de fuego), es el registro confirmado por organismos de derechos humanos independientes. El gobierno, que atribuye la crisis a “un complot orquestado desde el exterior”, sólo reconoce 18 muertes.

Una semana antes de la primera manifestación, alumnos de universidades privadas habían protestado en las calles la indolencia oficial ante un gigantesco incendio que consumió 5.000 hectáreas de la reserva de biosfera Indio Maíz, una de las más grandes de Centroamérica. El gobierno tardó seis días en reaccionar, amenazó a los ecologistas que dieron la voz de alerta y rechazó la ayuda internacional.

Sin que el fuego se extinguiera por completo en el sur del país, Ortega encendió otra caldera al modificar, sin consenso con el sector privado y avalado por dos federaciones sindicales oficialistas, el régimen de cuotas laborales y patronales del Instituto de Seguridad Social (INSS), entidad al borde de la quiebra y con un millonario déficit por malos manejos administrativos.

Para Elvira Cuadra, la juventud sorprendió a quienes les recriminaban su aparente apatía o su desinterés en apoyar a la dispersa y desacreditada oposición y sus insistentes denuncias de fraudes electorales. Sólo les faltaba reaccionar.

A su juicio, la reforma fue la gota que rebasó un vaso colmado de acciones impopulares. “El gobierno pensó que podría contener infinitamente el descontento acumulado por la quiebra del INSS, el incendio en Indio Maíz, las alzas a la gasolina y la electricidad, la descarada corrupción y otros abusos”, subrayó.

A lo anterior puede agregarse las repetidas denuncias contra el gobierno por fraudes electorales desde 2008; la reelección continua de Ortega en 2011 y 2016, pese a prohibiciones constitucionales expresas; el uso de fuerzas de choque contra manifestaciones de la oposición; los feminicidios que aumentaron dramáticamente en los últimos años y las recientes amenazas del gobierno de controlar las redes sociales y  que puso en alerta a  un  importante sector de los jóvenes, que representan el 70 por ciento de la población del país.

Durante el último mes, el mundo pudo ver imágenes de los enfrentamientos callejeros y las barricadas de adoquines, símbolo de la insurrección contra el tirano Somoza en 1979, que volvieron a levantarse en las ciudades de Estelí y Matagalpa (norte) y en Masaya, cerca de Managua, donde viejos y aguerridos combatientes del barrio indígena de Monimbó se han sumado a las protestas.

En la capital, tres grandes manifestaciones pacíficas reunieron a cientos de miles de personas que piden “justicia” para los jóvenes muertos en las protestas y exigen investigar cientos de detenciones ilegales, muchas de éstas acompañadas de torturas según denuncias de los afectados. En esas demostraciones masivas, la gente quema banderas del Frente Sandinista y grita “Que se vaya Ortega”.

Durante los últimos días, los capitalinos han visto caer derribados por manifestantes una veintena de “árboles de la vida”, estructuras de hierro de 17 metros de alto considerados un símbolo del gobierno. Un total de 134 “arbolatas” o “chayopalos”, como los llama la población, fueron instalados por toda Managua en 2015 por Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, a un costo de 3,3 millones  de dólares, sin incluir gastos de mantenimiento y vigilancia.

Según la prensa, más allá de ser un capricho kitsch de la  primera dama, los pesados árboles luminosos constituían un negocio importante de la familia Ortega, que maneja la fábrica de hierro que los construyó, la empresa que importó los millones de bombillos de  colores, además de la compañía de distribución eléctrica y sus cobros puntuales a la municipalidad. Hasta hace un mes, cada “arbolata” permanecía vigilado 24 horas al día por un guardia de la empresa de seguridad “Goliat”, propiedad de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial y que maneja las relaciones con el ALBA y los negocios con el petróleo venezolano desde 2007.

En medio de las protestas  populares también ha habido saqueos, quemas de edificios públicos y otros actos de vandalismo por parte de grupos asociados a pandillas juveniles y que, según voceros de los universitarios, son manejados por funcionarios de las alcaldías sandinistas en Managua y en León, donde fue quemada la emisora Radio Darío, conocida por sus posiciones críticas al gobierno.

