La convocatoria a empresarios y sindicalistas para estabilizar la economía es un paso. Su objetivo: la dinámica de precios y salarios. Lo que urge. No es poco, pero es insuficiente. Para que el esquema trascienda requerirá institucionalidad. El Consejo Económico y Social, una apuesta amplia de mediano y largo plazo. Algunos ejemplos y reflexiones.

Si la razón es el elemento fundante de la modernidad, se diría que la Argentina se comporta como un país premoderno en demasiadas ocasiones. Y no se trata de negar el conflicto. Su centralidad es ineludible. Es el corazón, el núcleo irreductible de la política. La eterna puja entre capital y trabajo. De lo que se trata, al fin y al cabo, es de convivir con el conflicto. De alcanzar consensos mínimos sobre la base de los mejores argumentos a la mano, diría Jürgen Habermas. Argumentos -siguiendo al filósofo alemán- relativos, nunca definitivos, siempre revisables, pero sujetos a la supervisión de un Estado que organiza el diálogo y garantiza que se cumpla lo pactado.

El objetivo, va de suyo, implica una extensa lista actores sociales. También de temas pendientes, como la redefinición de la matriz productiva, la inserción del país en el comercio internacional, la revisión del sistema educativo y el rol del aparto tecnológico y científico, por citar algunos.

Se dirá que no alcanza con la racionalidad. Y es cierto. Arsenio Zalazar y Guillermo Burckwardt (1) subrayan en el último número de Voces en el Fénix un factor muchas veces pasado por alto: los deseos de los ciudadanos. Aspiraciones que se expresan en forma individual y colectiva. Capturar esos deseos deviene, entonces, en una tarea que los autores califican como de “vital importancia” para definir una arquitectura institucional que soporte un pacto social de largo alcance.

“Los poderes políticos y económicos son estructuras que regulan la circulación del deseo de los ciudadanos. Restringiendo o posibilitando”, nos recuerdan Zalazar y Burckwardt. En el mismo número de Voces en el Fénix, Roberto Arias (2) avanza sobre un tema sobre el que volverá esta nota: el acuerdo como requisito para la estabilidad macroeconómica. Condición sine qua non para un desarrollo sostenido. Es sabido que cada crisis consolida niveles estructurales crecientes de pobreza e indigencia. También que los costos se reparten siempre en forma muy desigual. “Por eso es central establecer políticas que tengan como objetivo evitar la recurrencia en la crisis. Este debería ser un objetivo relevante en el acuerdo social”, señala Arias.

¿Y en el corto plazo…?

En el coro plazo, la inflación manda. Encausar la puja salarial es clave. Tanto como abrir un espacio de discusión que permita avanzar en términos de productividad. ¿Tarea imposible? Algunos países lo consiguieron. Por lo pronto, el gobierno puso la cuestión sobre la mesa. La posibilidad de un Consejo Económico y Social es alentadora. Su discusión espera turno en el Congreso, su ámbito natural.

Aunque electo por una amplia mayoría, Alberto Fernández deberá todavía consolidar la heterogénea coalición social que lo llevó al poder. Para eso necesita canalizar intereses contrapuestos de muy diversos sectores; además de sumar al círculo rojo que, aunque deshilachado y en cuarteles de invierno, aboga por el laissez faire como solución para todos los males. Consolidar poder, que le dicen. Primero para avanzar con la renegociación de la deuda. Luego, para hacerla compatible con las medidas redistributivas que reclama la emergencia social. Tercero, para no quedar atrapado en un acuerdo de corto plazo que solo coordine expectativas en torno a precios y salarios.

Que el capital prefiera actuar en forma unilateral no es novedad. La negociación política solo es su opción cuando la crisis arrecia. La acepta a regañadientes. Algo similar sucede con los sindicatos fuertes que negocian paritarias en sectores de alta rentabilidad. Camioneros, aceiteros, bancarios… La lista no es muy extensa. Frente a este escenario, que no tiene ninguna singularidad, es lógico que el gobierno quiera atenuar la puja distributiva hasta tanto cierre el frente de la deuda. Lo dicho: la inflación apremia. La solución, que obviamente no depende solo de las paritarias, no puede sin embargo dejar de lado la negociación entre el capital y el trabajo.

La idea que subyace a la iniciativa del gobierno es que la estabilización inicial se prolongará y permitirá crecer con una inflación razonable solo si se consigue consolidar un modelo de coordinación salarial de mediano y largo plazo. En la coyuntura, se diría que algunos factores juegan a favor. Otros, no tanto, o lo hacen en contra. El resultado dependerá, en última instancia, de un delicado equilibrio entre el uso legítimo de la lapicera presidencial y la capacidad política del gobierno cooptar y arbitrar entre sindicatos y cámaras empresarias.

