La alianza gobernante enfrenta un crucial problema financiero y cambiario: el ingreso por Inversión Extranjera Directa recién reaccionó en la segunda parte del año pasado, y depende cada vez más de los préstamos financieros, que constituyen el mecanismo de subordinación al orden internacional. (Foto de portada: Claudia Conteris).

Transcurridos más de dos años del gobierno de Cambiemos queda claro que no se va a producir la “lluvia de inversiones”, ni que tampoco se mantuvo la política social del gobierno anterior y menos que menos, la defensa del mercado interno y del trabajo nacional, como se había prometido en la campaña presidencial de Macri.

Lo que se observa y se percibe es una incesante degradación del empleo y de su remuneración, claramente plasmado en que como reconoce el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en enero de 2018, la baja de la producción fabril acumulada desde el recambio de gobierno en 2015 arrojó una retracción de 67.940 puestos formales en el total del sector,  básicamente por la caída en el nivel de actividad de la industria con mano de obra intensiva (textiles, confecciones, calzado, gráficos, marroquinería, etc.), todos sectores ligados al mercado interno.  Paralelamente se incrementó el trabajo informal y los monotributistas en la construcción y los servicios (comercio, logística, mantenimiento, transporte, etc.), con lo que logran compensar la disminución de fuentes de trabajo pero con una remuneración y con derechos laborales muy menor.

El salario real promedio (y las jubilaciones y pensiones de todo tipo) que habían caído fuertemente en el año 2016 por la devaluación de nuestra moneda y la suba de las tarifas energéticas y del transporte, lograron cierta recuperación ante la política electoral del gobierno de Cambiemos del año 2017 (de retrasar el tipo de cambio), que no bien lograron ganar las elecciones de medio termino, licuó con la nueva suba de tarifas y devaluación de diciembre de 2017, y que patéticamente se presenta en que las paritarias del corriente año 2018, tardan en autorizarse y todas tiene el tope del 15%,  en dos o tres cuotas, mientras que la tasa de interés de corte de referencia del BCRA es del 27,25% anual y la tasa de interés de los préstamos personales promedió en el mes de marzo de 2018, fue del 40,1%.  A los trabajadores incremento en cuotas por un total del 15%, a los rentistas 27,25% de interés y si quieren financiar un gasto tasa del 40%.

Esto es, el ajuste de shock lo realizaron no bien asumieron, luego continuaron con un ajuste gradual, que corrigieron a fines del año 2017 (después de las elecciones en que “flexibilizaron” el ajuste), con el mismo fin, reducir el costo laboral e incrementar el precio de los mercados cautivos como son el de la producción y comercialización de aluminio, acero, cemento, petroquímica, automóviles, medicamentos, aceite, harina, yerba, azúcar, leche y sus derivados, luz, gas, combustible, etc. conformando una nueva estructura de precios con un alto “colchón” (margen de ganancia) que mantienen durante la gestión de “Cambiemos” y que es la razón por la que apoyan a este gobierno.

Para “mejorarle” la tasa de ganancia al 5% de la población más favorecida (en torno a los dos millones de personas), el gobierno no trepidó en eliminar las retenciones (derechos de exportación) y disminuir la de la soja, a la par que redujo sensiblemente la alícuota del impuesto a los Bienes Personales (que es el impuesto nacional al patrimonio, cuando las provincias recaudan menos del 1% de  sus ingresos con el impuesto a la tierra), obviamente que la disminución de la recaudación genera un persistente déficit fiscal que hace que se deban endeudar por U$s 35.000 millones por año,  para financiar básicamente gastos corrientes y una parte para la obra pública.

Esto es tan así, que la Universidad de Belgrano sostiene que un tercio del gasto corriente (que es el 93% del presupuesto de la Administración Nacional) se genera por el pago de los intereses de la deuda, de manera tal que el gobierno reduce el gasto primario (gasto en salud, educación, asistencia social, pagos previsionales, etc., reduce los subsidios al transporte y a la energía) pero el déficit sigue siendo del 5,5% del PIB (Los U$s 35.000 millones de dólares que se endeudan para financiarlo), porque lo que ajustan en el gasto, lo pagan de más en los intereses de la deuda.

