El resultado fiscal del primer semestre refleja el sobreesfuerzo oficial ante los reclamos del FMI. De cara a los exigentes vencimientos de la segunda mitad del año, el gobierno apuesta a renovarlos en parte con el programa “Creadores de Mercado”, que acordó Martín Guzmán en Venecia con el organismo. El objetivo: minimizar la emisión y financiar el gasto con la colocación de deuda en la plaza local.

El crédito que otorgó el Fondo Monetario a Cambiemos tuvo una finalidad inmediata: que Mauricio Macri no perdiera las elecciones. ¿La mediata? Condicionar al país para en el largo plazo terminar de subordinar su economía al capital financiero. Por eso, antes que nada, es preciso tener en claro que el problema central no pasa por una reducción de la tasa de interés. Tampoco por un plazo de cuatro o cinco años de gracias para el pago del capital. Ni siquiera discurre por la posibilidad que el FMI acepte – cosa que ya anticipó que no hará – un acuerdo de reestructuración que incluye un plan a diez, quince o veinte años de plazo.

Lo central es investigar el destino de los 32 mil 200 millones de Derechos Especiales de Giro – unos 45 mil 400 millones de dólares – que le otorgaron a Cambiemos y que fugó en su totalidad. Esa deuda, que no observó el FMI, pasó en parte a engrosar el capital que los argentinos ricos tienen en el exterior y que, sin embargo, se pretende que pague el conjunto de la sociedad.

¿No se debería exigir en el acuerdo a firmar que el FMI, como corresponsable de la fuga, que brinde su apoyo para diferenciar la deuda legítima de la ilegítima y que, además, colabore en encontrar los fondos fugados? La exigencia, además, debería estar acompañada por un condicionamiento: de no hacerse en un plazo prudencial – antes de que el país comience a pagar el capital de la deuda -, el incumplimiento del FMI debería dejar a la Argentina librada de la obligación de pagar hasta que esté finalizada la investigación [1].

Hacerlo no sería complejo. Hay datos fehacientes de quienes compraron, en qué fecha y porqué monto, como consta en los registros de los bancos públicos y privados que adquirieron esos dólares al Banco Central para sí y para sus grandes clientes. De no investigarse, en el mejor de los casos, se reprogramarán los vencimiento del capital adeudado para que los empiece a pagar el próximo gobierno. Unos 50 mil millones de dólares entre capital e intereses a razón de 10 mil millones por año. Suma a la que se deben agregar los 100 mil millones de vencimientos ya reprogramados con los grandes fondos de inversión.

Si bien Alberto Fernández le ordenó al BCRA en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de 2020 que investigara la fuga y la entidad respondió con su estudio “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” – donde se detalla que casi siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86 mil 200 millones de dólares y los cien primeros lo hicieron por 24 mil 700 millones -, nunca se informó en forma oficial quiénes son esos cien primeros compradores [2].

Más allá de las metas

El acuerdo con el FMI no está firmado, pero ya está vigente. En medio de la segunda ola del Covid, el gobierno avanzó con un fuerte ajuste en las cuentas públicas para reducir el déficit fiscal más allá de las metas presupuestadas. El resultado del primer semestre: un déficit primario del 0,5 por ciento del PIB y uno total – luego del pago de intereses – equivalente al 1,3 por ciento del PIB. Para conseguirlo contrajo en términos reales las jubilaciones y pensiones (9,6% a/a), los salarios públicos (5% a/a) y los gastos totales (9,7% a/a), pero también las erogaciones destinadas a la emergencia sanitaria, que fueron inferiores a las concretadas en el primer semestre del año pasado. Incluso se desfinanció el sistema previsional. El motivo: compensó a las empresas afectadas por la pandemia con una reducción de las contribuciones patronales.

En el acuerdo implícito con el FMI, el Tesoro se financiará mínimamente con emisión monetaria, posibilidad negada por el organismo a los países dependientes, pero no a la Unión Europea y Estados Unidos. El grueso del financiamiento se concretará mediante la colocación de títulos públicos en la plaza local, un factor cada vez más importante del gasto público. Apenas una revisión. Para cubrir el déficit fiscal se efectuaron en el primer semestre tres licitaciones de títulos que lograron captar financiamiento por 402 mil 511 millones de pesos. El 78,3 por ciento del déficit total del período, que fue de 514 mil millones, un 1,3 por ciento del PIB [3].