Un poco de historia

¿Existen ejemplo exitosos de acuerdos sociales amplios? Los hay. No son muchos. Casi todos provienen de la experiencia europea. Los hubo anteriores (3) a los de impronta keynesiana (4). También de los otros, los llamados “productivos” o “defensivos” (5). Los keynesianos dominaron el panorama europeo en los años ‘60 y ‘70, cuando Bretton Woods mostraba sus límites y la crisis del petróleo aceleraba la inflación a nivel mundial. Los sindicatos, en ese contexto, moderaron sus reclamos, el Estado expandió la protección social y las cámaras empresarias impulsaron nuevas prácticas técnicas y profesionales.

Los “productivos” o “defensivos” llegaron después, a mediados de la década del ‘80, y todavía constituyen la hoja de ruta compartida por empresas y sindicatos. Se consolidaron luego de la etapa neoliberal. Fue en la previa a la firma del Tratado de Maastrich y al nacimiento de la Unión Económica Europea. La moneda única exigía convergencia fiscal, monetaria y laboral. Algo imposible de alcanzar sin el visto bueno de los sindicatos.

Si los keynesianos tuvieron mucho de los clásicos acuerdos de precios y salarios, los “productivos” incubaron mecanismos propios de la economía global en su etapa financiera. Se puede afirmar que sirvieron para legitimar la flexibilización laboral y los recortes en el gasto social. Desmontaron buena parte del estado de bienestar. Fueron la consecuencia de sindicatos a la defensiva por el avance de la deslocalización industrial y de las nuevas cadenas globales de valor. Los sindicatos admitieron las nuevas reglas. En algunos casos consiguieron pequeñas ventajas.

Keynesianos y defensivos, sin embargo, coincidieron en la condición de posibilidad: un Estado fuerte que organizó el diálogo. Un factor clave que indujo a que los actores sociales cooperaran y establecieran criterios mínimos.

¿Hacia un modelo propio?

“Los pactos sociales datan de hace poco más de un siglo, cuando emergieron en Europa occidental modelos corporativos, los cuales comenzaron a contemplar como actores necesarios de consenso con el orden político también a los sindicatos y a las empresas. Dichos pactos avanzaron en acuerdos cada vez más amplios, por lo general con la misma base tripartita, a los que se fueron sumando actores de la sociedad civil, desde donde maduraron nuevas formulaciones para las políticas públicas”, señalan Ramón Prades y Fabián Lavallén Ranea en Voces en el Fénix (6). Un camino largo.

Hoy, cuando el neoliberalismo manda a nivel global, los acuerdos keynesianos son cosa del pasado. Tan cierto como que no todas las negociaciones salariales, como divulga la ortodoxia, están reducidas a la negociación por empresa. Algo que sí sucede en Estados Unidos y en el Reino Unido, por poner dos ejemplos. También en los países de América latina que carecen de estructuras sindicales robustas. En la Europa del mercado común, aunque la pérdida de soberanía monetaria y fiscal de los países achicó el campo sindical, la coordinación salarial se mantiene y se concreta mediante esquemas altamente institucionalizados. El más usual: los consejos superiores de coordinación.

Es lo que los especialistas denominan “negociación modelada”. Un mecanismo habitual en los países donde la negociación colectiva por actividad está centralizada. Los alcances de esos acuerdos entre empresarios y sindicatos son monitoreados por el Estado. Es el caso de la Comisión Paritaria de Austria (7). También del Consejo Superior Tripartito de Uruguay (8). La razón del monitoreo es obvia: ninguna negociación salarial deja de impactar en las variables macroeconómicas.

¿La Argentina debería construir un modelo propio? ¿Hay un base…? “La posibilidad de conformar el tipo de Estado requerido para abordar con éxito un proceso de industrialización tardío desde la periferia se encuentra, desde el inicio, lejana”, afirma Nicolás Tereschuk en Voces en el Fénix. La experiencia histórica así lo demuestra. Ni el Consejo Nacional de Posguerra, durante los dos primeros gobiernos peronistas, ni el CONADE, a partir de la década de los ’60, fueron constituidos como instituciones destinadas a centralizar la planificación económica estatal. Cierto, la historia no es muy auspiciosa (9).

¿Por qué fallaron esos intentos? Tereschuk aporta un dato. La falencia en la centralización de atribuciones y capacidades que restó coherencia a los planes diseñados por los organismos dedicados a la planificación. “Planes e instrumentos resultaron en cuestiones casi por completo separadas”, puntualiza el autor. Los instrumentos fueron implementados por agencias gubernamentales sin contacto con los planificadores. En otros casos, los planes solo hacían referencia de manera superficial a las herramientas.