Según el conocido economista independiente Néstor Avendaño, las pérdidas económicas en el primer mes de crisis ascienden a 650 millones de dólares, suma que representa el 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo país más empobrecido de América latina después de Haití. Las principales afectaciones están en el turismo, la inversión externa, la agricultura, la construcción y la infraestructura.

Ante el temor de los empresarios a una debacle económica irreversible  y el  riesgo incluso de una guerra civil   — pese a que el ejército hasta ahora se mantiene a distancia del presidente y le aclaró que “no reprimirá las protestas”—  la Conferencia Episcopal convocó a un diálogo nacional que fue instalado el 16 de  mayo con la mediación de cinco obispos católicos, también divididos en cuanto a simpatía y rechazo hacia Ortega.

Durante la inauguración, el dirigente estudiantil Lesther Alemán, hasta entonces desconocido para la prensa, emplazó a Ortega a renunciar al cargo. “Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida. Ríndase ante todo este pueblo, ordene el cese al fuego ahorita mismo. Lo que se ha cometido en este país ha sido un genocidio”, afirmó el joven de 20 años en medio del asombro de la concurrencia.

Daniel Ortega no sólo no acató la orden del adolescente sino que justificó la acción de la Policía en las protestas y con ironía le pidió  “la lista de los muertos”. Afirmó que el diálogo sería para “continuar trabajando por la estabilidad y el desarrollo del país”, en medio de los abucheos de los estudiantes y representantes de la sociedad civil, que participan en el diálogo junto con el sector privado.

En la primera sesión del diálogo, el viernes 18 de mayo, se firmó un importante acuerdo: las partes convenían una “tregua” de 48 horas (que finaliza a las 00:00 de mañana lunes), en la cual el canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, se comprometió a retirar a la Policía a sus cuarteles y no utilizar fuerzas de choque contra los manifestantes. El gobierno admitió así, por primera vez y por escrito, que tiene bajo su control grupos paramilitares que operan al margen de la ley.

Si bien el acuerdo permitía a los estudiantes mantenerse atrincherados en tres importantes universidades públicas en Managua, se comprometieron a retirar las barricadas en los alrededores de esos centros. También fueron desmontados el sábado los “tranques” (retenes) en numerosas carreteras del interior que, en apoyo a los universitarios, habían colocado campesinos que se oponen a Ortega por la construcción de un  canal interoceánico que amenaza con expropiarles sus tierras en el sur del país.

Sin embargo, la tregua se rompió la noche del sábado 19, cuando hombres armados atacaron a balazos la Universidad Nacional Agraria (UNA), con un saldo de al menos cuatro estudiantes heridos. No está claro si los atacantes fueron policías o paramilitares, ambos bajo el mando presidencial tal como se aceptó en el documento de la tregua.

Esto “es un serio incumplimiento a lo acordado en el Diálogo Nacional”, protestó el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, uno de los cinco religiosos mediadores en las conversaciones.

Al lugar acudió el  secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao, que visita Nicaragua para documentar las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el último mes, invitado por el gobierno tras insistentes presiones de la sociedad civil.

“Ustedes tienen el derecho de manifestarse y luchar por un país mejor. Cualquier tipo de denuncia e información, acá estamos para monitorear verificar estos hechos”, les dijo Abrao a los jóvenes, sin ocultar su asombro por inesperado ataque a la universitad.

La misión de 11 funcionarios de la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha reunido estos días con las madres de los estudiantes muertos, con jóvenes viudas y abuelos agobiados por la tragedia.

Abrao anunció que la delegación elaborará un informe de su visita  y se lo entregará al secretario general, Luis Almagro, quien según analistas ha mantenido una inexplicable tolerancia frente al gobierno de Ortega. Contrario a su enconado rechazo al venezolano Nicolás Maduro, el uruguayo se ha mostrado incrédulo a las denuncias de fraude  electoral  y de violaciones a la libertad de expresión y movilización reportadas desde 2008 por los opositores nicaragüenses.

