La explotación del mineral, postulado como una promesa para el desarrollo de Argentina, Bolivia y Chile, conlleva riesgos socioambientales. ¿Es posible su explotación mediante una práctica sustentable? ¿Vale le pena el sacrificio ambiental? Especialistas e investigadores analizaron el dilema en el marco de una jornada organizada por el Conicet.

Existe una ventana de oportunidad relativamente corta para el litio frente a los cambios tecnológicos, la transición energética y la movilidad eléctrica; pero también hay un contexto de conflictividad socioambiental en los territorios que no se puede soslayar”, afirmó Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, durante el seminario “ABC del litio sudamericano, ¿commodity minero o recurso energético estratégico?”.

En la jornada que organizaron el Conicet y la Fundación InnovaT, y de la que participaron referentes de los tres países que componen “el triángulo del litio”, Sánchez advirtió que la pandemia intensificó los problemas estructurales que registra la región: “Se necesitan agudizar las políticas económicas y sectoriales para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación que sea estructural e incorpore mayor valor, tecnología y ciencia”.

Nueve de cada diez países del mundo decrecieron en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el problema es más agudo en América latina. Hacia fin de año, la caída del PBI per cápita se traducirá en un retroceso de diez años. Unas 2 millones 700 mil empresas formales cerraron, el desempleo alcanzaría este año a 44 millones de personas en la región, la pobreza se ubicará en un nivel similar al que registraba hace quince años y la indigencia volverá a los niveles que exhibía tres décadas atrás. En el mejor escenario, la recuperación recién llegará en 2023, aunque los panoramas más desalentadores extienden el plazo por diez años, o incluso más.

La crisis global puede estancar la demanda de litio, que durante la última década aumentó a un tasa promedio del 11 por ciento traccionada principalmente por el uso para la producción de baterías, particularmente en vehículos eléctricos. A esto se suma que los países de la región no ingresan en la cadena de valor agregado del litio. Solo lo extraen y lo exportan como carbonato de litio a los países desarrollados, en especial a China y Japón, donde se realiza el refinamiento electroquímico, se producen las celdas y se fabrican las baterías, además de otras fases más avanzadas de la cadena.

Las baterías son ajenas

Según la Cepal, la Argentina explica el 14 por ciento de la extracción mundial y Chile el 29 por ciento. Australia representa el 50 por ciento. La etapa siguiente de la cadena de valor – la del refinamiento – se hace en un 90 por ciento en China, y el resto en Chile. Los datos agregan que el gigante asiático concentra el 50 por ciento de la producción de celdas, Japón el 20 por ciento y Corea del Sur otro tanto. Por último, la mitad del ensamblado de baterías se concreta en Japón, un 14 por ciento en Corea del Sur y un 20 por ciento en China.

La relevancia del valor agregado es notoria. El carbonato de litio tiene un precio casi tres veces menor al hidróxido de litio, que se logra mediante su procesamiento. “Con subsidios del gobierno japonés, Orocobre y Toyota están construyendo en Japón una planta para obtener hidróxido de litio con el carbonato impuro que extraen en Jujuy a un costo de 3 mil dólares la tonelada, que se eleva a 28 mil dólares una vez procesado”, destacó Ernesto Calvo, director del del Instituto de Química Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía (UBA-Conicet).

La conclusión es obvia: la actividad no genera empleos de calidad, ni valor agregado en la región. Tampoco regalías importantes. “Las instituciones de ciencia y tecnología deberían estar conectadas, pensando en cómo trabajar las otras fases de la cadena y también en cómo coordinar con los otros países que tienen reservas para ver cómo se reparten de manera más complementaria y funcional las oportunidades de desarrollo de las diferentes fases de la cadena del litio. Todo esto teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales y ambientales”, agregó Sánchez.

Fuente: Cepal sobre la base estadística de Australian Mining Equipment, Technology and Services.

Química y mercado

Solo dos de los veinte proyectos de extracción que se distribuyen en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta se encuentran operativos. El Salar de Olaroz, en Jujuy, es operado por la australiana Orocobre, la automotriz Toyota y la nacional Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, lo explota la norteamericana Livent Corp. ¿Por qué no se avanza con otros proyectos? Según Calvo, se debe al tiempo necesario para poner a punto el proceso extractivo. No menos de siete años.

“Hace falta mucha hidrogeología para entender el recurso, la cuenca y la química de cada salar. A veces, se dice que la producción en el país se multiplicará por cinco o diez veces, pero eso es imposible”, dijo el especialista. Una razón: el proceso de evaporación, que es muy lento. Las salmueras son sistemas químicos complejos que dependen de factores ambientales, como la cantidad de lluvia o la relación entre el magnesio y el litio.