Hoy, sin embargo, la coyuntura ayuda. El rotundo fracaso de la política neoliberal del macrismo y los límites exhibidos por el decenio kirchnerista abren una ventana de oportunidad para el acuerdo. Juega a favor la unidad de criterio exhibida, al menos en los últimos tiempos, por dos interlocutores fundamentales: la CGT y la CTA. Las únicas organizaciones sindicales de tercer grado. Un formato que replica el sector empresarial, aunque con mayor dispersión, lo que explica la escasa capacidad de sus cúpulas para trasladar a las cámaras sectoriales lo que acuerdan.

La decisión del gobierno de impulsar aumentos salariales mediante sumas fijas es producto de los inconvenientes que acarrearía en el actual contexto un incremento porcentual uniforme. Tan riesgoso como dejar liberada la negociación sectorial. Razones hay muchas. Solo dos. La primera: la enorme heterogeneidad del mercado laboral. La segunda: la gran dispersión que exhibe el entramado empresarial en términos de productividad y rentabilidad, incluso hacia el interior de un mismo sector, donde conviven firmas grandes y pequeñas con modernas y atrasadas. Un panorama fragmentado. De allí que muchos especialistas, pensando a futuro, señalen que el país debería encaminarse a un modelo mixto de coordinación que incluya, además de las cúpulas, a las principales cámaras sectoriales y a los sindicatos más relevantes de cada actividad (10).

En poco más dos líneas

Sintetizando: la creación de un Consejo Económico y Social sería un paso clave para trascender lo efímero de un acuerdo que solo fije expectativas en materia de precios y salarios. La negociación modelada facilitaría coordinar la política de ingresos con los lineamientos generales de la política económica general, y ambos frentes con la política del Banco Central. Para ello hará falta involucrar a los partidos con representación legislativa, pero también a los movimientos sociales de la economía popular. Nada de otro mundo: construir una nueva institucionalidad que ritualice prácticas de negociación. Una plataforma para definir, resueltas la inflación y la deuda, políticas productivas que promuevan un crecimiento inclusivo. Nada de flores de papel. Mucho menos un consenso bobalicón. No hay política sin diferencia, pero tampoco pueda haberla en una sociedad donde solo talla el antagonismo.

Notas

(1) https://www.vocesenelfenix.com/content/los-ciudadanos-en-camino-del-deseo-hacia-un-acuerdo-social

(2) https://www.vocesenelfenix.com/content/el-acuerdo-social-y-la-estabilidad-macroecon%C3%B3mica

(3) Es el caso del Acuerdo Tripartito de Saltsjöbaden (1937) que sentó las bases del Estado de bienestar en Suecia. El capital aceptó la hegemonía política de la socialdemocracia y de los sindicatos en la construcción de un modelo corporativista a cambio de la renuncia a promover cualquier tipo de medida que pusiera en peligro la propiedad capitalista y su monopolio en la gestión económica.

(4) El Estado con las cúpulas empresarias y sindicales monitorean la negociación salarial de cada actividad y sus impactos en los sectores fuertes y débiles de la economía. Una “negociación modelada”, al estilo alemán y sueco.

(5) Un caso típico en América latina es el Pacto de Solidaridad de México (1987-1992). Se llevó a cabo en un marco de reformas neoliberales. Incluyó una pauta salarial que ajustaba cada seis meses, aumento de tarifas, devaluación y ajuste monetario. Impensable sin el Partido Revolucionario Institucional y su control sobre los sindicatos.

(6)https://www.vocesenelfenix.com/content/hacia-un-nuevo-pacto-social-la-revalorizaci%C3%B3n-de-la-pol%C3%ADtica-y-el-cuidado-de-la-casa-com%C3%BAn-c

(7) Es un ente creado para discutir la legislación laboral y monitorear paritarias. Un mecanismo eficaz en que participan distintos agentes sociales a través de organismos federales que representan a los gobiernos locales, las cámaras empresarias y al sector sindical. Se basa en lo que se conoce como el sozialpartner (acuerdo de colaboración social). Los acuerdos se toman por amplia mayoría.

(8) El gobierno determina pautas que luego son trasladadas a la negociación de cada sector. El Estado propone intervalos salariales en el marco de un consejo confederal para los sectores de alto, mediano o bajo desempeño. El modelo ayudó a bajar la inflación en un contexto de un menor aumento del salario real y de una política monetaria de metas de inflación razonables.

(9) La historia argentina registra diversos intentos: el Consejo Nacional de Posguerra (1944-1946); el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social (1955); la Mesa de Concertación (1984); la Conferencia Económica y Social (1985); y el Diálogo Social (2001) son algunos. El más conocido: el Acta de Compromiso Nacional impulsada por José Gelbard (1973) que con las firmas de la CGT y la CGE moderó la inflación e incluía el ambicioso programa de planificación conocido como Plan Trienal. Se podría agregar también el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social (1994).

(10) http://www.iade.org.ar/noticias/claves-para-entender-la-necesidad-de-un-pacto-social-en-argentina

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