Epidemiólogo, cientista político y coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Internacional de CLACSO, Gonzalo Basile habló con TSS-Unsam sobre los efectos de la pandemia en América latina y el Caribe. Una lectura que subraya la dependencia regional y el cogobierno de la agenda mundial de salud entre la industria farmacéutica y los organismos multilaterales, un nudo crítico.

Con más de quince años de experiencia en salud pública, Gonzalo Basile trabajó en programas y estrategias de cooperación internacional en América latina, el Caribe y África. Además, coordinó el mecanismo de cooperación sanitaria de la UNASUR en Haití. Docente de posgrado en distintas instituciones académicas y universidades de la región, a fines del año pasado publicó Enfermos de desarrollo: los eslabones críticos del SARS-CoV-2 para América latina y el Caribe. El artículo señala cuatro factores que determinan las respuestas regionales a la actual emergencia y esboza las potencialidades de refundación de los sistemas sanitarios sobre las bases del pensamiento crítico en salud.

-Su artículo señala el rol central que han adquirido las fundaciones filantrópicas, el complejo industrial farmacéutico, el Banco Mundial (BM), la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la agenda sanitaria global durante las últimas décadas. ¿Qué nos puede decir al respecto?

-El SARS-CoV-2 hizo más visibles las dependencias y debilidades estructurales que tienen los países, sobre todo los del sur global, con relación a lo que se conoce como el complejo médico industrial farmacéutico, al que algunos le agregan lo financiero. Con respecto a la vacuna, por ejemplo, detectamos la necesidad de pensar cómo recolocar un lenguaje que no sea básicamente el que se está usando, sobre dosis, efectividades clínicas, dónde y cómo se compra, quién provee y de qué manera. La idea es repensar la producción pública de medicamentos, tecnologías sanitarias y vacunas en el sur global y en América latina y el Caribe en particular, considerando que las vacunas son un bien público. Es parte de lo que entendemos como la construcción de una soberanía sanitaria regional. No es lo mismo que la Argentina o Brasil se enfrenten solos a discutir la patente de alguna de estas vacunas a que hubiera un consorcio o conglomerado de veinte países latinoamericanos y del Caribe haciéndolo en conjunto.

-Sin embargo, ese debate no se está dando en América Latina.

-Nuestros países están en un contexto de adversidades geopolíticas y dependencia sanitarias que se suman a la mercantilización de la salud que se juega a nivel internacional, adonde la OMS ya no funciona como árbitro de la salud pública. Frente a todas esas adversidades, el principal problema que hemos tenido en el tránsito de esta pandemia es que nos encontró en el momento de mayor desintegración y descoordinación regional. Si se observan las respuestas a las epidemias, o el proceso de vacunación actual, vemos que nuestros Estados se encuentran en un lugar de compradores periféricos dependientes. Cada país por separado intenta conseguir vacunas y desarrolla estrategias de vacunación fragmentadas y descoordinadas. Por eso planteamos que una de las necesidades, en el corto o mediano plazo, es pensar cómo reconstruir los entramados de integración regional en salud, partiendo de los aprendizajes de algunos procesos que ya hemos tenido y de organismos de integración que ya existen en la región.

-¿La OMS ya no funciona como árbitro porque, como se ha cuestionado desde el inicio de esta pandemia, ha perdido poder y le falta financiamiento?

-Hay quienes consideran que se trata de una pérdida de poder. Sin embargo, creo que hay una complementariedad. Desde fines de los ochenta y, sobre todo en los noventa, cuando aparece el concepto de salud global, hay una convergencia y complementariedad en la toma de decisiones entre OMS, OMC y BM. La OMS y los organismos sanitarios sectoriales se quedan, entre comillas, con las funciones esenciales de salud pública y el BM con las políticas y procesos de reforma a los sistemas de salud. Un tercer aspecto es que hay coordinación y complementariedad entre estos actores con el planteamiento de las patentes y el tratado de los ADPIC [1] establecidos por la OMC. Son ámbitos y espacios diplomáticos que han quedado colonizados por las tecnocracias y diplomacias sanitarias. La industria farmacéutica y las corporaciones internacionales de salud cogobiernan la agenda mundial de salud. Ese es el principal nudo crítico.

