El 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina. El reclamo central sigue siendo la tierra para producir y vivir. El 1% de las explotaciones agropecuarias concentra el 36% de la tierra. Gobiernos volcados al extractivismo, la inflación de alimentos que marca récord y las alternativas más allá de las elecciones y los partidos políticos.

Pasó un nuevo 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. En Argentina hubo marchas y conmemoraciones en un contexto muy negativo: casi todas las organizaciones apoyaron al actual Gobierno, que —a poco de finalizar el mandato y a pesar de las promesas— no tomó ninguna medida importante para el sector. Todo lo contrario: la alianza peronista gobernante se abrazó al agronegocio (y al extractivismo), le dio un dólar especial a las empresas de la agroindustria, olvidó la “mesa del hambre” y, paradójicamente, los alimentos son cada vez más inaccesibles: acumulan una inflación del 106,6 por ciento.

“Argentina produce alimentos para 400 millones de personas”, es el eslogan que repiten desde hace más de una década funcionarios y candidatos de distintos colores, empresas del agronegocio y sus medios de comunicación.

Desde el sector campesino, indígena, cooperativo, asambleas socioambientales y los académicos críticos responden: Argentina, con el modelo agroindustrial —exportar enormes cantidades de commodities (para chanchos y aves de Asia y Europa)— no produce alimentos para las mesas de Argentina.

Los últimos datos oficiales muestran una escalada del precio de los alimentos: 9,3 por ciento solo en marzo. La leche y los lácteos estuvieron en el 9 por ciento, carne en el 11 y frutas y verduras en el 14 por ciento, solo en un mes.

Fotografías: Argeo Ameztoy

Promesas para unos, medidas históricas para otros

El último Censo Agropecuario confirmó la tendencia de concentración de mucha tierra en pocas manos. El uno por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones agropecuarias (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

El presidente Alberto Fernández recibió en febrero de 2021 a la Mesa Agroalimentaria (UTT, Fecofe y MNCI-ST). Prometió apoyo al sector y el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra (eje central de la lucha campesina). Nada de eso sucedió y el proyecto perdió estado parlamentario por tercera vez. Una de las impulsoras en el Congreso era Cecilia Moreau, actual presidenta de la Cámara de Diputados. Desde que ocupa ese espacio, en agosto pasado, no retomó el proyecto de tierras para el sector campesino.

En un acto público, el 2 junio pasado, el Presidente anunció la reglamentación de la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014. Prometió que se destinarían 100 millones de dólares.

La ley fue aprobada en diciembre de 2014. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner no la reglamentó (ni otorgó el presupuesto de, entonces, 1500 millones de pesos). Mauricio Macri, en sus cuatro años de gobierno, ni la mencionó.

A ocho meses de finalizar su mandato, Alberto Fernández sigue sin reglamentar la reparación histórica para las familias campesinas. El Movimiento Evita, organización paraestatal al frente del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) mira para otro lado.

El peronismo actual sí se animó a nombrar como Jefe de Asesores de Presidencia al gerente general de una multinacional del agronegocio (Antonio Aracre, de Syngenta). Y también se animó a algo que nadie antes había hecho: aprobó el primer trigo transgénico del mundo, que ya está en las mesas argentinas. La empresa Bioceres-Indear confirmó que ya se mezcla en 25 molinos. De este modo, las familias argentinas funcionan como ratones de laboratorio alimentándose con un transgénico nunca antes utilizado, sin estudios públicos de sus efectos y, además, que va acompañado con el agrotóxico glufosinato de amonio.

Cientos de organizaciones y más de mil científicos de Argentina se expresaron en rechazo al trigo transgénico. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en un carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Ni Mauricio Macri se había animado a tanta política al servicio del agronegocio.

Caminar distinto o repetir la historia

En una serie de entrevistas a organizaciones campesinas las voces son coincidentes respecto a las demandas: acceso a la tierra, infraestructura rural, cadenas cortas de comercialización, presupuesto. En definitiva, políticas públicas concretas y sostenidas para el sector. Al mismo tiempo, la mayoría de las organizaciones, en un año electoral, llamarían a votar a un candidato peronista. Incluso varias de ellas esperan el regreso de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a la Casa Rosada. Un argumento central, como desde hace décadas, es el “miedo a la derecha”, hermano mellizo del conocido “votar al mal menor”.

Otro 17 de abril. Y las familias campesinas e indígenas seguirán con su trabajo en la tierra, produciendo alimentos sanos y resistiendo a las estocadas del extractivismo y sus partidos políticos aliados.

La crisis social y económica invita a pensar más allá del escenario electoral. Raúl Zibechi aporta un elemento para salir del círculo vicioso de elegir (y padecer) al menos malo: “Las alternativas al capitalismo no nacen ni en las instituciones estatales ni en el centro del escenario político sino, como toda creación cultural y política, en los márgenes, lejos de las relaciones sociales hegemónicas y de los reflectores mediáticos. Es creación y lucha: se resiste y se lucha para no morir; se crean los mundos nuevos para no repetir lo viejo”.

FUENTE: https://agenciatierraviva.com.ar/