La situación es sumamente compleja y peligrosa, admiten analistas políticos que consideran que Ortega no dejará fácilmente el pode y que la población que exige su retiro tampoco abandonará la lucha, que hasta hoy ha sido pacífica.

“Nicaragua sorprendió al mundo en 1979 con la revolución popular más importante de América latina, y ahora está asombrando con otra revolución, esta vez cívica y pacífica”, dijo Julio López Campos, quien fue jefe de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante el primer gobierno de Daniel Ortega.

Sin embargo, advirtió, “el pueblo ha hecho hasta ahora un esfuerzo colosal para enfrentar la represión con piedras, palos y bombas  de contacto (explosivos caseros)”. Según se conoce, miles de armas quedaron en manos de civiles en este país después de la guerra “contra” que finalizó en 1990.

Julio López instó a no descartar la vía del diálogo, ponderó la actuación mesurada del ejército que se ha abstenido de intervenir en la crisis y confió en que continuará en esa posición pues de lo contrario, dijo, “lo que tendremos aquí será una guerra civil de consecuencias impensables”.

Como parte de la disidencia que abandonó el FSLN a  mediados de la década de 1990, López reacciona con dolor al ver quemadas las banderas rojinegras en manos de los jóvenes manifestantes. Y sostiene: “Daniel Ortega también es responsable de estar provocando el entierro del sandinismo” y su eventual desaparición como un emblemático movimiento popular que hizo historia en Nicaragua desde los años 30 del siglo pasado.

 

 

CRONOLOGÍA

Por Gabriela Selser

Esta es una cronología de los principales sucesos:

16 abril: El presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, anuncia la aprobación de una reforma para “garantizar la sostenibilidad financiera” de la entidad estatal, en riesgo de quiebra por un déficit estimado extraoficialmente en 75 millones  de dólares. López aclara que la reforma se aprobó sin llegar a un consenso con la empresa privada.

17 abril: El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, rechaza la reforma y advierte que la decisión unilateral  “rompe el modelo de diálogo y consenso” que los empresarios mantenían con el  Gobierno.

18 abril: Unas 60 personas que hacían un “plantón” en una zona comercial de Managua en rechazo a la reforma del INSS son atacadas con piedras y tubos de hierro por activistas vestidos con emblemas del Gobierno. Entre los heridos figuran 10 periodistas, varios de quienes fueron golpeados y despojados de cámaras y filmadoras. Incidentes similares se registran en las ciudades de León (occidente) y Matagalpa (norte).

19 abril: La Policía disuelve con gases lacrimógenos y balas de goma una protesta de estudiantes frente a la Universidad Nacional Agraria. Se reportan tres muertos (uno de ellos un agente de policía)  y la cifra de heridos asciende a 37. Las  protestas se extienden a 11 ciudades del país y se suspenden las clases en todos los niveles de la educación. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo,  acusa a los universitarios de estar “manipulados” por “minúsculos grupos tóxicos”.

20 abril: Los hechos violentos en Nicaragua reciben el rechazo mundial. El papa Francisco, Amnistía Internacional, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Alemania, España, Estados Unidos, México y Costa Rica piden detener la violencia. A estos países se les suman Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que llaman a “todos los sectores a deponer la confrontación y cesar los actos de fuerza”.

Se contabilizan más de 50 heridos en las protestas. El presidente del Cosep urge instalar un diálogo con el Gobierno y convoca a una “marcha por la paz” para el día 23 de abril.

21 abril: Desconocidos asesinan de un balazo en la cabeza y por la espalda al periodista nicaragüense Ángel Eduardo Gahona, que cubría una protesta en Bluefields (surcaribe). Murillo dice que los muertos por los disturbios son “casi 10” y anuncia que el gobierno está dispuesto a asistir a un diálogo.

22 abril: Ortega anuncia la derogación de la reforma al INSS y confirma su disposición al diálogo e invita a la Conferencia Episcopal a participar, aunque rechaza la posición del Cosep que había exigido el “cese inmediato de la represión”. Grupos vandálicos realizan saqueos en centros comerciales de la capital.

23 abril: Miles de personas participan en la “Caminata por la Paz”, en la mayor movilización no partidista de las últimas décadas. A diferencia de otras manifestaciones, los activistas del Gobierno y la Policía se mantienen alejados de la zona.