“Creadores de mercado”

El ajuste del gasto no solo perjudica a jubilados y trabajadores estatales. El menor gasto público real o primario implica también un menor nivel de actividad en un contexto en el que las empresas son reticentes a invertir y prefieren prestarle al Estado sin correr riesgo alguno. Para sostener la reducción del déficit fiscal y mantener el financiamiento por parte de los inversores locales, evitando así la necesidad de una mayor asistencia del Banco Central con la emisión de pesos, el Gobierno lanzará en agosto el programa “Creadores de Mercado”.

La iniciativa cuenta con la asistencia técnica del FMI y busca a grandes rasgos establecer un sistema de liquidez adicional para un puñado de títulos públicos en pesos que coloca la Secretaría de Finanzas. El esquema implicará obligaciones e incentivos para los grandes bancos y los Agentes de Liquidación y Compensación que participarán del programa. El objetivo es que garanticen una “ventanilla” de oferta y demanda permanentes. Se supone que al participar activamente en las colocaciones primarias del Tesoro mantendrán en el mercado secundario posturas de compra y venta darán certidumbre a los precios e incrementarán la liquidez de los títulos.

En teoría, los sectores medios dejarán de reñir para comprar dólares mediante las distintas alternativas – blue, turista, CCL, dólar bolsa, etc. – ante la opción de ganar prestándole al Tesoro, el que les asegura un pago ajustado por el Coeficiente de Estabillización de Referencia (CER) o bien mediante títulos que ajustan por el tipo de cambio oficial – dollar linked -. Las entidades que busquen participar deberán estar registradas ante Comisión Nacional de Valores (CNV) y en el Central de Registro y Liquidación de Instrumentos (CryL), además de contar con equipos de venta especializados en títulos públicos bajo legislación local.

El objetivo central

El programa lo discutió Martín Guzmán en Venecia con el FMI. En realidad no es nuevo. Una versión muy parecida estuvo a punto de ser lanzada por Cambiemos en 2019, pero se frustró cuando Hernán Lacunza defaulteó la deuda en pesos. El esquema está pensado para conseguir renovar en el segundo semestre los vencimientos de deuda de los títulos colocados en la plaza local: unos 800 mil millones de pesos. El BCRA, en este esquema, asistiría al Tesoro para cubrir 900 mil millones de un déficit fiscal que la Secretaría de Hacienda prevé en 1,3 billones. De conseguirse, la asistencia del BCRA al Tesoro rondaría los 2,9 puntos del PIB; y no del 3,5 por ciento como estaba previsto en el Presupuesto 2021.

Para que el andamiaje se ponga en marcha, los grandes inversores exigieron el visto bueno del FMI, el verdadero y único garante del reclamo central: que el Gobierno continúe reduciendo el gasto público y que parte del déficit lo financien los sectores medios. Los beneficiados de esta nueva transferencia de deuda al conjunto de la sociedad, tienen nombres. El principal: Blackrock. El fondo de inversión que dirige Larry Fink tiene participación en Telefónica y Pampa Energía – dos empresas que compraron dólares que fugaron del país -, y en los bancos Galicia, Macro, Santander-Río y BBVA. También en YPF [4], Central Puerto, Loma Negra, IRSA, Tenaris, Mercado Libre, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro. Tenencias que se suman a los títulos de deuda pública en cartera por unos 3 mil millones de dólares.

Se sabe. El FMI es el brazo financiero del capital financiero global. Detrás del organismo están Blackrock, pero también otros viejos conocidos del país, como ADM, Bunge, Cargill, Glencore y Louis Dreyfus. Las grandes acopiadoras y comercializadoras de granos que tienen sus garras sobre nuestro Río Paraná.

 

Notas

[1] La carta orgánica del FMI señala en el Artículo 6to. Inciso a) que “salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo”.

[2] La nota “Los 100 de Macri” (El Cohete a la Luna, 24 de mayo de 2020) reveló que el listado está encabezado por dos sociedades en las BlackRock mantiene participación: Telefónica Argentina (compró 1.248 millones de dólares) y Pampa Energía (adquirió 903,8 millones). Entre otras empresas, la nota consigna a Clarín, Techint, Arcor, Aceitera General Deheza y FIAT. Ninguna pagó impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron.

[3] Son Letras y Bonos del Tesoro de la Nación (como los LEDES1 y LEPASE2), mientras que las LECER se ajustan Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se basa en el IPC del Indec más un plus de tasa.

[4] La presencia de BlackRock en YPF es polémica. Poseé 9,77 millones de acciones, que equivalen al 5,67% de los papeles en circulación en los mercados de capitales de Buenos Aires y Nueva York. Es el segundo inversor institucional privado, luego del fondo mutualista Wellington. Ambos ingresaron cuando el gobierno de Néstor Kirchner abrió a fines de 2007 el capital de la empresa para el ingreso del Grupo Petersen.