-Para recuperar soberanía, aunque sea temporalmente, India y Sudáfrica propusieron ante la OMC suspender la propiedad intelectual sobre vacunas, medicamentos y otras tecnologías médicas vinculadas al Covid-19, al menos mientras dure la pandemia. Los países más poderosos e incluso algunos de la región lo rechazaron y el debate se sigue postergando…

-Por eso es que el mecanismo COVAX se está apurando por hacer entregas. Para evitar que haya ruptura de patentes en el proceso de adquisición y distribución. La discusión derivada de la urgencia y la bioseguridad logró que no haya ningún planteo para rediscutir si la vacuna es un bien público o no. Hay que tener en cuenta que COVAX es un mecanismo de la OMS asociado a la alianza GAVI [2]. Ese fondo mundial de vacunas está financiado en un sesenta por ciento por la propia industria farmacéutica y es coordinado por la CEPI [3] un organismo que se creó en 2016 dentro del Foro Mundial de Davos y en el que también participan fundaciones como la de Bill y Melinda Gates, además de fondos de la industria farmacéutica.

-Dentro del mismo COVAX hay países que pagan por las vacunas, como la Argentina y la mayoría de la región. ¿Postergar el debate también implica que se sigan vendiendo más dosis de vacunas?

-Si esta discusión se diera en junio, durante la próxima reunión del Consejo General de la OMC, y hubiera alguna resolución, o si China pusiera alguna de sus vacunas a disposición para producir equivalencias, la decisión sería poco efectiva para algunos países que ya compraron millones de dosis, como lo hicieron muchos de América latina y el Caribe. No es lo mismo para India u oriente, adonde sí sería una decisión estratégica. Pero, para nosotros, junio o julio sería tarde. Ya hoy es un poco tarde porque la mayoría de nuestros países tienen contratos con las grandes farmacéuticas.

-Hasta hubo presiones para cambiar legislaciones nacionales para poder establecer esos contratos…

-Ese es un punto importante por el precedente que deja. Lamentablemente, nuestros gobiernos han adaptado muy rápidamente el discurso del excepcionalismo que se construye en esta lógica de la seguridad sanitaria global. Según esa idea, hay cuestiones que permiten tomar medidas excepcionales y poner excepciones a los derechos civiles y políticos. El problema es cuando ese excepcionalismo se transforma en una forma de responder a epidemias o desastres.

-¿Este excepcionalismo es algo novedoso?

-No. Ocurrió con las legislaciones sobre el accionar de las fuerzas militares occidentales en respuesta al Ébola, en África. El problema es que todos esos antecedentes, que se venían dando de forma fragmentada y que solo eran conocidos por investigadores, tomadores de decisión y personas vinculadas a la salud pública o internacional, ahora se dieron todos juntos y en un mismo momento.

-¿Es similar a la especulaciones farmacéuticas que también tienen precedentes en epidemias como el mismo Ébola o la gripe H1N1?

-Y sí. Es difícil decirlo en este contexto, pero hay que tener cuidado con cuestionar solo a los movimientos antivacunas sin estudiar la estrategia de medicalización y mercantilización de la industria farmacéutica global que ha creado la idea de la pastilla mágica, la creencia de que para todo problema y patología hay un fármaco que lo va a resolver, o una estrategia medicamentosa tecnológica, con todo lo que eso presupone.

-Pero con las vacunas es diferente…

-Bueno, la estrategia de mercantilización y comercialización de las vacunas nunca fue en términos de bienes privados individuales, como son los fármacos, por ejemplo. La estrategia en materia de vacunas es lograr que estas se transformen en obligatorias dentro de los calendarios de vacunación nacionales porque los principales compradores siempre serán los Estados, no las personas. Por eso, la industria coloniza el GAVI y la OMS, porque esos son los grandes organismos que proveen vacunas, o discuten cuáles pueden ser obligatorias o de provisión estratégica para los países.

-Sin embargo, las vacunas han logrado erradicar enfermedades en muchos países.

-Sí, pero que hay que distinguir lo que ha sido el ciclo de vacunas de las enfermedades infecciosas del siglo veinte, que tuvo algún tipo de efectividad histórica en el contexto sanitario latinoamericano y caribeño, del ciclo de expansión y comercialización de vacunas del siglo veintiuno, al que hay que entender en el contexto de la expansión de estos bienes privados globales y de mercado farmacéutico. El filantrocapitalismo tiene una capacidad de perennización muy importante.