También es creciente el déficit comercial porque se importan productos que nosotros producimos, básicamente bienes de consumo (alimentos, incluido por ejemplo peras y manzanas de Chile; calzado; indumentarias; heladeras; lavarropas; televisores; etc.), automóviles y otro tipo de vehículos automotor, celulares, etc. con lo que significó y significa, además de ser una competencia desigual con lo que se produce en el país. A la vez, incluso agravado por la “sequía”, el ingreso de divisas depende de las 750 empresas (muchas de ellas conforman holding) que generan el 90% de las ventas externas del país, ningún gobierno tuvo un déficit comercial de la magnitud y de la composición que tiene el macrismo y solo a los dos años de asumir. Ni Martínez de Hoz, ni Sourouille, ni Cavallo derraparon tan rápido, solamente amparados por tomar deuda externa que “disimula” la situación de déficit gemelos totalmente desproporcionados e impagables y lo que es peor, la tendencia es que se profundiza en este año 2018, porque no hay ninguna medida, ninguna política, ningún proyecto que mejore realmente la situación de las cuentas fiscales y comercial del país.

Si hay una política deliberada a favor de los grandes grupos económicos concentrados en el sector financiero, en la comercialización de granos, en la cadena energética, en las comunicaciones, y en los enclaves industriales de insumos básicos (acero, aluminio, minerales no metálicos – cemento y vidrio, ciertas metalmecánicas –piezas y herramientas-, etc.) y la protección de la industria y comercialización automotriz.

En ese marco y con esos objetivos, el gobierno de Cambiemos enfrenta un crucial problema financiero y cambiario: El ingreso por Inversión Extranjera Directa recién reaccionó en la segunda parte del año pasado, y se depende cada vez más de los Préstamos Financieros, que a su vez, dicha deuda juega un rol clave porque es el mecanismo de subordinación al acreedor (de allí que cuando no se puedan pagar los intereses va a aparecer el acuerdo con el FMI).

Debe aclararse que, el sector privado y las provincias (estas últimas lo van a tener que realizar en forma creciente por el ahogo financiero ante la menor actividad de las economías regionales) se endeudan, pero el mayor tomador de crédito es el Estado Nacional. Como sus pagos lo hace en pesos (contratistas, licitaciones, trabajadores, déficit, etc.), debe cambiar la deuda en dólares por pesos con el BCRA, al tipo de cambio “comprador” oficial (al 11 de abril de 2018 a $ 20.-).  Esos dólares a su vez, el BCRA como banco de bancos, se lo vende (al tipo de cambio oficial “vendedor” de $ 20,50) a los grandes bancos (y detrás de ello a los grandes operadores), como resultado queda la deuda en dólares al Estado argentino (y con ello a toda la población) sin saber cuál va a ser el valor de la divisa cuando la misma se tenga que pagar, y los dólares lo adquieren (y lo fugan) las familias más ricas de este país, que no tienen ningún límite de compra y de giro para realizarlo.  El sostenido ingreso por deuda pública acelera fuertemente la salida por formación de activos externos (fuga de capitales) e incrementa la deuda.

Según el Informe Monetario de marzo 2018 del BCRA, las reservas internacionales suman U$S 61.756 millones (en marzo el BCRA debió vender U$s 2.040 millones para frenar el valor del dólar), pero solo aproximadamente el 45% es de libre disponibilidad (incluido el crédito que el Kirchnerismo consiguió de la República Popular China que sigue contabilizado en las reservas), el resto son encajes en dólares percibido por los depósitos que captan los bancos.  El stock de LEBAC (Letras del BCRA) según el mismo Informe Monetario del BCRA del mes de marzo 2018, asciende a $ 1.253.510 millones, que al tipo de cambio de $ 20,50 son el equivalente a U$s 61.147 millones (suma igual a las Reservas Internacionales formales, pero más del doble que las reservas internacionales reales del BCRA), por lo que el BCRA tiene deudas por el doble del valor de sus reservas.