24 abril: El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Espiscopal, anuncia que los obispos asistirán al diálogo como “mediadores y testigos”. Ortega responde confirmando su voluntad de dialogar. Los líderes de las protestas estudiantiles, atrincherados en  la sede de la Upoli, exigen la destitución de ocho altos jefes de la Policía, a quienes responsabilizan por la muerte de decenas de jóvenes.

Conocidas figuras de la oposición como el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, y la poeta Gioconda Belli declaran que la única solución a la crisis es la renuncia de Ortega y de Murillo. El ex vicecanciller sandinista, Víctor Hugo Tinoco, propone el retiro de Ortega mediante la renovación del actual tribunal electoral y la convocatoria a elecciones.

25 abril: El recién creado Movimiento 19 de Abril (M19A, formado por estudiantes) anuncia su disposición de asistir a un diálogo con el Gobierno, bajo plenas garantías para su seguridad. Señalan que seguirán manteniendo en pie sus demandas, a las agregan ahora el cese del uso de la fuerza policial, el pago de indemnizaciones a los familiares de  los  fallecidos y la aparición con vida de unos 60 jóvenes desaparecidos.

 26 abril: La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informa que 63 personas murieron en las protestas, en su mayoría jóvenes. La cifra sextuplica el número de muertes informadas por el Gobierno de Nicaragua.

28 abril: Se realiza una segunda gran marcha pacífica en Managua, para pedir paz y justicia, convocada esta vez por la Iglesia católica y a la que asisten millares de capitalinos y de campesinos llegados desde el  sur del país.

28  abril: El Parlamento, dominado por el gobernante Frente Sandinista, crea una Comisión de la Verdad, con integrantes también vinculados al partido oficial, para investigar las muertes ocurridas durante las protestas. Los universitarios rechazan la instancia y exigen la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  de la OEA.

1 mayo: En la primera manifestación de apoyo a su Gobierno, Ortega ofrece “diálogo de paz” y acusa a sus “viejos enemigos” políticos de estar detrás de las protestas.

2 mayo: Grupos paramilitares y policías realizan un ataque nocturno a estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) de Managua, que deja seis jóvenes heridos.

3 mayo: La Conferencia Episcopal anuncia que el diálogo nacional deberá “revisar el sistema político de Nicaragua de raíz”. Los empresarios advierten que la crisis causa pérdidas millonarias al turismo y las exportaciones.

5 mayo: Varias organizaciones de estudiantes anuncian la formación de  la Coalición Universitaria y condicionan su presencia en el diálogo a la llegada de una delegación de la CIDH.

7-9 mayo: Se avivan las protestas sociales contra la Policía en ciudades del interior.

10 mayo: Decenas de miles de personas participan en una tercera marcha pacífica contra el Gobierno, organizada por estudiantes y   la sociedad civil. Surge movimiento de mujeres “Madres de abril” para apoyar a familiares de fallecidos.

11 mayo: El Gobierno se declara “listo” para el diálogo. Por la noche, ataques de paramilitares a dos universidades de Managua dejan un muerto y 11 heridos.

12 mayo: Fuerzas de choque apoyadas por policías antimotines atacan a manifestantes en la ciudad de  Masaya. Los enfrentamientos se saldan  con un muerto y un centenar de heridos.

13 mayo: El Ejército de Nicaragua toma distancia de Ortega y declara que no reprimirá protestas sociales, a la vez que declara su apoyo a un diálogo nacional.

14  mayo: El Gobierno invita formalmente a la CIDH a visitar Nicaragua. La Conferencia  Episcopal convoca para el inicio  del dialogo nacional el 16 de mayo. Reportan enfrentamientos en cuatro ciudades.

16 mayo: Se instala el diálogo nacional. Estudiantes y representantes de la sociedad civil exhortan a Ortega a “ordenar el cese de la represión” y a retirarse del poder. El mandatario justifica la actuación gubernamental.

17 mayo: Llega a Nicaragua una misión de 11 miembros de la CIDH, para revisar la situación de los derechos humanos.