-¿A qué se refiere con filantrocapitalismo?

-El concepto de filantrocapitalismo lo creó un editor de la revista The Economist. Describe cómo en la filantropía internacional también hay tomas de decisiones para maximizar el lucro y la ganancia. Más allá de la vacuna para el SARS-CoC-2, ante un problema de inmunizaciones por determinadas patologías en el calendario de vacunación de Mozambique o algún país africano, por ejemplo, llega el fondo mundial de vacunas con la OMS y dialoga con el ministro de salud de ese país sobre cómo mejorar la cobertura de vacunación. Entonces, la GAVI ofrece las vacunas y aparece alguna agencia de cooperación internacional que brinda el financiamiento. Sin embargo, en alguna letra chica se le hace firmar al país que la totalidad de esas vacunas se las van a comprar a un laboratorio en particular, el que ellos determinen.

-Volviendo a las vacunas, las del SARS-CoV-2 en particular han generado dudas o temores incluso en personas que defienden la vacunación frente a otras enfermedades.

-El SARS-CoV-2 es una nueva cepa de los SARS anteriores. Luego aparecieron mutaciones, y la acumulación de mutaciones hace variantes como las británicas, la de Brasil, la de Sudáfrica… Obviamente, esto abre un interrogante sobre la efectividad, cuántas van a ser efectivas a largo plazo y por cuánto tiempo va a perdurar la inmunidad. Otro interrogante se relaciona con la farmacovigilancia; es decir con el monitoreo de los posibles efectos adversos cuando se la aplica poblacionalmente. Es la primera vez que una vacuna se ha investigado y desarrollado en tiempo record. Un tercer interrogante es si esa inmunogenicidad tiene fecha de caducidad, si pierden efectividad frente a posibles variantes, o si puede pasar a que se transformen en una vacuna global obligatoria. Hay que pensarlo en términos de mercado: las vacunas de gripes e influenzas requieren entre seiscientas y mil millones de dosis al año. Las de este SARS saltarían a una escala de entre tres o cuatro mil millones por año.

-¿Qué alternativas sugiere para pensar una salida a esta dependencia sanitaria?

-No hay fórmulas mágicas. Hay que afrontar procesos transicionales. Frente a todas estas adversidades geopolíticas, de economía global y de colonización que el complejo médico industrial farmacéutico ha tenido sobre la agenda global, para la agenda latinoamericana y caribeña lo principal es reconstruir tejidos públicos de autonomía y soberanía sanitaria. Básicamente desde la academia, las sociedades y los Estados. Hay que construir o reconstruir un conjunto de capacidades y conocimientos. En esa estrategia de construir tejidos de integración y coordinación regional, el concepto de soberanía sanitaria implica maximizar las capacidades de decisión en contextos geopolíticos adversos como los de hoy. Esa capacidad de maximización de decisión es regional. No la van a ganar ningún Estados en por sí solo.

 

Notas

[1] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Es el Anexo 1C del convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, firmado en 1994. Establece los principios básicos sobre la propiedad intelectual tendientes a “armonizar” las legislaciones nacionales de los países firmantes.

[2] The Vaccine Alliance. Se creó en 2000 como sucesora de la Iniciativa de Vacunas Infantiles lanzada en 1990. Es una asociación mundial con sede en Ginebra (Suiza) entre el sector público y el privado con sede en Ginebra. Reúne gobiernos, a la Organización Mundial de la Salud, al Banco Mundial, a la industria farmacéutica y a las agencias técnicas y de investigación, además de fundaciones y filántropos privados.

[3] Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Es una fundación que recibe donaciones de organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil para financiar proyectos de investigación para desarrollar vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes calificadas como prioritarias por la Organización Mundial de la Salud. Se concibió en 2015 y se lanzó formalmente en 2016 en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Fue cofundado y cofinanciado por la Fundación Bill y Melinda Gates, The Wellcome Trust y un consorcio de naciones, como Noruega, Japón, la Unión Europea y Gran Bretaña. Tiene su sede en Oslo (Noruega).

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