La pregunta obligada es si la tasa de interés que paga el BCRA en pesos es del 27,25% (conformada en la licitación del martes 10 de abril 2018) y en dólares del 5,5% anual, conformando el costo de oportunidad de la inversión, entonces cuales son los sectores que permiten un margen de ganancia mayor.

Los sectores de punta del macrismo

Obviamente son los sectores más concentrados, los que se consideran los dueños de este país, sin que signifique orden de importancia pero si de presentación:

En primer lugar el sector financiero, no solamente los bancos (Galicia, Macro, Santander Río, HSBC, Deutsche Bank, etc.) que obtuvieron importantes ganancias operativas, sino por su condición de colocadores de títulos de deuda argentino en el mercado local e internacional y su situación privilegiada en la compra y venta de divisas.

En segundo lugar los grandes acopiadores y comercializadores de granos, como la empresa china COFCO que compró Nidera SA, también Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Cerval, Cargill y Louis Dreyfus, quienes controlan la mayor parte del comercio internacional de cereales y granos, y tienen gran influencia sobre la determinación de los precios internacionales de los alimentos. El resto debe subordinarse en mayor o menor medida a ellos, por ejemplo el grupo Grobocopatel,  que sumado a la sequía y al nivel de endeudamiento que tienen (donde juega un rol confiscador del capital las altas tasas de interés que deben pagar), hace que presentaran sus balances en marzo de 2018, con resultado negativo.

En tercer lugar las empresas energéticas, que han fijado y fijan precios sin restricción alguna, como es el caso de las empresas cuyo principal accionista es Marcelo Mindlin: Pampa Energía, grupo dueño de Edenor, Transener -la mayor transportadora eléctrica- y TGS Transportadora Gas del Sur -la segunda transportadora de gas-.  Mindlin también es dueño de Iecsa, una de las empresas que formó parte del grupo Macri, vendida por Franco a su sobrino a Ángelo Calcaterra, y que, a su vez, este vendió a Mindlin a comienzos del año 2017 cuando se realizaba la investigación del Corredor Verde asociada al grupo Odebrech de Brasil.

Transportadora Gas del Norte –TGN, de Techint y del grupo Eurnekían;  Camuzzi Gas  Pampeana de la italiana Camuzzi; Distribuidora de Gas Cuyana de la familia Miguens Bemberg y en la que fue socio Nicolás “Niki” Caputo;  Gas Natural Ban (de la española Gas Natural Fenosa);  la italiana  ENEL controlante de Generación Costanera; Central Puerto empresa que tiene como accionistas a Escasany-Bemberg del grupo Galicia y a Nicolás “Niki” Caputo.

Shell que amplió su negocio a la importación de gas licuado de petróleo; Pan American Energy y Axion Energy del Pan American Energy Group de la asociación de la empresa petrolera china CNOOC y la familia  Bulgheroni; la petrolera Capsa – Capex de la familia Götz que amplía su negocio a la generación de energía eólica.

En cuarto término las mineras como la Barrick , compañías como Goldcorp, Cerro Cazador, Mariana Argentina S.A., Alumbrera, Santa Cruz, Don Nicolás, Orocobre Ltd., Pan American Silver, Aguilar y Patagonia Gold.

En quinto orden, las empresas de comunicaciones, la asociación entre el grupo Clarín (a través de su controlada Cablevisión) y Telecom (con la participación del mexicano David Martínez),  las empresas de telefonía móvil,  etc.

