La pelea por la tierra sumó un nuevo episodio de represión y detenciones. Esta vez la Policía atacó a miembros de la Comunidad Diaguita Kalchakí La Aguada, en Salta que disputa tierras con la Bodega Puna.

Seis hombres adultos y un adolescente, miembros de la Comunidad Diaguita Kalchaki La Aguada, en Cachi, fueron detenidos y liberados en el transcurso del día, en el marco de un conflicto por la tierra con la Bodega Puna, de propiedad de Javier Montero.

Como suele pasar en la lucha por tierras, la Policía reprimió a los diaguitas y los grandes medios de comunicación (como El Tribuno) salieron rápidamente a avalar esta actuación, hablando de intento de usurpación de los comuneros en tierras del finquero.

Las detenciones se concretaron a eso de las 8 de la mañana de ayer. Un grupo de policías irrumpió en la ocupación que la Comunidad realizaba sobre la ruta en reclamo del cese de la irrupción en su territorio. Ya el 14 de enero pasado la Comunidad, representada por la autoridad Nemesio Fabián, había denunciado la intromisión en su territorio, que se siguió concretando sin que la justicia tomara medidas.

En la presentación del 14 de enero la Comunidad recordó que este territorio fue sometido al relevamiento territorial previsto por la ley 26160, y se emitió la resolución Nº 755 del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. “Denunciamos a Guillermo Morales por turbación de la posesión e impedimento del uso tradicional del territorio comunitario y a Miguel Guitián por daños a la propiedad comunitaria en flagrante violación al derecho constitucional consagrado en el artículo 75 inciso 17”, sostuvo la Comunidad.

El 14 de enero, a eso de las 8.30, cuando miembros de la Comunidad estaban plantando postes y tirando alambre en su territorio, a 11 kilómetros de Cachi, Morales intentó detener estas tareas y amenazó “con pasar ‘una máquina’ por sobre el trabajo realizado”. Más tarde, alrededor de las 10, se presentó Guitián, “desde la finca Puna” y comenzó a cortar alambres comunitarios con herramientas facilitadas por Guillermo Morales. De esto fueron testigos los comuneros que estaban trabajando: Teófilo Casimiro, Martín Humana, Néstor Casimiro, Rubén Díaz y Nemesio Fabián, quien hizo la denuncia penal en Cachi. Sin embargo, el pasado 28 de enero hubo otra intromisión en el territorio comunitario con una máquina, a pesar de que se había dictado una medida de no innovar por cinco días, contó a Vove el comunero Miguel Plaza.

Foto: Cicen.

Plaza dijo que estas acciones los empujaron a realizar una protesta, para exigir que la Justicia ponga fin a la turbación de su territorio. Esta vez sí hubo respuesta del Estado y la Policía detuvo a siete personas, entre ellas un menor de edad, y los trasladó a la Comisaría de Payogasta, a unos 30 kilómetros del lugar de conflicto, con lo que puso en práctica una incomunicación de hecho de los detenidos, entre quienes estaban Nemesio Fabián y Ulises Yanes, comunicador comunitario de FM Ambrosio Casimiro y que fue director de Pueblos Originarios del municipio de Cachi hasta la visita de Mauricio Macri a esa localidad, en mayo del año pasado.

Entonces el Presidente no tuvo la mejor de las recepciones, muchos productores disconformes lo recibieron con protestas, entre ellos miembros de la Comunidad La Aguada, que integra Ulises Yanes. En Cachi se afirma que tras esta protesta hubo un pedido directo de Macri al intendente Américo Liendro para que pidiera la renuncia de Yanes.

La Bodega Puna es de propiedad de Javier Montero y su mujer María Carla Morizzio. En declaraciones a Radio Nacional Salta Montero afirmó que tiene título de propiedad “perfecto”, que adquirió la finca en 2011, de 25 hectáreas y media, aunque reconoció que hay una parte del playón que se usa para el secado de pimentón sobre el que tiene la posesión de 7 mil metros cuadrados, no el título. Añadió que compró las tierras a una mujer que tuvo la propiedad por más de 50 años, y destacó que “hasta el día de la fecha” no tuvo problemas con los vecinos.

En Cachi Bodega Puna comparte espacio con la Comunidad Diaguita, en el paraje La Aguada. Hasta estos hechos convivían en “relativa paz”, al decir de un testigo presencial de esa convivencia.

Ahora la Comunidad denunció públicamente que en realidad la familia Montero apareció “hace un par de años con millonarios recursos del Estado en territorio comunitario”, después de que éste fuera relevado de acuerdo a la ley 26160. En un comunicado la Comunidad sostuvo que Bodega Puna acapara la zona de riego, la obra comunitaria de agua de red, “quitando fuentes de trabajo… Y ahora intentando avanzar con la zona sin riego (de viviendas, secado, corrales, pastoreo y sitios sagrados)”.

El operativo policial montado para reprimir a los manifestantes fue filmado y fotografiado por comuneros. En algunas fotos se puede ver a un inspector supervisor identificado por el apellido Corimayo y al “comisario Suárez” en el momento en el que atacan a los manifestantes con piedras y picanas.