Los procesos se deben ajustar a cada salar y cambian totalmente entre uno y otro. “El método evaporítico actual, de cal sodada, lleva casi un año, pierde muchísima agua y tiene baja eficiencia de extracción. No importa el país ni el régimen político, es algo que determina la química”, explicó Calvo. El especialista actualmente trabaja en el desarrollo de un método electroquímico para la extracción sostenible de litio a partir de salmueras. Un desarrollo por el que fue premiado.

“Las leyes del mercado no pueden superar a las de la química. Deben tenerse en cuenta los enormes volúmenes de salmuera involucrados y la baja concentración de litio. Muchas empresas canadienses y australianas desarrollan procesos y los venden a las compañías que quieran operar en nuestra región, pero esos procesos fueron desarrollados a nivel del mar, sin cambios bruscos de temperatura como los que hay en la Puna”, precisó el especialista.

Ingrid Garcés Millas integra el Centro Regional de Educación Ambiental del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos de Chile. Durante su intervención explicó que por cada tonelada de litio que se obtiene se pierden dos millones de litros de agua evaporada. “El consumo de agua fresca en la zona de Atacama es de 764 millones de litros por día, mientras que en una ciudad alemana de 200 mil habitantes es de 27 millones diarios”, comparó Garcés Millas. La especialista investiga sobre minerales industriales y depósitos salinos desde hace más de tres décadas.

Su lectura advierte que en el Salar de Atacama existe “un desequilibrio total” debido al efecto de la extracción de salmuera. “Se ha comprobado la afectación de la diversidad biológica, una situación que impacta en la vida de las comunidades. Los sistemas lagunales, por ejemplo, están prácticamente muertos, sobre todo al sur, y hay una reducción muy grande de flamencos, que mantienen un equilibrio con las cianobacterias, lo que ocasiona una reducción en la cantidad de oxígeno en el agua”, puntualizó.
El bombeo y la evaporación vacían el salar. A su vez, el procesamiento impacta por el consumo de agua dulce necesario para el mismo procesamiento y la disposición final de los precipitados. “El impacto más importante es en el agua. Hay dos indicadores. Uno relacionado con el agua fósil y otro con el ciclo del agua, que es el agua dulce que usan las comunidades”, coincidió Vera Mignaqui, del equipo de vinculación y transferencia tecnológica del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Según las estimaciones del instituto, el consumo de agua para la producción de litio oscilaría entre los 5 y los 10 millones de metros cúbicos por año a partir de 2022. El contraste es notable. Las poblaciones de las cuencas del Salar del Hombre Muerto requerirían entre 6 mil y 70 mil metros cúbicos por año, y las de las cuencas de Cauchari Olaroz entre 23 mil y 240 mil metros cúbicos.

Fuente: Cepal sobre la base estadística de U. S. Geological Survey Mineral Commodity Sumaries.

Minería sin desarrollo

“El discurso hegemónico habla del litio como una gran oportunidad para el desarrollo local, pero la realidad es que en términos de producto e ingresos a nivel país no es tan relevante”, cuestionó Mignaqui. Su mirada destaca el volumen del beneficio neto que se quedan los accionistas que realizan la inversión para desarrollar el emprendimiento extractivo. “Otra parte importante, un treinta por ciento aproximadamente, se explica por impuestos nacionales y coparticipables. Lo que queda para los programas de responsabilidad social corporativa con las comunidades originarias es despreciable”, explicó Mignaqui. Para peor, las regalías provinciales también son muy pequeñas.

La especialista, además, advirtió que muchos informes de las empresas se refieren al desarrollo de proveedores locales, pero que los insumos más importantes – como los reactivos, por ejemplo – son provistos por empresas multinacionales. Si bien la mano de obra que requiere la industria extractiva es relevante, genera pocos puestos de trabajo en región. La mayor parte de los ocupados proviene de otras provincias, o de las grandes ciudades.

Hay otros problemas. La legislación minera promueve el ingreso de las inversiones extranjeras, pero son muy escasas las políticas de vinculación y desarrollo que impliquen un agregado de valor local y la integración con el sistema nacional de innovaciones científicas. “Además, si bien existe un marco regulatorio ambiental, hay poca implementación en cuanto a un manejo integral de las cuencas hídricas. La mayor parte de los datos sobre gestión del agua, monitoreos e indicadores ambientales proviene de las propias empresas”, señaló Mignaqui. En cuanto a las políticas sociales, aunque también existe un marco normativo, su aplicación es dudosa. “Muchas comunidades de la zona están en conflicto por cómo se implementa la consulta previa, libre e informada”, sintetizó Mignaqui.

La investigadora dejó planteadas varias preguntas. “Si la extracción del litio aporta muy poco al desarrollo regional: ¿por qué hacer un sacrificio ambiental si la legislación permitiría controlar correctamente las operaciones?; ¿por qué no garantizar condiciones para el desarrollo regional con planes monitoreados, transparentes y con objetivos claros?; ¿por qué no mejorar la vinculación con el sistema científico nacional?”.

(Agencia TSS-Unsam)

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