En sexto lugar las cementeras y la construcción, empresas como la suiza Holcim (Cementera Minetti), Loma Negra (comprada por el  Grupo Camargo Correa de Brasil), Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), Cementera Avellaneda (del grupo español Cementos Molins y de la brasileña Votorantim) y constructoras como Benito Roggio, la española Dycasa, Cartellone, Rovella Carranza, y la Constructora Caputo, que  se vendió a TGLT, perteneciente a Federico Weill (Grupo Adeco Agro y  de Creaurbán SA, empresa de la familia Macri), que fueron beneficiadas por la fuerte obra pública desde la segunda parte del año 2017, por la Nación, la provincia de Buenos Aires y el GCABA.

Séptima, las automotrices, protegidas por todos los gobiernos a través de aranceles, devolución de impuestos (draw back), etc. con Macri se les redujeron los impuestos internos, se les facilitaron todos los trámites y controles, no se les multa por contaminación, se generan infraestructura para la utilización del vehículo, no se cumple con los cupos con Brasil, etc., el único límite es el precio del combustible (por ser sus distribuidores otro de los sectores más beneficiados).

Foto.Claudia Conteris.

Y por último en la presentación, pero tan importante como los nombrados anteriormente, la producción de bienes de uso difundido como el acero y los caños sin costuras del grupo Techint (de los Rocca) que dirigen las empresas Tenaris, Ternium, y otras compañías que operan en ingeniería, construcción, y el sector energético, en el país y con filiales en el mundo (como la TenarisBayCity en Houston –EEUU con una inversión de U$s 1.800 millones y una capacidad anual de producción de 600.000 toneladas de tubos sin costura, generando aproximadamente 600 puestos de trabajo).La producción de Aluminio por Aluar (del grupo Aluar-Fate de la familia Madanes Quintanilla), y las petroquímicas como las norteamericanas Unión Carbide Argentina y Exxon Chemical, y las argentinas Bridas (de la familia Bulgheroni), PASA e Indupa, quienes reciben el efecto multiplicador de la mayor demanda de obra pública y de la industria automotriz y de maquinarias agrícolas fundamentalmente.

Dos modelos

El modelo kirchnerista alentaba al mercado interno a la par que buscaba la integración regional (Mercosur, Unasur, Celac), por ende dada la importancia del consumo (aproximadamente el destino del 75% de lo que se producía) garantizaba el rol del trabajador como productor y como demandante de lo que se producía.  El modelo de Cambiemos es de subordinación al mercado internacional,  el trabajo es visto esencialmente como un costo, de allí que mientras se determinan tasas de interés de mercados con un piso de 27,25% para marzo y abril de 2018, se permiten incrementos de precios de los bienes y servicios más concentrados, de las tarifas energéticas, del combustible, etc.  el salario no puede crecer más de un 15% (y en escala), porque el objetivo es reducir el costo salarial y flexibilizar las normas de trabajo (proyecto de ley que tienen en gatera ante la movilización popular de rechazo a la otra reforma, la previsional), pero que no tardarán en reflotar.

Para cambiemos el modelo es México donde existe la subcontratación y tercerización del empleo,  se limita el pago de salarios caídos a 1 año más el pago de interés del 2 por ciento mensual sobre el importe de 15 meses de salario;  se permite el despido de un trabajador por la queja de clientes o proveedores del patrón o empresario;  se legaliza el trabajo “multihabilidades” sin el pago complementario que implica realizar otras funciones; etc.  Donde el salario mínimo apena supera los U$s 100.- por mes y la hora hombre promedio del peón industrial es de 6 dólares, suma que incluso es menor que en la República Popular China, que cuenta con otra infraestructura y con otras políticas sociales con respecto a sus trabajadores, cuando México no tiene ninguna. En fin, el gobierno de Cambiemos avanza en forma sinuosa, con frenos y arranques, hacia una sociedad más dual, una minoritaria que se integra al mundo, y una amplia mayoría que se ve obligada a una economía de subsistencia que nunca es digna.

Esta en esa amplia mayoría no dejar que eso suceda, por nosotros y por el futuro de las generaciones que vienen.